AI denuncia más ataques contra defensores de DDHH en China para «aplastar la disidencia»
Pekín, 24 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles en su informe anual la detención arbitraria en China de defensores de los derechos humanos, a los que se atacó «sistemáticamente» en 2023 «en un esfuerzo por aplastar la disidencia y reducir el espacio de la sociedad civil». Asimismo, la oenegé revela que la situación de los derechos humanos en la región de Xinjiang sigue siendo «grave», ya que que las autoridades mantienen la persecución a minorías musulmanas en esa provincia. «Expertos de la ONU expresaron de nuevo su preocupación por programas del Gobierno que llevan a la destrucción de lenguas y culturas de grupos étnicos, entre ellos también el tibetano», recoge AI en su reporte. La organización también destaca la opacidad y «persistente falta de transparencia» del régimen comunista en 2023 por las «repentinas desapariciones» de los exministros de Exteriores y de Defensa, Qin Gang y Li Shangfu, quienes fueron destituidos sin ninguna explicación oficial y sin que se les haya vuelto a ver en público. Asimismo, AI denuncia que las autoridades chinas «siguieron restringiendo gravemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica», aplicando leyes «de forma abusiva» a menudo con el pretexto de preservar la seguridad nacional. También asevera que la autoridad reguladora del ciberespacio chino impuso «limitaciones aún mayores» a los usuarios de redes sociales que han hecho temer la pérdida al derecho a la privacidad. «Continuó también la persecución de periodistas, entre otras razones debido a tensiones geopolíticas. Se puso fin a la presencia formal de medios de comunicación de India en China», indica AI. Ataques contra abogados, periodistas y oenegés AI subraya que, en 2023, el Gobierno chino «continuó atacando sistemáticamente a defensores de los derechos humanos» en «un esfuerzo por aplastar la disidencia y reducir el espacio de la sociedad civil». «A lo largo del año fueron procesadas por cargos relacionados con la seguridad nacional numerosas personas, entre ellas abogados, intelectuales, periodistas, activistas y personal de ONG», con «largas penas de prisión a activistas». La oenegé menciona al jurista Xu Zhiyong y al abogado de derechos humanos Ding Jiaxi, declarados culpables de «subversión del poder estatal» en 2022 y condenados en abril del año pasado a 14 y 12 años de prisión, respectivamente. Otro caso sonado fue el del abogado de derechos humanos Chang Weiping, condenado a tres años y medio de cárcel por difundir información sobre las torturas que afirmó haber sufrido durante su detención en 2020. También recoge cómo en abril de 2023 la Policía detuvo al abogado de derechos humanos Yu Wensheng y a su esposa, Xu Yan, cuando se dirigían a una reunión con diplomáticos en la delegación de la Unión Europea en Pekín. Presión contra el colectivo LGTBI Otra de las denuncias de AI es la presión que ejerce el Gobierno chino contra el colectivo LGBTI, evidenciada con el cierre el año pasado del Centro LGBT de Pekín, una de las mayores y más antiguas organizaciones de apoyo y defensa de ese colectivo. También se prohibieron, sin explicaciones, las cuentas de varios grupos LGBTI, entre ellos Hermandad Trans China, el Centro Lésbico de Pekín y la filial de Trueself en Pekín. Por otra parte, en 2023 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), un órgano de expertos independientes, expresó su preocupación por los informes sobre intimidación, acoso y violencia sexual y de género contra defensoras de los derechos humanos en China. AI recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU consideró preocupante «la falta de seguridad y el acoso generalizado en el lugar de trabajo», en particular «el acoso sexual a mujeres, así como los insuficientes mecanismos de inspección laboral para investigar las denuncias». La pena de muerte, sin cifras oficiales Respecto a la pena de muerte, AI denuncia que la información sobre su aplicación en China es «limitada» y que «las cifras sobre el número de condenas y ejecuciones siguen clasificadas como secreto de Estado». Al margen, AI muestra en su informe anual su temor a la reforma a la Ley de Contraespionaje por su posible uso contra defensores de los derechos humanos o a la creciente represión de la disidencia en el extranjero. Según la organización, ha aumentado la presión ejercida por las autoridades chinas «sobre otros países para que repatriaran por la fuerza a personas de nacionalidad china que, de ser devueltas, corren peligro de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos». EFE jco/lcl/cg
