Presidente de tribunal de Ecuador anuncia acciones legales por remoción del cargo

Quito, 13 ago (EFE).- Fernando Muñoz anunció este martes acciones legales por la «nula» e «ilegal» -según dijo- remoción de su cargo como presidente del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) por parte de tres de los cinco jueces de ese organismo.

Muñoz comentó que los jueces se reunieron el lunes «sin convocatoria previa, sin orden del día, sin secretario y dicen haber expedido una resolución en la que me remueven de mi cargo».

«Mi cargo no es de libre remoción, mi cargo es para tres años según la Constitución y el propio Código de la Democracia, de manera que ese acto es totalmente nulo, ilegal», señaló en la televisión Teleamazonas.

Insistió en que «no se ha producido ninguna remoción y más bien los actores de este hecho tendrán que responder ante las autoridades», pues «esto es un atentado a la democracia».

En una accidentada sesión el lunes, los jueces cuestionaron el accionar de Muñoz en el cargo.

«Los proyectos de sesiones para las jurisdiccionales se han visto entrampados por ciertas posiciones. Teníamos un grave problema, quien ejerce la presidencia es quien convoca al tribunal, y teníamos desfases nosotros como jueces de cómo estaban siendo también tramitados nuestros proyectos», dijo la juez Ivonne Coloma.

Coloma -quien en esa sesión fue designada presidenta del TCE- señaló que «cuando un juez entrega un proyecto, es obligación del juez convocarlo, y no lo estaba realizando».

Muñoz comentó este martes que los jueces pidieron el pasado jueves una reunión para el lunes en la que planteaban su remoción y apuntó que es el presidente del organismo el que señala el orden del día y el que convoca de acuerdo a la naturaleza de los pedidos.

«¿Cómo se puede decir que ha actuado indebidamente porque no convoco a una reunión en la que me van a remover sin prueba alguna? No he recibido ninguna prueba, ningún informe sobre mi gestión», dijo.

Para Muñoz detrás de su remoción está la «mera ambición de este trío que se ha reunido el día de ayer y ha pretendido designar autoridad».

¿Usurpación de funciones?

Muñoz apuntó que si Coloma se mantiene en la designación de los tres jueces, «está incurriendo en un delito de usurpación de funciones».

Reveló que se ha presentado la denuncia por usurpación de funciones en la Fiscalía, y avanzó que presentarán una acción de protección para, con una medida cautelar, «suspender cualquier acción administrativa que la pseudopresidenta ha implementado, despidiendo frenéticamente a funcionarios».

«También activaremos a la Contraloría para que tome cuentas y haga un examen de estas actuaciones», indicó.

Entre otros casos, el TCE tiene en análisis una causa contra la vicepresidenta del país, Verónica Abad, por supuesta infracción electoral, y si la pierde no podrá ejercer cargos públicos, por lo que tampoco podría asumir temporalmente la Presidencia cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, pida licencia para hacer campaña con miras a los comicios de 2025, en los que buscará la reelección.

Además, ante el TCE Abad denunció, por supuesta violencia política de género, a Noboa, quien la envió a Israel como embajadora, con lo que se evidenció el distanciamiento que mantenían desde inicios de la campaña para el balotaje.

La violencia política de género es considerada como una infracción electoral muy grave, según el Código de la Democracia, y puede ser sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

«Todos los procesos jurisdiccionales continuarán con sus tiempos previstos de la ley. La responsabilidad de los jueces tiene que dejarse ver y superar este problema, de manera que ningún caso va a ser postergado», dijo Muñoz sin mencionar fechas exactas.

Para Muñoz, la «quiebra» ocurrida en el TCE «generará alertas internacionales sobre la idoneidad» del TCE en las próximas elecciones. EFE

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