La disidencia egipcia, china o rusa es perseguida hasta Suiza

La plaza de las Naciones (Place des Nations) en Ginebra, frente a la sede europea de la ONU, con frecuencia acoge manifestaciones políticas. En la foto —marzo de 2025— población rusa opositora denuncia la guerra en Ucrania. Keystone / Martial Trezzini

La represión que Estados autocráticos llevan a cabo en el extranjero no perdona a Suiza. Ginebra —la capital de los derechos humanos— está especialmente expuesta a ella. Una amenaza que las autoridades abordan con timidez.

«No esperaba vivir esto en Ginebra», confiesa Basma Mostafa, periodista de investigación egipcia, que actualmente vive refugiada en Alemania. «Me siguieron hasta el interior de mi hotel durante tres días consecutivos», cuenta recordando su última estancia en Suiza el año pasado.

«El tercer día, se me acercó un hombre. En árabe, me dijo que sabía quién era, que pertenecía a las fuerzas del orden egipcias y que, si quería, podía detenerme», añade la joven, que lleva varios años sufriendo la represión en su país de origen. «Esa noche no pude pegar ojo. Tenía miedo de que volvieran y me secuestraran», recuerda.

Basma Mostafa no sabe exactamente quiénes eran aquellos hombres, pero está segura de que eran compatriotas suyos. «Fue horrible. Su técnica consiste en hacerte dudar de sus límites, de lo que realmente son capaces de hacer. Juegan con tus vulnerabilidades. En este caso, el hecho de que yo estuviera sola en Suiza, un país que no conozco, lejos de mi familia», cuenta.

Una represión que traspasa fronteras

Los hechos que relata Mostafa se enmarcan en lo que viene a denominarse represión transnacional. Este fenómeno adopta diversas formas: amenazas, intimidaciones, vigilancia o incluso presiones a las familias que se han quedado en el país. El objetivo siempre es silenciar la crítica de las diásporas extranjeras.

El caso de la periodista no es un hecho aislado. En absoluto. «La represión transnacional, en particular contra quienes defienden los derechos humanos, es una tendencia que va en aumento», confirma Phil Lynch, director de ISHR, una ONG con sede en Ginebra. Es un «riesgo —reconoce— que quienes son activistas deben tener en cuenta» cuando viajan a Suiza.

Ginebra, un terreno propicio

La ciudad al final del lago está especialmente expuesta y la hace propicia. La presencia de la Oficina de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto con el hecho de que casi todos los Estados miembros tienen representación diplomática allí, constituye un entorno favorable para el espionaje y la presión discreta.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ofrece a la disidencia política y a las víctimas de la opresión una oportunidad única de enfrentarse a las autoridades de su país de origen. Keystone / Martial Trezzini

«Estimar el alcance exacto de esta represión en Suiza es muy difícil, pero se puede suponer que es importante», explica Ralph Weber. Profesor de la Universidad de Basilea, es autor de un estudio sobre la represión que las comunidades tibetana y uigur sufren en el país; un informe que encargó el Gobierno suizo y cuyos resultados se publicaron a principios de año. Según él, la dificultad radica sobre todo en que las víctimas suelen ser reacias a denunciar por temor a que sus familias sufran las consecuencias.

Phil Lynch, por su parte, confirma que su ONG ha documentado «una serie de casos» relacionados, entre otros, con China, Rusia y Egipto. El de Basma Mostafa entre ellos. Aunque no da cifras concretas. «Estos actos van desde amenazas hasta vigilancia, seguimiento e intimidación», precisa, y añade que tienen lugar tanto en territorio suizo como en el seno de las Naciones Unidas.

La investigación internacional China Targets en abril reveló la formaEnlace externo en que China vigila e intimida a su disidencia en Ginebra, en particular tomando imágenes durante manifestaciones o cuando acuden al Palacio de las Naciones.

El Departamento Federal de Justicia y Policía (DFJP), consultado al respecto, dice que no tiene una visión general de los casos de represión transnacional que se han producido en territorio suizo.

Un fenómeno global  

La ONG estadounidense Freedom House, desde 2014, ha registrado más de 1.200 casos de represión transnacional en un centenar de países. Solo se contabilizan los incidentes denominados «físicos», que afectan a 48 Estados que han recurrido a secuestros, detenciones arbitrarias, agresiones o expulsiones ilegales. Además, 19 países han utilizado programas de espionaje para rastrear a quienes forman parte de la oposición. Suiza no figura en el estudio. Entre los principales responsables se encuentran China, Turquía, Rusia, Egipto, Irán y varios países de Asia Central.

El informe que este año ha publicado el Consejo Federal suizo (el Gobierno) se centra en la población tibetana y uigur que se enfrenta a las amenazas y la vigilancia de China. También cita a Rusia, Irán, Turquía y Eritrea entre los principales autores de actos similares. «No es un fenómeno nuevo, pero los actuales medios tecnológicos facilitan y hacen más eficaz el control de las diásporas», explica Ralph Weber.

Concienciación política

La publicación del informe gubernamental ha supuesto que por primera vez la Confederación reconozca oficialmente el problema. Una señal que aplauden las ONG que defienden a las víctimas.

«Es un problema que las autoridades competentes cada vez están tomando más en serio», afirma Phil Lynch, de ISHR. Según él, Suiza y Ginebra, como sedes del sistema internacional de derechos humanos, tienen «la responsabilidad de garantizar que son [entornos] accesibles de forma segura» para las personas activistas que buscan hacer oír su voz. Constata «un refuerzo de la capacidad de las fuerzas del orden para reconocer, denunciar y responder a los actos de represión transnacional», pero subraya que se podría hacer más.

Selina Morell, responsable del programa sobre China de la ONG Voices, con sede en Berna, es de la misma opinión. Para ella la Confederación debería establecer una definición clara de qué es la represión transnacional y elaborar una estrategia nacional para responder a ella. Esto sería, según ella, una forma de enviar una señal de que no son casos aislados, sino un acoso sistemático que también afecta a personas corrientes.

>> Si quiere saber más sobre las presiones que sufren las comunidades tibetana y uigur en Suiza, lea este artículo:

Una respuesta todavía tímida

Mientras Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido han adoptado legislaciones específicas para luchar contra este fenómeno, Suiza se mantiene cautelosa. En su informe, Berna menciona varias vías a examinar, entre ellas el diálogo bilateral, la sensibilización, el intercambio con las diásporas y la creación de un servicio de asesoramiento.

El DFJP indica que «los trabajos relacionados con las medidas nacionales […] se están preparando y deberían comenzar en el primer semestre de 2026». Añade que, en su diálogo con Pekín, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha expresado su preocupación por China.

«El Consejo Federal ya no puede cerrar los ojos. Ahora conoce la magnitud del fenómeno. Es hora de actuar», apunta Selina Morell, quien pide que se cree un organismo al que las víctimas puedan denunciar los abusos y que Suiza, cuando se le informe de tales casos, se pronuncie públicamente. Y añade que se deberían considerar sanciones para los más graves.

Cabe recordar que la publicación del informe del Consejo Federal se retrasó, oficialmente por un cambio de prioridades dentro de la administración federal tras la invasión de Ucrania. Pero algunas voces críticas sospechan que sobre todo se intenta no molestar a Pekín —principal socio comercial de Suiza en Asia— mientras se sigue negociando para actualizar el acuerdo de libre comercio.

Intereses en tensión

«Es importante denunciar los actos de represión transnacional cuando se producen, pero sería ingenuo creer que eso es suficiente para disuadir al país que los orquesta. Encontrará otra forma de ejercer presión», advierte el profesor Ralph Weber. Según él, Suiza —a pesar de la toma de conciencia— se guía por un cierto pragmatismo. «Hay cálculos políticos, presiones, especialmente económicas. Pero si, a fuerza de compromisos, corremos el riesgo de violar nuestra propia Constitución, entonces lo que está en juego es la legitimidad del Estado de derecho».

Como país anfitrión de las Naciones Unidas, Suiza está en una posición especialmente delicada: debe garantizar el atractivo de la Ginebra internacional para los Estados miembros, al tiempo que debe velar por que estos no puedan cometer abusos con total impunidad. Porque la sede de la ONU en Ginebra a menudo es el último recurso para muchas víctimas de la represión.

Texto editado por Imogen Foulkes y Samuel Jaberg. Adaptado del francés por Lupe Calvo / CW.