La historia del tribunal que ha escuchado en Madrid las denuncias de mujeres afganas
Madrid, 10 oct (EFE).- Nació en 1979 en Bolonia (Italia) y no impone penas, pero sí se ha convertido en un foro en el que las víctimas de crímenes cometidos contra pueblos o minorías pueden dar su testimonio para que lo analicen expertos y dicten sentencias, simbólicas y no vinculantes, que se pueden remitir a otras instancias.
Es el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), una institución internacional de justicia simbólica que ha celebrado hasta este viernes una sesión especial en la ciudad de Madrid para documentar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufren las mujeres y niñas en Afganistán bajo el régimen talibán.
La sesión, en la que un panel de juristas independientes ha podido escuchar los testimonios de supervivientes, activistas y expertas afganas, concluyó este viernes con una declaración preliminar y el mandato de evaluar las denuncias como posibles crímenes de lesa humanidad.
Se espera que sea en diciembre cuando el TPP tenga redactado un documento final, y, tras ello, decidirá los pasos legales a seguir y a qué instancias internacionales se remitirá el caso, abierto a petición de cuatro oenegés: Afghanistan Human Rigths and Democracy Organization (AHRDO); Organization for Policy Research and Development Studies (DROPS), Human Rigths Defenders Plus y Rawadari.
La directora ejecutiva de esa última organización, Shaharzad Akbar, puso de manifiesto este viernes lo importante que es que las mujeres afganas cuenten con un foro como este para ser escuchadas, aunque no sea una corte que imponga penas.
La Declaración de Argel y el Tribunal Russell
La actividad del Tribunal Permanente de los Pueblos, activo desde 1979 y con sede en Roma, se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Declaración de Argel, proclamada en la capital de Argelia en 1976.
La Declaración de Argel, que en su primer artículo proclama que «todo pueblo tiene derecho a existir», fue promovida por la fundación de Leilo Basso, un político socialista y jurista italiano, junto a la Liga Internacional para los Derechos y la Liberación de los Pueblos.
Basso murió en Roma en 1978 y fue relator del Tribunal Russell I, otra corte de opinión sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam.
También promovió el Tribunal Russell II, que versó sobre la represión en América Latina, y había imaginado el Tribunal Permanente de los Pueblos como una tribuna popular.
Así, el TPP bebe de esas experiencias previas y está integrado por una red de expertos y personalidades reconocidos a nivel internacional, convocados periódicamente para integrar el jurado de cada sesión, según su página web.
«Su actividad se debe a la ausencia de una jurisdicción internacional competente que se pronuncie en los casos de justicia de los pueblos. En sus sentencias, el Tribunal no se limita a la aplicación de las normas existentes, sino que destaca vacíos y límites del sistema internacional de protección de los derechos humanos con el fin de trazar su evolución», añade.
De Bolsonaro al Sáhara
El tribunal tiene competencia para pronunciarse sobre crímenes de Estado, contra la paz y la humanidad, crímenes de genocidio y violaciones graves y sistemáticas de los derechos y de las libertades de los individuos, pueblos y minorías.
Además, en los últimos años ha abierto nuevas líneas de investigación, como los crímenes ecológicos o los económicos y corporativos.
Desde que sus inicios ha dedicado sesiones a la violencia de Estado y medioambiental en Papúa Occidental, al asesinato de periodistas, a las intervenciones de Estados Unidos en Nicaragua o a los crímenes de lesa humanidad en la antigua Yugoslavia.
También concluyó en 2022 que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, incurrió en crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos humanos por su cuestionada gestión de la pandemia de la covid.
Además de la que acaba de concluir sobre la violación sistemática de los derechos de las mujeres en Afganistán, ha habido otras sesiones celebradas en Madrid, como la de 1983 que concluyó que todos los gobiernos de Guatemala desde 1954 hasta entonces habían sido «culpables de violaciones graves, reiteradas y sistemáticas de los derechos del hombre».
La primera sesión de todas, celebrada en Bruselas en 1979, versó sobre el Sáhara Occidental y sentenció que su pueblo tenía «derecho a determinar libremente su estatuto político y a elegir su propio sistema económico y social». EFE
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