La fiscalía suiza no actuó ilegalmente
El Tribunal Penal Federal sale en defensa del Ministerio Público de la Confederación (MPC) y el fiscal general Valentin Roschacher en el caso 'Ramos'.
Según la alta corte de Bellinzona, el MPC respetó las disposiciones legales al utilizar como informante al ex narcotraficante colombiano.
El Tribunal Penal Federal (TPF) considera correcto el procedimiento en el que el ciudadano colombiano José Manuel Ramos fue utilizado como agente infiltrado entre diciembre de 2002 y agosto de 2004.
El Ministerio Público de la Confederación (MPC) había confiado al ex traficante de droga una misión de informante para reunir pruebas en casos sospechosos de blanqueo de dinero. Gracias a las informaciones de Ramos, la fiscalía pudo abrir nuevas investigaciones.
Según la prensa, la utilización de Ramos condujo a pistas falsas. Un banquero zuriqués, Oskar Holenweger, pagó las consecuencias al verse completamente arruinado.
Riesgos controlados
Para esclarecer los métodos de investigación del MPC, el Ministerio suizo de Justicia y Policía y el Tribunal Penal Federal ordenaron una investigación extraordinaria, que ahora llega a término.
Según el comunicado de los jueces de Bellinzona, al recurrir a Ramos la fiscalía respetó todas las disposiciones legales, tanto en la gestión de las operaciones como en la apertura de los procedimientos penales que siguieron.
La tarea oficial del colombiano consistía en procurar información sobre el entorno criminal que opera en Suiza, especialmente en el ámbito del tráfico de estupefacientes, así como del blanqueo de dinero procedente de la droga y del tráfico de seres humanos.
Para el MPC y la Policía Federal, la utilización de Ramos como agente infiltrado fue un caso aislado en los últimos años. Las autoridades eran conscientes de los riesgos que comportaba la operación y para minimizarlos adoptaron las medidas pertinentes.
MPC bajo presión
El Ministerio Público de la Confederación, que ya había sido objeto de críticas feroces durante la gestión de Carla del Ponte, se ha visto bajo presión en repetidas ocasiones a lo largo de este año.
Al fiscal general Valentin Roschacher se le reprochó haber derrochado inmensos recursos para obtener escasos resultados.
Las críticas se refieren, sobre todo, al reducido número de casos que terminaron en los tribunales. Desde que se le otorgaron nuevas competencias en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero, el MPC ha conseguido presentar solamente tres actos de acusación, a pesar de haber llevado a cabo 365 indagaciones.
En junio pasado, descontento con la situación, el ministro de Justicia Christoph Blocher ordenó una investigación. Un mes después, la Sala de Denuncias del Tribunal Penal Federal (TPF) presentó un informe en el que calificaba la situación de «insatisfactoria».
Ante las crecientes críticas, el pasado 5 de julio Valentin Roschacher anunciaba para fines de este año la dimisión de sus funciones. El fiscal general ya ha cedido la dirección operativa del MPC a su adjunto Michel-André Fels.
swissinfo y agencias
Nacido en 1960 en Herisau, en el cantón de Appenzell, Valentin Roschacher es Doctor en Derecho y abogado.
En 1995 entró al servicio de la Confederación y asumió la dirección de las oficinas centrales de lucha contra el tráfico de droga y la falsificación de dinero.
En el año 2000, fue nombrado procurador general de la Confederación.
El 5 de julio pasado anunció la dimisión de su cargo para fines de este año.
En Suiza, la mayor parte de los procedimientos penales son competencia de las autoridades judiciales cantonales.
Algunos tipos de delito, sin embargo, entran en la competencia del Ministerio Público de la Confederación (MPC).
Entre ellos figuran los atentados con bomba, la falsificación de dinero, el espionaje, el crimen internacional organizado y económico, el blanqueo de dinero y la corrupción.
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