Los intocables de la trata de personas en Rumanía
“Quiero que pague por todo lo que he sufrido”. Una rumana obligada a prostituirse espera que su antiguo proxeneta sea condenado, pero pocas veces se hace justicia en los casos de trata de personas.
“Me pegó hasta que mi cara quedó completamente magullada, casi me mata”, afirma esta superviviente de 24 años, alojada en un centro de acogida del norte de Rumanía. Se esfuerza por no llorar. “No aguantaba más e intenté suicidarme”, añade.
La AFP habló con víctimas de la trata en Rumanía, la mayoría de las veces mujeres y niños forzados a prostituirse, a mendigar o robar.
“Mucho trabajo, droga y palizas: si no hacía lo que me pedía o si el dinero que le llevaba no le bastaba, entonces me pegaba”, recuerda una mujer de 31 años, actualmente embarazada pero que desconoce quién es el progenitor de su hijo.
Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), a nivel mundial, solo una de cada 2.154 víctimas ve cómo la persona que abusó de es llevada ante la justicia.
Ya sea por falta de recursos, por ausencia de formación o por retractación de los testigos es excepcional ver que las denuncias conducen a penas de prisión. Por no hablar de los casos de complicidad de los investigadores, de la deficiente cooperación internacional o la obsolescencia de la legislación.
En un intento por explicar los fracasos judiciales en serie que escandalizan a la opinión pública, la AFP consultó cientos de páginas de documentos judiciales y se entrevistó con víctimas y sospechosos en diferentes regiones de Rumanía, un país donde la trata de personas persiste, 13 años después de su adhesión a la Unión Europea (UE).
– “Otro mundo” –
En Europa, las víctimas suelen provenir de las aldeas más pobres de los Balcanes y deben cruzar todo el continente, bajo amenaza, para llegar a las zonas más prósperas.
El año pasado, un juicio por tráfico de niños hacia el Reino Unido fue sobreseído después de nueve años de procedimiento. Rumanía no encontró un culpable, mientras que Inglaterra pronunció rápidamente un centenar de condenas.
Los jueces se defendieron acusando a los fiscales de haber hecho una chapuza en su investigación y diciendo que les habían pedido que la revisaran tres veces, en vano. Según ellos nunca se siguió una pista sobre los sobornos pagados a policías locales.
Los servicios sociales quisieron hablar con los menores, pero los investigadores se negaron, lamenta un funcionario local de protección de la infancia, Neculai Badea.
Uno de los principales sospechosos, absuelto durante el juicio, aceptó responder a las preguntas de la AFP. Constantin Dragusin, de 70 años, afirma que se le negó una confrontación con los menores y con sus padres.
“He trabajado toda mi vida, no he secuestrado ni reclutado a ningún niño”, asegura este hombre con 48 nietos, a la sombra de un árbol centenario, delante de su lujosa casa en Tandarei (sudeste).
Reconoce haber querido sobornar a los jueces. Pero los hombres de ley que “parecían haber sido elegidos por la mano de Dios” para evitar” (su) destrucción” no encontraron pruebas.
En otro caso, Francia ha condenado a una veintena de rumanos que obligaban a sus hijos a robar en el metro. En su país de origen, nueve sospechosos esperan todavía el veredicto, a pesar de las conversaciones telefónicas transmitidas por la policía de París.
En una de ellas se escucha a una madre decirle a su interlocutora, quien la previene del arresto de sus dos hijas adolescentes, que “las dejará donde están”, para “enseñarles [lo que pasa] si las pillan”.
Antes de ser enviadas a Francia, las jóvenes ya fueron sorprendidas varias veces robando en su ciudad natal, Iasi, en el noreste del país.
Según el acta de acusación consultada por la AFP, la fiscalía local abrió “más de 100 dosieres” por robos cometidos por los hijos de los nueve sospechosos. Pero según su abogado Ciprian Mitoseriu, “no hay pruebas suficientes” y “todo apunta a que los niños robaron por iniciativa propia”.
Ninguno fue llevado ante un tribunal hasta que Francia pidió una investigación conjunta.
Ninguno de los menores declaró contra su familia, porque “el maltrato físico y psíquico representa para ellos la normalidad”, afirma una psicóloga de protección de la infancia que ejerce en el sudeste de Rumanía, Mariana Neacsu.
“Les cuesta entender que más allá de las paredes de su hogar existe otro mundo, en el que se respetan sus derechos”, analiza.
– Corrupción –
Según los especialistas, estos ejemplos demuestran la incapacidad de Bucarest para proteger a los menores de los clanes familiares abusivos.
Y, según la responsable de una oenegé, se debe a la corrupción.
La fiscalía antimafia (DIICOT) reconoce en su informe anual que “algunos funcionarios, empleados municipales y policías han ofrecido protección” a las redes.
“Estas últimas disponen de enormes sumas de dinero que les permiten comprar una impunidad”. Una vez exculpados, emergen “fortalecidos en su comunidad”, lamenta Silvia Tabusca, quien dirige un centro que intenta luchar contra la trata.
Ella constata que los investigadores rara vez llegan al beneficiario final.
En su último informe sobre la trata, el departamento de Estado de Estados Unidos se alarma ante la “vasta complicidad”, ya que el número de inculpaciones se redujo de 400 en 2018 a 347 el año pasado.
El fenómeno está cruzando el Atlántico. Washington obtuvo recientemente la extradición de un traficante sospechoso de haber hecho entrar clandestinamente en Estados Unidos a miles de gitanos pobres, a los que luego se les obligó a mendigar.
El sospechoso y sus seis cómplices, que habrían ganado más de un millón de dólares según los investigadores estadounidenses, fueron todos ellos exculpados en Rumanía.
