Exigen al Consejo de Niñez de El Salvador proteger los derechos de niños en cárceles
San Salvador, 29 sep (EFE).- Dos organizaciones humanitarias exigieron al estatal Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) que protejan los derechos e investigue la situación de unos 1.000 niños que permanecen con sus madres en prisión en El Salvador.
Se trata del Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) y del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), que presentaron un aviso sobre «vulneraciones a derechos» de la niñez en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
El aviso, según se informó este viernes, fue presentado por representantes de ambas organizaciones en la sede del Conapina, en San Salvador, y fueron acompañados por unos 30 familiares de detenidos, de quienes defendieron su inocencia y pidieron su liberación.
«Actualmente en el país existen violaciones de derechos humanos a personas detenidas arbitrariamente en el régimen de excepción, entre estas muchas mujeres que fueron capturadas en estado de embarazo y que han tenido a sus hijos dentro de un centro penal», indica el escrito presentado.
Las organizaciones pidieron al Conapina «que se ejerza la protección de derechos de niñas y niños» y que «se realicen todos los actos urgentes de comprobación y diligencias que resulten útiles y necesarias en el transcurso de la investigación».
De acuerdo con Ivania Cruz, del Cofappes, han conocido casos de reclusas «en situaciones completamente vulnerables» y otras en las que «los bebés dentro de centros penales están siendo bañados con lejía, están con hongos, están muriendo».
«Existen hechos notorios que las instituciones deberían de reaccionar de oficio y estamos viendo una pasividad», añadió la abogada durante una conferencia de prensa.
Cruz indicó que «existen aproximadamente más de 1.000 niños dentro de centros penales, unos 918 niños y 164 niñas. Al final estos niños están presos», y que «han nacido en condiciones inhumanas».
Señaló que también realizarán un llamado a instancias internacionales, como la ONU, sobre esta situación en la que «el Estado está matando niños por tenerlos en centros penales».
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa, tras una escalada de homicidios atribuido a las pandillas en marzo de 2022, y que suspende derechos constitucionales.
A finales de julio pasado, la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo que las organizaciones humanitarias estiman que en El Salvador son más de 75.000 los niños y adolescentes afectados por el régimen de excepción y que están en «abandono por el Estado».
De acuerdo con el Gobierno, son más de 72.000 personas detenidas, a las que acusa de ser pandilleros y de las que han salido en libertad condicional más de 7.000. EFE
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