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Credit Suisse en la ‘mira fiscal’ de Washington

El banco suizo se declara dispuesto a colaborar con las autoridades de Estados Unidos. Keystone

La investigación que sigue desde hace tres semanas el Departamento de Justicia de Estados Unidos a cinco banqueros de la segunda institución de crédito más importante de Suiza repite el esquema utilizado para desmantelar la red de evasión promovida por el UBS.

El fisco estadounidense confirma que ha perdido hasta 3.000 millones de francos suizos debido a los ‘consejos’ otorgados para los estrategas investigados.




El Internal Revenue Service (IRS), máxima autoridad fiscal de Estados Unidos, no toma días de asueto.

Tras el escándalo de evasión protagonizado por el UBS entre 2008 y 2010, este año toca su turno a Credit Suisse.

En febrero, Neil MacBride, abogado por el Distrito de Virginia; Johan DiCicco, experto de la División de Impuestos del Departamento de Justicia; y Douglas Shulman, comisionado del IRS, llamaron a cuentas a cuatro banqueros de la plaza financiera suiza para explicar cómo y por qué asesoraron a millares de clientes para evadir sus compromisos fiscales.

Y sólo unos días antes había asestado un golpe contra Cristos Bagios, uno de los responsables de las cuentas de estadounidenses en sucursales extranjeras del Credit Suisse, aunque se presume que los actos ilícitos que realizó tuvieron lugar cuando él trabajaba para el UBS.

El boquete financiero provocado por la red en investigación habría infringido daños al fisco estadounidense de hasta 3.000 millones de francos suizos, según estimaciones preliminares del Departamento de Justicia (DJ).

Los implicados

 

Los banqueros acusados de conspirar y fomentar la evasión en Estados Unidos son, según confirmó a swissinfo.ch el Departamento de Justicia de EEUU, Marco Parenti Adami, Emanuel Agostoni, Michele Bergantino y Roger Schaerer.

Los tres primeros ejercían desde Ginebra y el último, desde Nueva York. Nuevamente, tres de ellos son de origen suizo y sólo uno –Adami- tiene pasaporte italiano.

Roger Schaerer había abandonado ya las filas del Credit Suisse para trabajar en el banco Vontobel. Y Emanuel Agostoni también se hallaba contratado ya por un banco de Zúrich, explica el Departamento de Justicia al referir el perfil de los indiciados.

Detalla también que es obligación de los cuatro colaborar con las autoridades estadounidenses cada vez que sus declaraciones sean solicitadas, de lo contrario se enfrentarían al riesgo de una condena mínima de cinco años de presión.

Sin embargo, en principio, solo uno de ellos ha sido citado a declarar. Los tres restantes son buscados por las autoridades del Gobierno de Barack Obama.

Credit Suisse dispuesto a colaborar

 

Credit Suisse confirmó a swissinfo.ch que está al tanto del expediente, pero declinó ofrecer detalles.

El nombre de Credit Suisse no se menciona en los expedientes del caso, pero se presume que los banqueros trabajaban en esta institución cuando los delitos fueron cometidos.

El banco se dijo “en abierta disposición para colaborar en todo lo que requieran las autoridades de EEUU”.

Si el  Gobierno de EEUU pide al Credit Suisse la entrega de información confidencial de clientes sospechosos de evasión, el banco helvético estará obligado a reunirla y a solicitar después a la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA) su autorización para retransmitir información a Washington, como exigen los compromisos asumidos por Berna al aceptar el Modelo de Convención Fiscal de la OCDE.

Evasión hormiga

 

El expediente que sustenta la investigación refiere que los asesores financieros operaron deliberadamente y con la intención clara de ayudar a sus clientes a evadir sus compromisos con el fisco. Y esto sucedió, de hecho, cuando el escándalo fiscal del UBS ya había estallado.

Los acusados animaron a sus clientes para transferir a otros bancos de Suiza,  Hong Kong y las Bahamas los fondos que podrían generar problemas fiscales.

La estrategia utilizada, detalla el Departamento de Justicia, fue sobre todo el de las denominadas ‘transferencias hormiga’: esto es, realizar múltiples operaciones por montos inferiores a los 10.000 dólares para evitar a la supervisión del fisco.

Cabe recordar que tanto la OCDE como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismos internacionales de los que Suiza es miembro- establecen que toda transacción superior a 10.000 dólares debe ser registrada por los bancos como “operación sospechosa”, y como consecuencia, debe ser consignada y notificada a las autoridades de forma regular.

Más bancos suizos involucrados

 

El Departamento de Justicia deja claro que hay tres bancos helvéticos de pequeña talla que también son investigados por promover la evasión fiscal, pero omite dar los nombres.

El Ministerio  de Finanzas de Suiza rehusó precisar detalles sobre los nombres de estas instituciones. Pero según el diario ‘New York Times’, se trata del Zúrich Maerki Baumann & Co, del Bank Frey y del banco de Israel Leumi.

La investigación seguirá su curso durante marzo y se prevé que las autoridades de FINMA se reunirán con el Credit Suisse con objeto de revisar el contenido de las demandas y el tratamiento que se les dará.

La estrategia seguida por el gobierno de EEUU para rastrear evasores que han sido clientes del Credit Suisse es exactamente la misma que siguió con UBS.

En febrero de 2009, el fisco estadounidense (IRS) interpuso una demanda contra el UBS ante el Tribunal Federal de Miami para obligarle a entregar información privada sobre 52.000 cuentas de presuntos evasores.

Suiza expresó de inmediato que dicha petición violaba el acuerdo para evitar la doble imposición vigente entre los dos países. Inició un largo proceso de negociación técnica y política entre Washington y Berna.

Un pacto, conocido como Acuerdo UBS, vio la luz el 19 de agosto de 2009. Pero cinco meses más tarde, el Tribunal Administrativo Federal (TAF) de Suiza lo juzgó inconstitucional. Fue necesaria la aprobación del Parlamento, durante la primavera pasada, para que el acuerdo cobrara validez jurídica.

La justicia estadounidense considera que todo ciudadano acusado de un delito es inocente en tanto no se demuestra su culpabilidad.

Si los banqueros suizos investigados por EEUU por promover la evasión desde las filas del Credit Suisse resultan culpables, enfrentarían hasta cinco años de cárcel y tendrían que pagar una multa hasta de 250.000 dólares.

El IRS puso en marcha una ‘amnistía fiscal’ en 2009 que permitió a todo ciudadano estadounidense con cuentas ocultas en el extranjero declararlas sin daños colaterales. Esto es, debían pagar una multa por la evasión infringida y divulgar detalles sobre sus activos fuera del país, pero no les sería fincada ninguna responsabilidad penal.

Marco Parenti Adami es italiano y operaba en Ginebra como responsable de clientes estadounidenses de alto poder adquisitivo.

Robert Schaerer, de nacionalidad suiza, trabajaba para Credit Suisse desde Nueva York.

Emanuel Agostoni y Michele Bergantino trabajaban en Suiza, pero viajaban constantemente a EEUU para asesorar a sus clientes sobre los atajos más eficaces para evadir el pago de impuestos.

Se presume que Agostoni dejó el Credit Suisse y continuó la asesoría para realizar fraude fiscal en otros dos bancos privados suizos.

Más de 15.000 personas declararon sus cuentas escondidas en EEUU como resultado del caso UBS.

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