Gobierno y sistema judicial peruano promueven Unidades de Flagrancia contra criminalidad

Lima, 2 oct (EFE).- El Ejecutivo peruano, el Poder Judicial y el Ministerio Público (Fiscalía) acordaron este jueves al menos once acuerdos a favor de la lucha contra la criminalidad en Perú, entre los cuales está la implementación de las Unidades de Flagrancia para acelerar la administración de justicia, en el marco de la III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) realizada en el Palacio de Gobierno.

El encuentro encabezado por la presidenta Dina Boluarte ratificó la continuidad de las gestiones por parte del Poder Judicial, la Fiscalía, y los ministerios de Justicia y del Interior para asegurar la plena implementación y funcionamiento de las Unidades de Flagrancia con el fin de alcanzar respuestas más rápidas y efectivas contra el crimen.

En tal sentido, se acordó coordinar con el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para lograr la asignación presupuestal correspondiente que permita la operatividad de estas instancias, dado que la implementación de las Unidades de Flagrancia fue aprobada este año por el Poder Judicial y se lanzó inicialmente en cuatro distritos de Lima, donde residen un tercio de la población nacional.

Por su parte, Boluarte informó que se acordó combatir con firmeza la extorsión al gremio de transportistas, que precisamente este jueves acató un paro en la capital peruana para exigir más seguridad ciudadana y el combate a la mafias de extorsionadores y sicarios, que han causado más de un decena de conductores muertos en lo que va del año.

«Veamos en conjunto las estrategias de cómo podemos atacar de manera más cercana a estos extorsionadores, colocar en los paraderos seguramente a la policía para la protección real, la compra de las cámaras», señaló la mandataria.

Tras esa propuesta, la jefa de Estado pidió a los transportistas que depongan «las medidas de fuerza, que se restablezca el servicio de transporte» para que «no se perjudiquen y para que los peruanos que hacen uso de sus medios de transporte puedan llegar también al trabajo en el horario que corresponde».

De otro lado, el Ministerio del Interior quedó a cargo de presentar propuestas normativas y legislativas para fortalecer la Policía Nacional del Perú (PNP) y la lucha contra la minería ilegal.

Asimismo, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaborará iniciativas normativas para priorizar la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA) en Lima Norte y ejecutar un Censo Nacional Penitenciario junto al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

A su turno, la Academia de la Magistratura evaluará implementar cursos en seguridad ciudadana para jueces y fiscales, mientras que la Secretaría Técnica del Conasec invitará a la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) para informar sobre el uso indebido de billeteras digitales en extorsiones y al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para brindar detalles sobre la venta ilegal de chips y el uso indebido de bases de datos.EFE

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