Indignación entre los franceses sometidos a arresto domiciliario tras el 13-N
Entre los más de 260 sometidos a arresto domiciliario en Francia, como parte del estado de emergencia instaurado tras los atentados de París, algunos no entienden por qué se les impone tal medida y la consideran abusiva e injustificada.
Karim (cuyo nombre se ha modificado para preservar su anonimato) dice vivir una “pesadilla” desde que los gendarmes le notificaron su arresto domiciliario. Según la decisión de las autoridades, se le reprocha ser “muy radical” y “haberse felicitado públicamente” por los atentados de enero contra el semanario Charlie Hebdo, una policía y un supermercado judío.
Karim, de 37 años y padre de dos niños, recuerda haberse quedado “petrificado” cuando vio los láseres de las armas de los gendarmes apuntando a las paredes de su habitación. “No podía moverme; recuerdo haberle dicho a mi mujer: ‘¡Me van a matar!'”, cuenta todavía impresionado.
Y es que Karim, instalado en el gran salón de su casa, en la periferia de París, no entiende lo que se le echa en cara. “Para mí, un radical no le da besos a las mujeres, no tiene televisión en su casa, le impide a su mujer que se vaya sola de vacaciones, no celebra Navidad o Halloween y además pasa de la vida”, cuenta Karim, que es también muy aficionado a los coches.
“Nos acusan de ser unos terroristas, ¡es muy grave!”, dice enfadada su mujer, de 33 años. En su armario no hay velo ni niqab, pero sí varios bikinis. En la habitación puede verse una foto de los dos de vacaciones, en bañador y rodeados de amigos, disfrutando de unas aguas turquesas. “Eso era el año pasado en Tailandia”, cuentan.
“Hemos luchado para tener lo que tenemos, trabajamos, y ahora se nos echan encima. ¿Por qué? Porque somos musulmanes, pero no vamos a escondernos porque seamos musulmanes”, dice ella con lágrimas en los ojos.
“Es delirante”, abunda su abogado Yassine Yakouti, preocupado de que su cliente pueda perder su trabajo. “La decisión de las autoridades no tiene ningún apoyo”, sostiene.
Su cliente, “desconocido de los servicios de policía y de la justicia”, nunca ha estado en detención provisional, y en julio se le renovó su autorización para trabajar en un aeropuerto parisino.
¿Denuncia calumniosa? ¿Envidia? ¿Homonimia? Los interesados aseguran que no entienden nada.
El Gobierno, por su lado, no deja de invocar la necesidad de “luchar sin piedad contra el terrorismo y contra todas las amenazas al orden público” tras los atentados yihadistas del 13 de noviembre, que dejaron al menos 130 muertos en la capital.
La abogada Daphné Pugliesi cuenta también “el caso grotesco” de una pareja que informó a la Subdirección Terrorista (Sdat) de la partida de varios allegados a Siria.
Tras facilitar la información, los servicios antiterroristas les pidieron “mantener el contacto”, para cooperar. A pesar de seguir las consignas, el marido se ha visto bajo arresto domiciliario, precisamente por tener contactos en Siria.
“Han hecho lo que se les ha pedido y ahora se lo echan en cara”, dice Pugliesi indignada. La abogada, que va a presentar un recurso contra la medida, espera que la justicia sea más selectiva a la hora de imponer estos arrestos domiciliarios, que a menudo conllevan la obligación de presentarse en comisaría varias veces al día.
“Cuidado con entrar en el juego de los terroristas”, advierte la abogada. “Su objetivo es meternos en un Estado que ya no sea un Estado de derecho, que nuestra sociedad se vuelva liberticida”.
