Fiscales y jueces piden en el PE una reforma judicial sensata y acabar con polarización
Bruselas, 13 oct (EFE).- Varias asociaciones de jueces y fiscales españoles llevaron este lunes ante el Parlamento Europeo diferentes demandas respecto a las reformas en marcha del estatuto de la Fiscalía y de la carrera judicial, de la que criticaron el uso del procedimiento de urgencia en su tramitación, y lamentaron la polarización y politización al alza de la justicia.
En un debate sobre la situación del Estado de derecho en España en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE), cuatro entidades representantes de la judicatura española compartieron su diagnóstico sobre la situación de la justicia en España y su preocupación por una justicia cada vez más señalada.
«Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas, la judicatura debe disponer de la confianza del público para tener éxito en su labor a la vista de su papel especial en la sociedad», defendió el representante de la dirección general de Justicia de la Comisión Europea, Julien Mousnier, que señaló que España ha cumplido al menos parcialmente con varias de las recomendaciones en este área que Bruselas le transmitió en 2024.
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín González, señaló que España cuenta con un «sistema constitucional sólido» y que, precisamente por esa fortaleza, debe «señalar aquello que está erosionando la confianza ciudadana y proponer reformas para corregirlo».
«La justicia española sufre una tensión estructural que compromete su eficacia y una falta de inversión. Con apenas la mitad de los fiscales que la media europea, los procedimientos se alargan y los ciudadanos esperan demasiado. Sin medios adecuados, cualquier reforma quedará en papel mojado», subrayó Martín.
En una línea similar al resto de representantes, Martín recalcó la tendencia hacia la «judicialización de la política y la politización de la justicia» en la que «cada vez con mayor frecuencia las decisiones de jueces y fiscales son interpretadas en clave partidista».
«El efecto en este entorno polarizado es una desconfianza en la independencia y en la imparcialidad de quienes tienen que defender el estado de derecho, investigar y aplicar en su caso las penas. No podemos dejarnos arrastrar en este modelo», compartió Antonio Roma Valdés, representante de la Asociación de Fiscales.
Para Roma, la situación surge a raíz de «críticas reactivas a la actuación judicial» por parte de representantes del Gobierno, una opinión que compartió, desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Pilar Astray.
«El señalamiento político constante a jueces y magistrados que instruyen o enjuician casos que no favorecen a los intereses de un determinado partido se ha generalizado desde los primeros ataques desde la tribuna del Congreso a propósito de la ley de amnistía», advirtió.
La representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Verónica Ponte, se refirió por su parte a la reciente crítica de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa a los modelos propuestos para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y planteó un sistema alternativo con elementos como la pluralidad proporcional a la hora de votar, candidaturas abiertas y la elección directa de los miembros.
Varios de los jueces y fiscales, incluyendo el representante de la Unión Progresista de Fiscales, criticaron además que se haya recurrido al procedimiento de emergencia para la tramitación de la reforma de la carrera judicial, que Ponte tildó de la más importante de los últimos 40 años para el sector.
Entre los eurodiputados, el popular Javier Zarzalejos destacó que, además de en el PE, en otras instancias europeas «se está apuntado a problemas serios» en el sistema judicial español, lo que a su juicio demuestra que «hay cosas muy serias que tenemos que arreglar pronto».
El socialista Juan Fernando López Aguilar, por su parte, señaló que el motivo de que el Parlamento Europeo debata hoy sobre el caso español es una correlación de fuerzas parlamentarias con mayoría de derechas que permite incluirlo en la agenda y no una preocupación por el Estado de derecho, ya que -apuntó- hay un «gobierno hiperminoritario que necesita el apoyo al menos de ocho grupos parlamentarios para poder hacer prosperar sus iniciativas».
Por su parte, Jorge Buxadé (Vox) consideró que la polarización de la que se han quejado los jueces parte de las acusaciones de la Fiscalía en el marco del proceso independentista catalán que posteriormente derivó en los indultos o la ley de amnistía.
Y Diego Solier, el eurodiputado independiente dentro del grupo ultraconservador (ECR) que originalmente concurrió con ‘Se Acabó la Fiesta’, tildó las reformas en marcha de «un intento de reconfigurar el poder judicial al servicio del poder político», ante lo que pidió que actuaran las instituciones europeas. EFE
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