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Penas más duras para los violadores de la niña marroquí: ¿cambio o excepción?

Mohamed Siali

Rabat, 15 abr (EFE).- La justicia marroquí reaccionó esta semana a la polémica desatada en el país tras las laxas sentencias a tres violadores de una niña de 11 años endureciendo sus condenas, pero la aplicación a la baja de estas penas sigue siendo un problema en Marruecos, dicen los defensores de la mujer y la infancia del país.

La decisión del Tribunal de Apelación de Rabat este viernes de elevar desde 1 año y medio y 2 años de cárcel a entre 10 y 20 años de prisión las penas emitidas contra los tres violadores fue bien acogida por la sociedad civil marroquí y despertó esperanzas de que no sea una excepción.

Las polémicas en torno a menores violadas no son nuevas en Marruecos. En 2012, Amina Filali, una joven de 16 años, se suicidó ingiriendo matarratas después de que su familia le obligara a casarse con su violador.

PENAS LAXAS

Ahora, la niña en el centro del debate tiene 13 años, quedó embarazada y tuvo hace un año un bebé después de sufrir los abusos de tres vecinos: Abdeluahed B. (de 29 años y que según la prueba del ADN es el padre biológico del bebé), Karim A. (36 años) y Yusef Z. (22 años y sobrino de Karim).

Dos de los condenados viven a apenas 30 metros de la casa de la menor, situada en una pequeña aldea rural cercana a la localidad de Tiflet, 70 kilómetros al este de Rabat.

El juez de primera instancia redujo la pena prevista para la violación en el Código Penal marroquí (de entre 5 y 30 años) aplicando tres atenuantes, entre ellas considerar que el castigo marcado por ley es demasiado duro para los hechos cometidos.

Durante la vista de apelación, que duró once horas y cuya sentencia salió de madrugada, el fiscal pidió la pena máxima (30 años para Abdeluahed por la agravente de «desfloración» -rotura del himen- y 20 para los otros dos). «Y, si existiera en la ley la pena de muerte para estos casos, lo hubiese solicitado», añadió firme.

Al conocer el caso, el ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, prometió penas más duras en la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno, pero para los activistas se trata de aplicar las actuales y eliminar la posibilidad de aplicar atenuantes.

La activista de «Masaktach» («No me callo») Loubna Rais, lamenta que, tal y como muestra un estudio de esta plataforma sobre 1.200 sentencia, al 80 % de los violadores en Marruecos se les condena a penas inferiores a los 5 años de cárcel.

Solo un 20 % de los sentenciados recibe condenas de 5 o más años, la pena mínima establecida por la legislación marroquí para los violadores.

En 2015, otra mujer marroquí, Asmae Krites de 38 años, se suicidó en la localidad de Souk el Arba de Gharb, situada a unos 100 kilómetros al norte de Rabat, después de que el hombre que la violaba repetidamente no fuese detenido por la policía a pesar de haberle denunciado.

¿HABRÁ CAMBIO?

Es necesario, apunta Amina Khalid, presidenta de la ONG «Insaf» (Equidad), que proporciona asistencia social a la niña de Tiflet, que los jueces marroquíes entiendan la gravedad del delito y se den cuenta de que sentencias laxas solo animan a los criminales.

Un reciente informe del Consejo Nacional marroquí de Derechos Humanos (CNDH, estatal) que analiza 180 sentencias entre 2018 y 2022 en casos de violencia contra mujeres y niñas indica que al 54 % de las víctimas no les asistió un abogado.

En los procesos de violencia machista, la legislación marroquí estipula que la defensa es obligatoria para los acusados y facultativa para las supervivientes. El estudio también revela que un 60 % de los acusados fueron procesados en libertad provisional.

«La justicia se logra raramente en los casos de violencia contra la mujeres y las niñas», afirmó este martes la presidenta del CNDH, Amina Buayach, un fenómeno que atribuye a la tipificación incorrecta de los hechos, a la aplicación de atenuantes y a las presiones que se ejercen sobre las víctimas para retirar sus denuncias.

Atifa Timjerdine, coordinadora del colectivo Primavera de la Dignidad, que agrupa a veinticinco asociaciones feministas, explicó a EFE que el endurecimiento por el Tribunal de Apelación de la penas contra los violadores de la niña de Tiflet supone una «ruptura».

La activista feminista agregó que este caso influirá en la Código Penal, que prepara actualmente el Ejecutivo, para reducir el poder discrecional de los jueces y evitar las lagunas legales que permiten la impunidad y la repetición de estos crímenes. EFE

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