
Reclaman al Gobierno de Perú un mayor presupuesto contra la trata de personas
Lima, 23 sep (EFE).- La organización Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) reclamó la necesidad de destinar un mayor presupuesto en Perú contra la trata de personas, después de que en 2024 se destinasen 2,6 millones de soles (unos 751.000 dólares) a la Política Nacional frente a la Trata de Personas.
Con motivo del día nacional contra la trata de personas, CHS Alternativo incidió en que esa partida, equivalente al 0,001 % del presupuesto general del Estado, debe responder a políticas contra la trata y sus formas de explotación hasta el año 2030,.
«Esta cifra refleja la escasa prioridad que el Estado le da a un delito que afecta sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes”, señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.
La organización apuntó que «la cifra es irrisoria si se compara con el presupuesto del Congreso, que en la última década se ha incrementado a 1.400 millones de soles (unos 400 millones de dólares) y solo para el seguro médico de sus miembros prevé 9,5 millones de soles (2,71 millones de dólares) en 2025.
En su comunicado, la CHS Alternativo solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio del Interior, el diseño de un programa presupuestal multisectorial para poner en marcha la referida Política Nacional, según recoge la Ley 28950, modificada en 2019 mediante la Ley 30925.
«En el ámbito subnacional, son pocas las instancias que asignan recursos o inversión pública para enfrentar el crimen», expresó la organización en su denuncia.
«La falta de presupuesto limita la atención y reintegración de las víctimas, retrasa el retorno de niñas, niños y adolescentes a sus hogares, prolonga su estancia en centros temporales, reduce los equipos técnicos especializados y restringe las estrategias de autonomía», explicó.
Normalizar la violencia
Desde el 2020 a junio del 2025, la Fiscalía de Perú contabilizó más de 13.600 víctimas de trata de personas, agudizado con la expansión de redes criminales vinculadas a economías ilícitas como la minería ilegal o el narcotráfico, aprovechando la pobreza, la informalidad y la debilidad del Estado.
Según denunció la organización, el avance de la trata está además ligado a la normalización de la violencia de género.
Una estudio del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en 2024 reportó que la tolerancia social hacia la violencia aumentó de 58,9 % a 75m7 %, con tres de cada cuatro personas justificando o minimizando las agresiones, el 71,3 % que aprueba actitudes sexistas y más de la mitad de los hombres (56,5 %) justificando la violación sexual.
En este contexto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó el pasado año 168.492 casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, un incremento de 1,5 % respecto al año anterior.
Pese a ello, la CHS denunció en su pronunciamiento la falta de acción del Estado y la escasa accesibilidad a la justicia para las víctimas, con 7.790 denuncias por trata de personas, pero solo 498 casos (en torno al 6,4 %) terminaron en sentencia, según registraron datos del Ministerio Público, entre 2020 y 2025. EFE
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