Piden a Fiscalía de El Salvador abstenerse de apelar fallo a favor de líderes comunitarios

San Salvador, 2 oct (EFE).- La remota comunidad salvadoreña Santa Marta demandó este jueves a la Fiscalía General que se abstenga de apelar el fallo que absuelve a cinco líderes comunitarios y ambientalistas por el delito de asesinato de una mujer en el contexto de la guerra civil (1980-1992), un proceso catalogado por organizaciones de derechos humanos como «persecución política».

Un juzgado de Sentencia de El Salvador declaró el pasado 24 de septiembre el sobreseimiento de cinco ambientalistas y otras tres personas.

Es la segunda vez que un juzgado penal absuelve a los ocho procesados, dado que una cámara de apelaciones anuló el primer fallo y ordenó un nuevo juicio, que se celebró en julio pasado con todos los procesados juzgados en ausencia.

Alfredo Leiva, de la comunidad Santa Marta y miembro de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), destacó que la comunidad «aplaude la decisión del tribunal al declarar inocentes a los compañeros» y «demandamos a la Fiscalía que se abstenga de apelar el fallo».

Leiva apuntó que si el Ministerio Público apela la sentencia «pedimos a la cámara del (municipio) de San Vicente que no acepte esa apelación y de esa manera se cierre en firme la resolución de absolución de los cinco compañeros».

«Esta resolución reafirma lo que hemos manejado desde el principio del proceso, allá en 2023, que de lo que se trataba era de un acto de criminalización contra el activismo ambiental, dado que la Fiscalía no pudo demostrar ni siquiera que el caso existió mucho, menos vincular a los compañeros en el hecho», manifestó el miembro de ADES en una conferencia de prensa en San Salvador.

Reiteró que «el llamado es para que la Fiscalía se abstenga y deje de seguir utilizando recursos del Estado para financiar estos procesos que solo buscan la persecución en el sentido de allanar el camino para que empresas extractivistas vengan al país y deterioren el ya deteriorado medio ambiente que tenemos».

«El llamado a la autoridades para que se abstengan de seguir criminalizando a defensores de derechos humanos y del medio ambiente, pero también a la sociedad salvadoreña a romper el miedo y a denunciar este tipo de hechos», añadió.

Los ambientalistas que enfrentaron el proceso son Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, y a quienes se les procesó desde enero de 2023.

Además, se juzgó a Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.

La Fiscalía General señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989.

Entre tanto, Morena Murillo, representante de la organización Foro Nacional de Salud, señaló que las organizaciones sociales salvadoreñas «estamos muy contentas por la decisión que se tomó en el caso de los compañeros de Santa Marta por ser una decisión justa e independiente».

Pero, amplió, «no estamos contentos con todo el proceso y tenemos esperanzas que los compañeros salgan libres definitivamente y se abstenga la Fiscalía de apelar la resolución que bien han dado».

Además, Murillo expresó que se sienten «preocupados por los muchos otros casos de persecución y criminalización de defensores de derechos humanos, ambientalistas y de periodistas» en El Salvador. EFE

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