Jueces anticorrupción de Ecuador piden mejores condiciones de seguridad para trabajar
Guayaquil (Ecuador), 26 dic (EFE).- Diez jueces anticorrupción de Ecuador pideron al Consejo de la Judicatura que se mejoren sus condiciones laborales y de seguridad para poder ejercer sin peligro, después de que uno de sus compañeros denunció supuestas presiones y amenazas y renunció al quedarse sin resguardo policial.
En una carta enviada el pasado 22 de diciembre, pero que publicaron este viernes medios locales, los magistrados denuncian que los informes de riesgo que les realizan «no obedecen a la realidad», ya que con el tiempo el nivel de riesgo disminuye, a criterio de los analistas.
«Nuestros cargos son fuente de peligro y cada vez que pasa el tiempo nuestra exposición pública y por ende nuestra inseguridad aumenta», alertan en el documento.
Además, afirman que no tienen condiciones tecnológicas adecuadas para llevar a cabo las audiencias, que tienen gran carga de trabajo y poco personal de apoyo, y que padecen desgaste psicológico por el riesgo que corren, ya que atienden casos de delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas, secuestro extorsivo, sicariato, entre otros.
También indicaron que no es la primera vez que evidencian la precaria situación en la que ejercen y que piden mejoras, ya que han enviado otras siete cartas que, dijeron, «no se han atendido favorablemente» alegando falta de competencia o recursos económicos.
En este tiempo solo han conseguido que les asignen dos policías, pero sin logística ni financiamiento, ya que son los propios jueces los que deben cubrir los gastos del personal de seguridad.
Los magistrados no tienen vehículos blindados y deben movilizarse por sus propios medios, caminando, en autobús o en taxi, según detalló el medio Ecuavisa.
La carta fue enviada al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien tomó una licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional (Parlamento), que lo convocó para que a inicios de enero rinda explicaciones sobre las presiones y amenazas denunciadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano.
Las amenazas y presiones estarían presuntamente relacionadas con un caso de lavado de activos vinculado al narcotráfico que involucra a un ciudadano serbio, que fue defendido inicialmente por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, quien aseguró que había dejado ese y otros casos en noviembre de 2024, cuando se casó con el funcionario.
El pasado 20 de noviembre, el serbio fue sentenciado a diez años de prisión por un tribunal en el que estaba el juez Serrano.
En esa audiencia, el hombre habría hecho un gesto con su dedo que se interpretó como una amenaza de muerte y que habría quedado grabado, según informaron medios locales.
Serrano denunció que no contaba con seguridad policial, por lo que renunció a su cargo para salvaguardar su vida. EFE
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