Drogas y usurpación de tierras afectan a las comunidades amazónicas más vulnerables al cambio climático
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Drogas y usurpación de tierras afectan a las comunidades amazónicas más vulnerables al cambio climático
En el contexto de la COP30 —la primera conferencia climática de la ONU celebrada en la Amazonía—, las comunidades indígenas, cuyos esfuerzos por preservar la selva son clave para las soluciones climáticas, enfrentan nuevas amenazas violentas mientras un plan de carbono de la ONU lucha por consolidarse.
En la Reserva Comunal Amarakaeri, la primera zona indígena de Perú coadministrada, la amenaza más inmediata para la Amazonía no es el calentamiento global, sino el narcotráfico. Pocos en esta comunidad de 220 personas hablan abiertamente sobre las dificultades que enfrentan para evitar que se talen valiosos bosques, pese a que hace más de una década se introdujo un programa de compensación de carbono de la ONU en la zona.
«Tenemos miedo de manifestarnos públicamente contra lo ilegal que ocurre aquí, porque nos amenazan», dice Silvia*, miembro de la comunidad indígena Harakmbut que pidió mantener el anonimato. Habla en susurros sobre los grupos que arrasan la selva para producir coca, supuestamente procedentes del centro de narcotráfico peruano conocido como Vraem, y sobre la criminalidad y violencia que ha seguido. Perú es el segundo mayor productor mundial de cocaína, elaborada a partir de hojas de coca, después de Colombia.
Más temprano ese mismo día, un pequeño avión registrado en Bolivia sobrevoló la comunidad, el último de una serie de vuelos informales que los residentes creen vinculados al narcotráfico. Señalan que los traficantes han abierto múltiples pistas clandestinas en medio de la selva.
El año pasado, dos guardianes del bosque de comunidades étnicas de la reserva fueron disparados tras recibir amenazas de muerte de sicarios, según reveló un informeEnlace externo reciente. Forman parte de los 27 líderes indígenas asesinados en conflictos por drogas o tierras en la región desde 2020.
«Ahora es muy peligroso caminar solo. Solo nos podemos mover en grupos de dos o tres para estar seguro», dice Silvia*. Ella, como otros, teme encontrarse con colonos ilegales cuando caza o busca provisiones en el bosque.
Las actividades ilegales dominan
Esa nunca fue la idea cuando, a principios de la década de 2010, la ONU lanzó REDD+, un programa destinado a financiar la reducción de la deforestación en países en desarrollo. También fue un precursor de los mecanismos de compensación de carbono en los que Suiza ha confiado ampliamente para cumplir sus objetivos climáticos y que otros países también están adoptando. Pero REDD+ en esta zona de la Amazonía a menudo se ha visto atrapado en la burocracia y, hasta ahora, no ha logrado generar ingresos sostenibles para la población local, mientras que la tierra cae en manos del narcotráfico.
Muchas comunidades indígenas fueron escépticas del plan desde el principio, que prometía a países en desarrollo como Perú compensaciones por preservar los bosques mediante asistencia financiera y técnica. No obstante, en medio de una larga historia de desconfianza entre el gobierno y los grupos indígenas, las comunidades temían que los acuerdos pudieran derivar en apropiaciones de tierras con fines empresariales y restricciones al acceso a sus territorios.
Hoy, en otras partes de la reserva Amarakaeri, la minería ilegal de oro, la construcción de carreteras y la tala ilegal han provocado deforestación, mientras que la actividad del narcotráfico se ha intensificado. Según un estudioEnlace externo de 2024 realizado por un grupo de monitoreo de la Amazonía, casi 20.000 hectáreas de bosque —aproximadamente el doble del tamaño de París— se han perdido por actividades ilegales en lo que va de siglo.
Más información (en inglés): El desafío de Suiza frente al oro procedente de la minería ilegalEnlace externo
La preservación de los bosques y la financiación fueron temas centrales en la política climática discutida en la COP30 en Belém, Brasil. Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que reciben poco reconocimiento y casi ningún apoyo económico por sus esfuerzos para mantener una de las áreas más cruciales del mundo para la gestión de emisiones de carbono
Dudas sobre los esquemas de créditos de carbono
En 2002, tras una lucha de 18 años de las comunidades locales por el reconocimiento de sus tierras ancestrales y una mayor participación en la gobernanza, el gobierno peruano estableció la reserva Amarakaeri, un área protegida que incluye más de 400.000 hectáreas y 10 grupos indígenas. Menos de una década después, cuando la ONU lanzó REDD+, Amarakaeri fue uno de los primeros lugares en los que se buscó frenar la deforestación trabajando con socios nacionales y comunidades para conservar los bosques. Aunque desde sus comienzos el proyecto enfrentó dificultades.
«Los pueblos indígenas amazónicos y, sobre todo, las organizaciones indígenas dijeron que no iban a aceptar REDD+ y que no formarían parte de la venta de créditos de carbono REDD+», afirma Walter Quertehuari Dariquebe, presidente de los coadministradores indígenas de la reserva (ECA), que trabaja en asociación con la agencia peruana de parques nacionales. Explica que las poblaciones locales rechazaron el programa por la falta de confianza en el sistema internacional de conservación y en el deber del gobierno de protegerlos.
Varias comunidades peruanas lanzaron un proyecto piloto —REDD+ Indígena Amazónico (RIA)— como alternativa. Su objetivo era prevenir abusos de los “piratas del carbono” corporativos e implementar estrategias responsables para frenar la deforestación, a la vez que se alineaban con los objetivos climáticos nacionales.
Los líderes comunitarios trabajaron arduamente, explica Quertehuari, para convencer a las comunidades indígenas de que la conservación del bosque era una oportunidad económica y no una carga. El proyecto piloto introdujo pagos por incentivos para conservar los bosques, aunque la compensación ha sido limitada: apenas 10 soles por hectárea al año (unos 2,50 dólares). Según Swissinfo, los ingresos mensuales en la zona, principalmente por la venta de plátanos, artesanías y turismo, oscilan entre 400 y 900 soles (aproximadamente 120 a 270 dólares).
Necesidad de continuidad
A comienzos de este mes, Fernando Shinbo Vera, líder de la comunidad de Shintuya en la reserva, esperaba plantar 25.000 árboles de cacao recibidos como parte del primer proyecto de la reserva que incluye la venta de créditos de carbono bajo el esquema REDD+ revisado.
Los árboles buscan ayudar a las familias a generar ingresos sostenibles mientras preservan los bosques. Pero Shinbo aún esperaba el apoyo técnico para plantar los brotes, y el tiempo se agotaba antes de que las plantas superaran sus pequeñas bolsas de plástico. Afirma que, al limpiar áreas para la plantación, la comunidad infringió por error las normas de zonificación que, según él, nunca fueron comunicadas por el gobierno; la coadministración indígena de la reserva lo niega. Las reclamaciones de tierras en la zona de amortiguamiento de la reserva, donde se permite la agricultura, siguen sin resolverse.
«Necesitamos una mejor capacitación para poder avanzar, así como continuidad en los proyectos», dice el líder de 48 años.
Algunos culpan a la agencia peruana de parques nacionales, que coadministra la reserva, por no brindar un apoyo adecuado a la implementación del proyecto. «No hay suficientes guardaparques en la reserva, y los guardianes territoriales comunales no cuentan con las herramientas para defenderse [de los narcotraficantes y otros que quieren acceder a la tierra]», señala un habitante. Una investigación Enlace externoreciente reveló que la falta de financiación estatal limita la capacidad de la agencia para proteger los ecosistemas naturales.
Otros problemas relacionados con el cálculo del valor de carbono de la tierra complicaron aún más la financiación del proyecto por parte de un fondo de pensiones extranjero, que desde entonces se retiró.
Demasiados riesgos
En 2018, la reserva recibió la acreditación Green List —con potencial para atraer financiación— de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con sede en Ginebra. Sin embargo, esa acreditación caducó hace más de un año, y Cristina López Wong, de la UICN en Perú, advierte que la creciente deforestación podría ser un obstáculo para la recertificación.
«El Estado tiene el deber de asegurar que existan condiciones para una gestión efectiva de las áreas protegidas y de las zonas de amortiguamiento de los bosques», afirmó.
En Shintuya, los habitantes temen que, sin un mayor apoyo, su situación ya de por sí peligrosa solo empeore. Ante la falta de oportunidades de empleo, algunas personas han sido atraídas hacia el narcotráfico.
Gabriel Labbate es jefe de la unidad de mitigación climática de UN-REDD en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Junto con otras agencias de la ONU, trabaja directamente con los países donde se encuentran los bosques para brindarles los medios técnicos y financieros para evitar la deforestación. Reconoce que regiones fronterizas como Amarakaeri y otras reservas son «lugares realmente peligrosos y pueden ser muy violentos» para las comunidades. Sin embargo, subraya que UN-REDD —incluso con su limitada financiación internacional— sigue siendo crucial para «empoderar a los pueblos indígenas como garantes de la protección forestal y asegurar que no sean superados por actividades ilegales».
En el terreno, pocos habitantes confían en el compromiso del Estado de ayudarlos a proteger sus bosques y acusan a las autoridades de facilitar actividades ilícitas.
En un puesto de control de coca en la carretera principal hacia Cusco —ubicado más allá de campos de coca claramente visibles— Swissinfo observó inspecciones superficiales de los vehículos, que solo se volvieron un poco más rigurosas después de que se les pidió mostrar acreditación de prensa.
«Nunca encuentran drogas, aunque deberían», dice un residente Harakmbut mientras descarga plátanos cultivados con apoyo de un proyecto de preservación forestal, destinados a la venta en Cusco a 10–18 soles (2,50–5 dólares) por racimo de 25 kilogramos. «Dicen que no están preparados».
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*Nombre cambiado para proteger el anonimato
Editado por Gabe Bullard y Veronica DeVore. Adaptado del inglés por Carla Wolff.
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