La Eurocámara aprobó este jueves un marco europeo de control de inversiones extranjeras en la Unión Europea (UE), que busca responder a las incertidumbres de los grandes países sobre las adquisiciones, principalmente chinas, en sectores estratégicos.

Este texto, de alcance limitado y adoptado en un momento de preocupación por las actividades del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, busca reforzar la cooperación entre países, con el apoyo de la Comisión Europea, cuando inversores de terceros países se interesan por empresas europeas sensibles.

"Por supuesto, esta legislación es totalmente neutra y no discrimina, pero a nadie se le escapa (...) que hay una cuestión en torno a China", aseguró el miércoles la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.

Francia y Alemania reclamaban esta legislación para mejor controlar determinadas operaciones, preocupados por ver cómo grupos extranjeros, especialmente chinos, adquirían a un precio más bajo y a su juicio de manera injusta conocimientos y tecnologías clave al comprar sus empresas.

En 2016, Alemania y la UE sólo pudieron constatar, impotentes, la transferencia de tecnologías "made in Germany" durante la compra del fabricante alemán de robots industriales Kuka por parte del gigante chino de electrodomésticos Midea por 4.600 millones de euros.

El ponente del texto en la Eurocámara, Franck Proust (PPE, derecha), celebró que "con este instrumento, Europa podrá protegerse mejor". "La adquisición de infraestructuras, tecnologías o intereses estratégicos se convierte en un objetivo político", explicó.

La inteligencia artificial, la robótica, las nanotecnologías, las telecomunicaciones o las tierras agrícolas forman parte de los sectores que pueden verse afectados por este nuevo reglamento europeo.

Concretamente, los países deberán proporcionar, bajo determinadas condiciones, información sobre una inversión extranjera en sus territorios a sus socios de la UE, "si afectan al orden o la seguridad pública".

Los países de la UE, así como la Comisión, podrán dar su opinión sobre esta inversión, incluso si "la decisión final corresponderá a las capitales", explicó Malmström el miércoles.

Bajo la presión del presidente francés, Emmanuel Macron, y pese a las reticencias de varios países, la Comisión Europea había presentado esta propuesta en septiembre de 2017.

Trece países europeos se han dotado ya de un dispositivo de control de inversiones a nivel nacional que les permite oponerse a una operación problemática.