Congreso de Perú aprueba acusar a suspendida fiscal general de prevaricato y otros delitos
Lima, 3 dic (EFE).- El pleno del Congreso de Perú aprobó este miércoles una acusación constitucional contra la suspendida fiscal general Delia Espinoza para ser procesada por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y falsedad genérica, por haber impulsado investigaciones contra altos funcionarios, a pesar de que el Parlamento entregó esa función a la Policía Nacional.
Con la aprobación de la resolución legislativa que ordena a la formación de la causa penal, la acusación constitucional contra Espinoza será remitida a la Fiscalía de la Nación para que continúe con el proceso penal, indicó el Congreso en su cuenta de la red social X.
Minutos antes, el pleno parlamentario había rechazado, por no llegar a los votos requeridos, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años contra Espinoza, a pesar de que la funcionaria tiene una orden judicial a favor de su reposición como Fiscal de la Nación que no ha sido atendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Durante su defensa en la sesión plenaria, Espinoza dijo que si la inhabilitaban iba a continuar en su lucha por retomar el cargo.
«Manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha», expresó la suspendida fiscal ante los legisladores.
Agregó que el Legislativo estaba «más cómodo» con un fiscal interino, que «ha prometido que no va a ser excesivo», que ahora «no está denunciando a nadie y no está abriendo nuevas investigaciones».
Espinoza fue acusada por el Congreso de haber seguido haciendo investigaciones preliminares contra altos funcionarios del Estado, como la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) y sus entonces ministros, a pesar de una ley aprobada por el Parlamento que le otorgaba esa facultad a la Policía Nacional.
La suspendida fiscal ejerció ese cargo desde noviembre del año pasado hasta septiembre último y está en medio de un conflicto con las máximas autoridades del Ministerio Público para retomar el cargo, lo cual refleja la crisis que ha atravesado esta institución en los últimos años desde la suspensión de la ex fiscal general Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente encabezar una mafia corrupta en esa entidad. EFE
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