La junta birmana otorga licencias de armas para civiles «afines» al régimen
(Actualiza con declaraciones del Gobierno paralelo)
Singapur, 14 dic (EFE).- La junta militar birmana ha reelaborado una ley revocada hace décadas para conceder permisos de armas a los civiles «leales» al régimen, un paso que se teme agrave aún más el estado de conflicto y anarquía en el que vive inmerso el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021.
El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, confirmó este martes a EFE la iniciativa de los militares, recogida en un documento originado por el régimen castrense que especifica algunos puntos de la nueva ley, que en principio entró en vigor el pasado enero.
Según el documento, del que se hacen eco medios locales independientes como The Irrawaddy, los ciudadanos de 18 años «leales» al régimen militar podrán solicitar licencias para cinco tipos de armas diferentes, entre ellas pistolas y rifles de caza.
Las armas, según The Irrawaddy, solo serán accesibles para los civiles que estén de acuerdo en participar en «actividades» de refuerzo de seguridad promovidas por la junta, y serán únicamente destinadas a quienes se opongan a «terroristas» e «insurgentes».
La normativa recoge y amplía algunos preceptos de una ley de 1977 -elaborada durante la junta militar de aquel periodo (1962-2011)-, que fue revocada tras el levantamiento prodemocrático de 1988, momento a partir del que solo se había permitido a personal militar jubilado y casos muy específicos la posesión de armas.
EL EJÉRCITO, FALTO DE PERSONAL
La extensión a «leales» al Ejército (Tatmadaw) del derecho a poseer un arma en Birmania aparece en un momento delicado para las fuerzas armadas, que según expertos están necesitadas de personal y solo dominan alrededor de la cuarta parte del país, perdiendo terreno en zonas clave.
Los principales responsables de que el Tatmadaw tenga más dificultades de lo previsto para imponerse son las fuerzas para la defensa del pueblo (PDF), un movimiento rebelde predominantemente joven surgido tras la asonada y tachado de «terrorista» por la junta, contra quienes en parte iría pensada la ley.
Las PDF nacieron bajo el amparo del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), constituido en parte por exmiembros del Legislativo derrocado por los militares, que se declara la voz legítima de Birmania desde la semiclandestinidad.
El Ministerio de Información y Cooperación del NUG denunció en un comunicado enviado a EFE que la nueva ley de armas sirve para que «el Ejército delegue el trabajo sucio a milicias terroristas», y de que «empezarán a dar armas a civiles leales» ante la «acuciante falta de efectivos».
La divulgación de la norma se produce asimismo después de que el 1 de febrero, al cumplirse dos años del golpe, la junta militar decidiera alargar seis meses más el estado de emergencia, lo que genera incertidumbre sobre las elecciones inicialmente previstas antes del próximo agosto y el futuro del país.
Según la ONG birmana Asociación de Asistencia a Presos Políticos, cerca de 3.000 personas han muerto en manos de las fuerzas de seguridad birmanas y más de 20.000 han sido detenidas desde el golpe, entre ellas la exlíder de facto, Aung San Suu Kyi, encarcelada desde entonces .EFE
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