Militares de Ecuador intervienen una zona de minería ilegal en el norte del país
Las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron el lunes un operativo, que incluyó bombardeos, contra la minería ilegal en la localidad de Buenos Aires, en el norte del país, informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
La zona de montañas escarpadas y rica en oro se convirtió desde 2017 en un foco de minería ilegal dentro de la andina provincia de Imbabura.
En 2019 el gobierno del expresidente Lenín Moreno desplegó unos 2.400 militares en la zona para intentar frenar la minería ilegal.
La operación del lunes «comenzó con fuego de mortero, seguido por fuego, bombardeo con los aviones Supertucano», dijo Loffredo en un video difundido por el ministerio de Defensa.
Agregó que el operativo continuará el martes con un recorrido por la zona para buscar posibles miembros «de grupos irregulares armados también que pueden haber cruzado desde la frontera con Colombia».
Las Fuerzas Armadas dijeron en X que la intervención se concentró en la «eliminación total de múltiples bocaminas ilegales» en las zonas conocidas como Mina Nueva y Mina Vieja.
El operativo coincidió con el ingreso de un convoy militar y policial a Imbabura. Esa provincia es desde el 22 de septiembre el principal foco de manifestaciones contra el presidente Daniel Noboa y su decisión de eliminar el subsidio al diésel.
El Ejecutivo sostiene que el fin del subsidio ayuda a combatir a las mafias que trafican combustible para actividades como la minería ilegal.
«Tenemos sospecha que estos grupos armados organizados están dando dinero para mantener a los manifestantes», expresó Loffredo en una rueda de prensa.
Convocados por la mayor organización indígena (Conaie), los manifestantes reclaman que el alza en el precio del diésel eleva el costo de vida. Además rechazan que el gobierno los tilde de «terroristas».
Tres semanas de protestas dejan al menos 120 detenidos y un indígena fallecido, según la Conaie, por disparos de militares. También 17 soldados fueron retenidos temporalmente en una comunidad.
La vicepresidenta, María José Pinto, estimó las pérdidas económicas por las manifestaciones en 42 millones de dólares.
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