Amal Mekki: Mi batalla contra las autoridades tunecinas y el precio de la verdad
Cuando nuestra reportera Amal Mekki obtuvo una victoria legal contra el Ministerio del Interior de Túnez en 2018, se mostró optimista sobre la mejora del acceso a la información en su país. Como periodista de SWI swissinfo.ch que trabaja desde Suiza, ahora se da cuenta de que una decisión judicial esperanzadora por sí sola no puede transformar la realidad.
Cuando aquel día entré en el Ministerio del Interior tunecino, pregunté a un agente de policía: «Soy periodista y vengo a presentar una solicitud de derecho a la información. ¿A quién debo entregársela?». Su reacción fue elocuente sobre la realidad de este recién descubierto derecho legal, establecido por ley en marzo de 2016, pero que ningún periodista había utilizado aún. Se echó a reír, llamando sarcásticamente a sus colegas: «¡Venid a escuchar esto! ¡Dice ‘derecho de acceso a la información’! ¿Qué acceso, qué información? Ja!»
Eso fue en julio de 2018. Tres meses más tarde, me convertí en la primera periodista tunecina en ganar un caso de derecho a la información contra un ministerio; no cualquier ministerio, sino el Ministerio del Interior. La Autoridad de Acceso a la Información, que tiene poderes judiciales, dictó una sentencia a mi favor.
La presentación de mi solicitud en el Ministerio formaba parte de la «fase de confrontación» de un reportaje de investigaciónEnlace externo en el que llevaba meses trabajando. Se refería al uso, por parte del Ministerio del Interior, de una medida administrativa de control fronterizo que había impedido viajar a unas 100.000 personas tunecinas sin orden judicial, según cifras de organizaciones de defensa de los derechos.
“Una demanda pública”
Durante varios meses viajé a varias gobernaciones tunecinas, hablando con más de 35 personas afectadas por la medida fronteriza y con numerosos abogados, jueces y activistas de la sociedad civil. Documenté violaciones del derecho a la libertad de circulación en 11 casos.
Conociendo el carácter sensible del tema y que ningún otro periodista tunecino se había acogido a la ley sobre el derecho a la información, solicité las estadísticas relativas a la medida fronteriza «S17» y su distribución por regiones, remitiéndome a la ley correspondiente.
Un empleado del Ministerio recibió mi solicitud ese mismo día. Volví a casa, inconsciente de la tormenta que se avecinaba. Esperé a que se cumpliera el plazo para responder a mi solicitud antes de publicar la investigación. Cuando la respuesta no llegó a tiempo, presenté una demanda contra el Ministerio ante la Autoridad de Acceso a la Información.
La publicación de la investigación el 24 de octubre de 2018 desencadenó una reacción masiva en las redes sociales, en la prensa y a nivel oficial. La cuestión de las decenas de miles de personas tunecinas privadas de su derecho a circular se convirtió en un tema prioritario en los programas de radio y televisión durante semanas.
Aunque varios medios de comunicación privados de Túnez y del extranjero se pusieron en contacto conmigo para hablar de la investigación, los principales medios de comunicación me ignoraron por completo. Personas de mi entorno y colegas me enviaron enlaces a programas públicos en los que se hablaba de mi investigación, sin invitarme ni mencionar siquiera mi nombre.
En noviembre se produjo otro acontecimiento. El entonces ministro del Interior reconoció en el Parlamento la necesidad de varias medidas, entre ellas el cese inmediato del uso de la medida S17 en el interior del país, calificándola de «exigencia ciudadana». La medida se levantaría para miles de personas afectadas en los próximos meses y años.
La historia continúa…
Sin embargo, esa no fue la única respuesta del Ministerio a la investigación. Más tarde supe que había impugnado la decisión de la Autoridad de Acceso a la Información ante un tribunal administrativo. Hoy en día, desconozco la decisión del tribunal. Es posible que evitara pronunciarse para no pasar vergüenza, ya que yo también había presentado una denuncia contra el propio tribunal por no facilitarme información en el contexto de la misma investigación. Tal vez el tribunal dictó una resolución, pero no me informó. Tal vez lo hizo, ¡pero su correspondencia se perdió!
Desde la publicación del reportaje S17, el Ministerio del Interior ha dejado de responder a mis solicitudes de información o de entrevistas. Un año después les escribí recordándoles el artículo 31 de la Constitución tunecina, que garantiza la libertad de prensa y el acceso a la información.
A pesar de que en aquel momento parecía estar en la lista negra por mi «descaro» a la hora de exigir información, mi situación sigue siendo mejor que la de muchos colegas tunecinos y tunecinas en la actualidad. La mayoría de los informes sobre derechos humanos indican un retroceso en el Índice de libertad de prensa del país.
Tal vez la decisión de la Autoridad de Acceso a la Información haya sentado las bases de una doctrina jurídica en Túnez que garantice el derecho de los periodistas a la información. Sin embargo, al observar ahora desde lejos el estado del periodismo tunecino, no puedo sino reconocer la «clarividencia» de aquel policía que preguntó sarcásticamente: «¡derecho de acceso a la información! ¿Qué acceso? ¿Qué información?».
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff
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