La investigación del atentado de Omagh escuchará a las víctimas, dos de ellas españolas

Dublín, 22 jun (EFE).- El tribunal especial que investiga el atentado de Omagh (1998), en el que murieron 29 personas, dos de ellas españolas, reanudará este próximo lunes en esa localidad de Irlanda del Norte sus sesiones con las intervenciones de los representantes legales de las víctimas.

Esta pesquisa independiente, ordenada por el Gobierno británico ante la presión de las víctimas, arrancó el pasado enero para determinar si pudo prevenirse la acción terrorista más sangrienta en la historia del pasado conflicto en la región.

Entre los fallecidos en el atentado, perpetrado el 15 de agosto de 1998 en centro de Omagh por el IRA Auténtico, una escisión del ya inactivo IRA opuesta al proceso de paz, figuraban el niño Fernando Blasco Baselga, de 12 años, y la monitora Rocío Abad, de 29.

Ambos formaban parte de un grupo que realizaba un curso de verano en la República de Irlanda y que ese día cruzó la frontera para visitar Irlanda del Norte, envuelta en aquellos días en un clima de optimismo tras la firma cinco meses antes del acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin a más tres décadas de violencia.

Los representantes legales de los llamados ‘Participantes Principales’ tomarán la palabra durante este lunes y martes, cuando podrán asimismo ejercer ‘derechos especiales’, según los términos fijados para esta investigación.

A través de estos letrados, los representados podrán, por ejemplo, recibir documentación, presentar argumentos legales, sugerir preguntas y recibir notificación previa sobre el informe de la pesquisa.

La familia Abad estará representada por el abogado John Fox, mientras que a la familia Blasco la asesora la firma ‘Michael Donaghy of Campbell & Haughey’.

El Ejecutivo británico anunció en 2024 que esta investigación pública se centrará sobre cuatro áreas clave para determinar si pudo prevenirse.

Este tribunal establecido en la localidad norirlandesa de Omagh (oeste) -presidido por Andrew Turnbull, miembro de la Cámara de los Lores- examinará los asuntos clave identificados por el Tribunal Superior de Belfast en 2021.

Aquel dictamen determinó que había «argumentos plausibles de que el atentado podría haberse evitado», al tiempo que pidió una investigación independiente, tal y como han reclamado también las familias de las víctimas durante años.

En particular, el Tribunal Superior planteó dudas sobre la gestión e intercambio de información por parte de los servicios de inteligencia, tanto en Irlanda del Norte como en la vecina República de Irlanda.

Hasta la fecha solo dos hombres han sido acusados por aquella acción terrorista, pero los errores e irregularidades cometidos por la Policía norirlandesa (PSNI) e irlandesa (Garda) durante sus pesquisas obligaron a las autoridades a ponerles en libertad. EFE

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