Movimiento de Víctimas denuncia persecución y amenazas por parte de policías salvadoreños

San Salvador, 21 jul (EFE).- El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y otras organizaciones denunciaron este viernes persecución y amenazas contra activistas salvadoreños de derechos humanos por parte de policías.

Indicaron que han sufrido «hechos de persecución, acoso e intento de capturas a miembros del MOVIR por parte de agentes policiales el pasado 7 de julio de 2023, después de realizar una concentración».

«Ese día se obstaculizó el derecho de reunión pacífica y concentración de miles de familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción que ya tiene 16 meses, en el que se continúan cometiendo capturas arbitrarias», según un comunicado.

El MOVIR surgió en el marco del régimen de excepción, aprobado por el Congreso para combatir a las pandillas, pero que ha dejado 5.490 «víctimas directas», la mayoría por detenciones arbitrarias.

Este Movimiento ha acompañado a familiares de los detenidos antes diversas instituciones, donde han defendido su inocencia.

Las organizaciones también denunciaron que el Instituto de Medicina Legal (IML) mantiene un «ocultamiento de las cifras de graves violaciones a derechos humanos que el Estado ha cometido contra personas inocentes» y que fallecieron en prisiones.

MOVIR y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) solicitaron al IML la cifra de fallecidos durante el régimen en prisión, la que les fue negada.

«Exigimos que no se persiga, vigile o acose a los familiares de detenidos del régimen y miembros del MOVIR, así como a periodistas», indicaron en el comunicado, firmado además por la organización Tutela Legal «María Julia Hernández».

Se sumaron el Servicio Social Pasionistas (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca)

Demandaron también que «se entregue la información de las personas asesinadas dentro de los centros de detención y se permita la visita al país de la CIDH y demás relatores u órganos de Naciones Unidas para verificar la situación de personas víctimas del régimen de excepción».

El Congreso, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó la medida de excepción tras una escalada de asesinatos en marzo que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días y que se a ampliado en 16 ocasiones por términos de 30 días. EFE

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