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Glencore exige un "pago justo" a Bolivia

Concentración de mineros de Colquiri, en el estadio Jesús Bermúdez, en Oruro, el 11 de junio pasado. Reuters

La estatización de la mina de Colquiri se confirmó ante la enérgica protesta del gigante suizo de las materias primas que podría apelar la decisión. El gobierno de Evo Morales, no obstante, advierte que también pedirá indemnización a Glencore.

Este contenido fue publicado el 02 julio 2012 - 11:56
Andrea Ornelas, swissinfo.ch

Las operaciones de Glencore se limitan en Bolivia de algunos años a la fecha.

La administración del Presidente Evo Morales anunció en junio una nueva “baja” para el consorcio de Zug: la operación de la mina Colquiri, al occidente del país, regresó a manos del Estado el pasado 20 de junio.

Vía un decreto con efecto inmediato, la administración del socialista Evo Morales revirtió la concesión que había otorgado en 2006 a la empresa Sinchi Wayra, subsidiaria del grupo suizo.

Así, la operación de esta mina de zinc y estaño regresó a manos de la  Corporación Minera de Bolivia (Comibol), institución estatal encargada de gestionar la participación del estado en concesiones mineras y otras actividades públicas.

Para Glencore el tema reabre una herida aún no curada: ésta es la tercera vez que pierde una empresa en Bolivia en menos de cinco años.

Pérdidas para Glencore

Consultado por swissinfo.ch sobre la pérdida financiera que implicará para el consorcio suizo esta decisión política, Charles Watenphul, portavoz de Glencore en Suiza, declinó ofrecer detalles.

La empresa confirmó, no obstante, que ha invertido 22 millones de dólares en Colquiri y que tenía planeadas inversiones adicionales  en la mina por 56 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Un compromiso que se desprendía de la negociación de nuevos contratos mineros que el grupo realizaba con el gobierno boliviano justo antes de que la nacionalización se formalizara.

La inconformidad del corporativo de Zug es manifiesta.

“Glencore protesta enérgicamente contra la acción tomada por el gobierno de Bolivia y se reserva  el derecho que tiene a buscar una compensación justa siguiendo todos los caminos nacionales, e internacionales”, resume su posición.

Las razones bolivianas

La visión del gobierno boliviano es completamente distinta.

El estado de Bolivia también tiene previsto pedir una indemnización a Sinchi Wayra “por los años de explotación que realizó en el distrito minero de Colquiri evadiendo impuestos”.

Una afirmación que realizó el Ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira Iporre, durante una conferencia de prensa celebrada en la capital de este país el pasado 27.06.

Sin entrar en una confrontación directa, Glencore precisa –vía un comunicado- que su filial Sinchi Wayra (por la mina Colquiri): “Ha pagado regalías, impuestos y derechos al Estado boliviano por más de 70 millones de dólares.  Y los pagos de todas nuestras operaciones al gobierno y Comibol superan los 300 millones de dólares”.

Glencore agrega que ha invertido más de 250 millones de dólares en la industria minera de Bolivia, en lo general, “ofreciendo puestos de trabajo, acceso a la asistencia sanitaria y mejoras a la infraestructura” para las comunidades cercanas.

Salomónico octubre

La estatización de la mina de Colquiri es la tercera que vive Glencore en Bolivia de cinco años a la fecha.

En 2007, el gobierno anunció que retomaba la operación de la Empresa Metalúrgica Vinto. En 2010, hizo lo propio con la compañía Vinto-Antimonio.

La decisión anunciada en junio en el decreto firmado por el vicepresidente Alvaro García Linera, se convierte pues en la tercera pérdida para el grupo en un lustro.

En 1952, Bolivia decidió nacionalizar sus minas y, a partir de la década de los 90´s, este país –como lo hicieron también otros gobiernos latinoamericanos promotores del neoliberalimso- comenzó a adjudicar contratos de explotación al sector privado.

El anuncio realizado por la administración de Morales implica pues la rescisión del  contrato de arriendo y riesgo que el estado compartía con Glencore. Y el país sudamericano estima que Sinchi Waira podía haber hecho mucho más por Colquiri.

“Ambas partes nos pediremos indemnizaciones justas”, anticipó el Ministro de Minería, Mario Virreira Iporre.

Las posiciones son encontradas en el presente. Pero el decreto de nacionalización promulgado por Bolivia, consultado por swissinfo.ch, fija un plazo de 120 días para que una auditoria internacional evalúe objetivamente el valor del patrimonio de la empresa de Colquiri.

Por lo tanto, antes del 21 de octubre, las visiones subjetivas encontrarán nuevos elementos de sustento.

Clima de inversión

La recuperación estatal de la mina de Colquiri ha sido controvertida. Para Glencore es claro que “la acción tomada por el gobierno de Bolivia levanta serios cuestionamientos sobre la política futura de esta administración hacia la inversión extranjera en el sector minero”.

Glencore hace referencia a los detalles finos de la decisión que tomó el gobierno boliviano. En la explotación de Colquiri había tres participantes: el gobierno, Sinchi Wayra y los trabajadores (cooperativistas y sindicalizados).

Cuando se conoció la intención preliminar del estado de nacionalizar, los trabajadores de la Cooperativa ’26 de Febrero’ se rehusaban a que el Estado retomara la operación porque perderían la explotación de la veta Rosario. Los trabajadores sindicalizados, por su parte, apoyaban la decisión.

Por su parte, los trabajadores sindicalizados apoyaban la intervención del Estado, particularmente en vetas en donde las cooperativas no tienen presencia (Armas, SanCarlos o Doble Ancho”.

Una división que provocó enfrentamientos violentos entre los dos bancos que dejaron una veintena de heridos y que fueron saldados con un acuerdo firmado por las dos partes en la que la veta Rosario seguirá siendo explotada por la Cooperativa ’26 de Febrero’, siempre que respeten la condición de no asociarse en el futuro con ninguna empresa nacional o extranjera.

Glencore fue pues el único de los jugadores que quedó fuera de la nueva ecuación de Colquiri. Un tema sobre el que el grupo suizo también declinó opinar por el momento.

La mina de Colquiri

En 2005, Glencore adquirió la Compañía Minera del Sur (Comsur), entonces propiedad del empresario y dos veces Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada.

Comsur se convirtió posteriormente en Sinchi Wayra.

En 2006, Glencore-Sinchi Wayra consiguió la concesión para operar la mina Colquiqui, ubicada a 250 km de La Paz. Una estructura que actualmente cuenta con una plantilla de unos 400 trabajadores.

De acuerdo con el Vicepresidente el gobierno de Bolivia, la recuperación de sectores estratégicos por parte del Estado a partir del 2006, ha acrecentado la rentabilidad de las empresas que antes fueron adjudicadas para la explotación de empresas privadas.

En junio pasado, el gobierno de izquierda de Evo Morales retiró la concesión de Colquiri a Sinchi Wayra. Pero permitió que los cooperativistas se quedaran en la explotación.

La minería boliviana generó ingresos del orden de los 3.700 millones de dólares en 2011, al menos seis veces superiores a los que registraba en 2005.

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El gigante Glencore

Glencore International AG es una empresa basada en Zug y fundada en 1974.
 
Se trata de uno de los tres principales proveedores de materias primas del mundo y la sexta empresa más grande de Europa.

Comercializa metales, minerales, petróleo y gas natural, entre otros.
 
Tiene presencia en 40 países diferentes y cuenta con 50.000 empleados.
 
Se estima que podría ser la empresa suiza con la mayor facturación de todas, con ventas del orden de los145.000 millones de dólares anuales.
 
Su fundador, Marc Rich, es belga de nacimiento y tiene la nacionalidad española. Ha sido cuestionado porque no es completamente clara la procedencia de su riqueza.

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