HRW pide juzgar el ataque en 2014 a una iglesia de RCA con refugiados que causó 17 muertos
Bangui, 30 may (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves que se juzgue el ataque en 2014 a una iglesia de Bangui usada como refugio de 9.000 desplazados internos, en el que murieron 17 personas y cuyo juicio estaba previsto que empezara en 2023 pero nunca se celebró.
«La impunidad de los responsables de delitos graves en la República Centroafricana (RCA) ha alimentado ciclos recurrentes de violencia y ha envalentonado a los grupos armados para seguir cometiendo atrocidades, dejando un rastro de muerte, desplazamiento y miseria», denunció HRW en un comunicado.
El «brutal ataque» se produjo el 28 de mayo de 2014 en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima de la capital centroafricana, que servía de campamento a miles de personas que habían tenido que abandonar sus hogares por el conflicto.
La ONU confirmó entonces que 17 personas fueron asesinadas y 27 secuestradas, presuntamente a manos de combatientes alineados con los Séléka, una coalición de grupos armados predominantemente musulmanes opuesta al entonces presidente de la RCA, François Bozizé.
«Lo más probable es que la cifra fuera mayor, ya que algunas víctimas fueron enterradas inmediatamente», apuntó este jueves HRW, que aseguró que la cercana misión de mantenimiento de paz de la Unión Africana (UA), a apenas un kilómetro de distancia, «no proporcionaba seguridad al campamento antes del ataque».
La masacre de Nuestra Señora de Fátima está siendo investigada por el Tribunal Penal Especial de Bangui, un órgano judicial híbrido apoyado por la ONU creado para investigar y enjuiciar delitos internacionales graves cometidos en la RCA desde 2003, que cuenta con jueces y personal nacional e internacional.
Cuatro líderes vinculados a los Séléka fueron detenidos en 2022 y acusados de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
A pesar de que el fiscal especial adjunto del tribunal dijo a principios de 2023 que el juicio podría comenzar ese mismo año, este nunca llegó a celebrarse.
Mientras tanto, uno de los acusados falleció en el hospital. Además, la prisión preventiva para el resto no puede superar los tres años, subrayó la organización pro derechos humanos.
La RCA sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando los Séléka tomaron la capital y derrocaron a Bozizé tras diez años de Gobierno, dando inicio a una guerra civil.
Como resistencia a los ataques de los Séléka se formaron milicias cristianas anti-Balaka que, como el primer grupo, terminaron divididos en varias facciones armadas.
A pesar de algunos avances, todavía dos tercios del país -rico en diamantes, uranio y oro- están controlados por milicias y, según la ONU, cerca de 500.000 personas están desplazadas internamente. EFE
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