AI pide a España que se mantenga firme en rechazo a externalizar control de la migración
Marta Borrás
Bruselas, 13 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) confía en que, conforme la Unión Europea (UE) endurece sus políticas migratorias y se normalizan ideas antes descartadas como los centros de deportación en el extranjero, España se mantenga firme en su rechazo a externalizar el control de la migración y no subestime su impacto en la política comunitaria.
En una entrevista con EFE, la responsable de Amnistía Internacional Europa en temas de Migración y Asilo, Olivia Sundberg, habla de las «preocupaciones» que plantean las últimas propuestas de la Comisión Europea en el ámbito de la migración, en particular el nuevo Reglamento de Retornos, así como la revisión del concepto de país seguro y una nueva lista de países considerados seguros, que «avanzan una política de externalización».
España, admite Sundberg, mantiene una posición diferente de la mayoría de Estados miembros pese a ser uno de los que más migrantes recibe.
«España es uno de los países que ha tenido una posición más garantista de los derechos en las negociaciones. Esperamos que siga así», dice la misma experta, que opina que existe el «riesgo» de que el país «sienta que está muy solo y subestime el impacto que puede tener».
En ese contexto, subraya que «España es un país muy importante cuando se habla de política migratoria europea. Es uno de los países que más personas reciben en la frontera sur así que la posición de España importa y ahora se respeta mucho también en materia de política exterior».
Centros de repatriación
El nuevo Reglamento de Retornos ofrece la posibilidad de crear centros de deportación en terceros países para migrantes que hayan recibido una orden de devolución.
El objetivo de los centros, explica Sundberg, es «incrementar los países de retorno, crear la posibilidad por primera vez en la ley europea de expulsar a las personas sin su consentimiento a países donde no tengan ningún vínculo previo. Donde quizás nunca hayan estado antes, donde no tengan ni familia, ni hablan el idioma».
En la práctica, supone que personas que anteriormente hubieran recibido protección como refugiados, ahora se les rechazaría por el único motivo de que haya otro país que les pueda aceptar.
Mientras hace años se rechazaban inmediatamente como ilegales u no factibles, desde el 2018 «ha habido muchos cambios de gobiernos y ha cambiado mucho la retórica política en Europa».
Entre los que están empezando cambiar citó a Irlanda, que ha pasado recientemente a «estar abierta a explorar la posibilidad de crear centros de devolución fuera de Europa».
Sin embargo España siempre ha dicho que le preocupa porque «va a ser muy difícil garantizar los derechos» en los centros de deportación, un análisis que AI «comparte totalmente», que tacha estas iniciativas de «ineficaces», así como «inhumanas» y «crueles».
«Viendo ya la cooperación que existe entre la UE y países como Túnez, Egipto o Libia vemos que esos mecanismos de monitoreo siempre faltan» indicó.
También coincide con España en el impacto que estos centros pueden tener en la cooperación internacional y en las relaciones diplomáticas con terceros países, al ser algo «muy centrado en disuadir a las personas en que llegan a Europa» y en la «dependencia» que va a crear con países que después podrían explotar esa «vulnerabilidad».
Mecanismo de solidaridad
La experta de la organización en política migratoria europea augura, por otra parte, dificultades para poner en práctica el «mecanismo de solidaridad» previsto en el Pacto Migratorio para repartir entre los países las cargas derivadas de la llegada de solicitantes de asilo a la UE.
En los próximos días, Bruselas presentará la lista de países de la UE que sufren más «presión migratoria», a partir de datos como el número de llegadas de migrantes irregulares y el tamaño del país. A continuación, los Estados miembros empezarán a debatir cuántos están dispuestos a reubicar en su territorio, el apoyo financiero que podrían aportar o si van a dar asistencia operativa o técnica.
«Viendo ahora cómo en muchos países en el norte de Europa hay mucha resistencia, no hay apetito de reubicar a solicitantes de asilo, no hay apetito de contribuir (…) será sobre todo de manera financiera o intentando invertir en infraestructura en frontera, por ejemplo en centros de detención o en centros para procedimientos de asilo fronterizos», opina la misma experta.
Añade que lo que preocupa a la organización «es que el proceso de solidaridad vaya a tener poco apoyo político en ciertos gobiernos» y asegura que no saben «cómo se resolverá eso si los países no llegan fácilmente a un acuerdo sobre este nuevo sistema». EFE
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