Condena de Comité de ONU a Ecuador abre camino a despenalizar el aborto, dicen defensoras

Guayaquil (Ecuador), 20 ene (EFE).- La condena que este lunes recibió Ecuador por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU por vulnerar los derechos de una niña de 13 años que fue obligada a llevar a término su embarazo producto de una violación abre el camino a la despenalización total del aborto en el país, según dijeron a EFE las organizaciones que acompañan legalmente a la víctima.

El Comité se pronunció sobre este caso y dos similares ocurridos en Nicaragua, también fallados en favor de las denunciantes, y señaló que obligar a niñas víctimas de violación a sufrir embarazos «es un acto que equivale a tortura», en palabras de la integrante del comité Hélène Tigroudja.

El caso de Norma (pseudónimo para proteger su identidad) llegó al Comité en 2019 de la mano del movimiento regional ‘Son niñas, no madres’, quienes pidieron un pronunciamiento después de que no fuera adecuadamente investigado en Ecuador.

Norma quedó embarazada por el incesto perpetrado por su padre, quien anteriormente había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades.

Sin embargo, no pudo acceder a un aborto terapéutico porque, aunque es legal, «es casi imposible en la práctica», denunció el comité. Debido a ello, Norma tuvo que dar a luz y, «mal informada sobre las opciones de adopción», se vio obligada a criarlo «en la pobreza y sin acceso a la educación».

Acceso al aborto sin obstáculos

La coordinadora de litigio estratégico de la organización Surkuna y abogada de Norma, Ana Vera, dijo a EFE que, en su decisión, el Comité señaló que el Estado ecuatoriano «tiene que tomar todas las medidas posibles para garantizar, sin ningún obstáculo, el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres al aborto en casos de violación».

«Esto para nosotras es un mensaje claro de que es fundamental eliminar el delito de aborto del código penal porque no hay otra forma», señaló.

En Ecuador, la interrupción del embarazo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, cuando la gestación fue producto de una violación. Sin embargo, en este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acceder al procedimiento hasta las 12 semanas.

«No basta únicamente con que sea legal, tiene que haber acceso efectivo y eso no existe», dijo Vera, quien denunció que en los hospitales «no saben qué hacer ni cómo actuar» ante las solicitudes de aborto, y que además hay una «obstrucción del acceso al aborto por violación» por parte del sistema de Justicia.

«La principal barrera es que el aborto sigue estando tipificado como un delito, entonces el acceso a un servicio de salud tan esencial como es la interrupción voluntaria del embarazo queda sujeto a esta dualidad», señaló la directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, Carmen Martínez.

«Por un lado es un delito, y por otro lado es un servicio que tiene que estar garantizado, por lo que nunca se sabe si realmente las sobrevivientes de violencia sexual, como le pasó a Norma, van a poder acceder», agregó Martínez.

Medidas de reparación

Las defensoras afirmaron que el Comité de la ONU dio a Ecuador 180 días para presentar avances en la ejecución de las recomendaciones y en el cumplimiento de las medidas de reparación a Norma, entre las que están las disculpas públicas, una indemnización, acompañamiento psicosocial y que ella y su hijo puedan terminar sus estudios.

La directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, Marianny Sánchez, añadió que lo valioso de este fallo es que el Comité reconoce que «una maternidad forzada es una violación al derecho a la vida digna y a la interrupción de los proyectos de vida que tienen las niñas y las mujeres».

«Es un estándar muy importante que va a ampliar el entendimiento del derecho a la vida en la jurisprudencia internacional», señaló.

Ana Vera dijo que Norma está muy conmovida con la decisión del Comité y que espera que con esta sentencia «pueda aportar para que otras niñas y mujeres no tengan que vivir lo que ella vivió y para que puedan tener justicia y reparación». EFE

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