El presidente de Paraguay enfrenta demanda penal promovida por legisladores opositores

Asunción, 2 oct (EFE).- Un grupo de legisladores de oposición presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por al menos cuatro presuntos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito de funcionario público, una acción sin precedentes en el país que amenaza con abrir una crisis en el Ejecutivo, que completó dos años de gestión.

«Esta denuncia no se centra solamente en los hechos conocidos recientemente, nos remontamos ya a las finanzas del presidente de la República, al inicio mismo de su mandato», en agosto de 2023, declaró el senador Rafael Filizzola en una conferencia de prensa al anunciar la acción judicial, formalizada poco después ante el Ministerio Público.

La denuncia fue rubricada, además de Filizzola, por los senadores Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez, así como por los diputados Raúl Benítez, Leidy Galeano, Adrián Vaesken y Johanna Ortega, y abarca los presuntos delitos de «enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio, y los demás que surjan de la investigación fiscal».

Filizzola advirtió que «desde el inicio de este mandato, y sobre todo en las últimas semanas», se han conocido revelaciones «verdaderamente escandalosas que hacen al manejo de recursos que serían públicos».

En ese sentido y al denunciar que la Fiscalía «hasta ahora no ha hecho nada», señaló que «como ciudadanos», pero sobre todo como legisladores, se ven «en la obligación de presentar esta denuncia penal a los efectos de que se le imprima trámite».

Patrimonio

La denuncia refiere un «presunto incremento del patrimonio de Peña» desde 2017, cuando dejó el cargo de ministro de Hacienda (2015-2017), hasta que asumió la Presidencia en 2023, explicó Filizzola.

En concreto, según el documento, en 2017 Peña declaró un patrimonio de 1.351 millones de guaraníes (unos 194.025 dólares) y en agosto de 2023 registró un monto de 23.024 millones de guaraníes (unos 3,3 millones de dólares), «un incremento patrimonial del orden del 1.603 %».

La exsenadora y abogada patrocinante Kattya González dijo a EFE que la denuncia recoge informes periodísticos y «un exhaustivo análisis de fuentes que son públicas», entre ellas, las declaraciones juradas de patrimonio del presidente.

«Hay demasiada inconsistencia que el Ministerio Público debería investigar, pero las expectativas que tenemos también son bastante limitadas», admitió la jurista.

No obstante, González, quien fue destituida en febrero de 2024 por una mayoría del gobernante Partido Colorado y sus aliados, afirmó que albergan «alguna esperanza» en fiscales que considera «van a hacer un trabajo».

Sobres de dinero

La denuncia incluye también un caso difundido por el grupo de medios ABC sobre el testimonio de una exempleada de la residencia presidencial Mburuvicha Róga (casa del líder, en guaraní) que fue despedida del equipo de servicio doméstico.

La mujer afirmó que en octubre de 2024 y febrero pasado supuestamente encontró sobres con dinero en la dependencia oficial.

«¿Por qué hay sobre y bolsas (de dinero) dando vueltas en Mburuvicha Róga?», cuestionó en la misma conferencia de prensa la diputada Johanna Ortega, quien se preguntó «si ese dinero era lícito, ¿por qué no estaba bancarizado?».

De su lado, Ortega aseguró a EFE que se trata de «un hecho sin precedentes», la «primera vez, que un grupo de parlamentarios» decide «denunciar penalmente al presidente de la República».

Los legisladores también advierten presuntos «conflictos de intereses» a favor del grupo bancario UENO, un conglomerado que, según la denuncia, acumula 29 adjudicaciones y «ha incrementado sus contratos con el Estado» desde agosto de 2023.

El documento detalla que Peña tuvo acciones en la financiera Ueno Holding S.A. y las vendió en marzo de 2025.

De igual forma, los congresistas piden investigar el presunto uso por parte de Peña de una camioneta y una avioneta vinculadas a personas que posteriormente se convirtieron en proveedores del Estado.

El anuncio dividió opiniones entre los legisladores oficialistas, ya que mientras unos pidieron un pronunciamiento del mandatario, otros salieron en su defensa.

«Yo creo que el presidente Santiago (Peña) es una persona honesta que busca lo mejor para este país», declaró a periodistas el titular de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, quien dijo estar «convencido de que en su tiempo esta situación va a ser aclarada».

Por su parte, la senadora oficialista Lilian Samaniego, que conforma la llamada disidencia del gobernante Partido Colorado, consideró que Peña debe «dar las explicaciones que correspondan».EFE

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