Revisión de los derechos populares
Los suizos han votado la ampliación de dos pilares del sistema político del país: la iniciativa y el referéndum.
Las primeras proyecciones indican que los electores han aceptado las propuestas para modificar el funcionamiento de la democracia directa.
Los electores helvéticos disponen de dos instrumentos que les permiten acudir con mayor frecuencia a las urnas que el resto de los europeos.
El referéndum facultativo (legislativo) contempla la posibilidad de que un grupo o partido pueda exigir una votación nacional sobre una modificación legislativa aprobada por el Parlamento. La condición es reunir las firmas de 50.000 ciudadanos en el plazo de 100 días, a partir de la publicación oficial de la ley.
En el caso de la iniciativa popular (constitucional), lo que se presenta es un proyecto de artículo constitucional ya redactado, que se somete a votación si cuenta con el apoyo de 100.000 ciudadanos y si las firmas se logran reunir en el plazo de 18 meses.
Estos dos pilares de la democracia directa están inscritos en la Constitución desde 1874. Desde esa fecha, el número de firmas necesario no se ha adaptado al crecimiento demográfico.
Las dos novedades de la propuesta
Uno de los objetivos de la ‘iniciativa general’ que se vota este domingo es evitar que se conviertan en artículo constitucional asuntos que deberían reglamentarse mediante ley o decreto.
Lo que la diferencia de la ‘iniciativa popular’, hoy en vigor, es que los signatarios delegan al Parlamento la redacción definitiva del texto de la normativa, así como la elección del método más adecuado para su vigencia. El Legislativo decidirá si el objeto de la iniciativa es digno de una enmienda constitucional, o si procede promulgar una ley o decreto.
En caso de desacuerdo, los promotores de la iniciativa podrán recurrir ante el Tribunal Federal, la más alta instancia judicial helvética, contra el texto elaborado por el Legislativo.
El objetivo es evitar continuas enmiendas constitucionales, pero los expertos dudan que la iniciativa general sea un método eficaz. Además, su lanzamiento requiere el mismo número (100.000) que la iniciativa constitucional hoy en vigor. Por esa razón, muchos estiman que los ciudadanos preferirán también en el futuro un artículo constitucional vinculante.
La otra novedad es que todos los tratados internacionales deberán ser sometidos al referéndum obligatorio, es decir, votados en las urnas. En el pasado, por ejemplo, el Parlamento ratificó la Convención Internacional contra la Discriminación Racial sin consultar al pueblo. Con esta modificación se consultará más a menudo a los electores.
Posición de los partidos
La mayoría de los partidos de centro-derecha respalda la revisión; los socialistas y verdes la rechazan. En su opinión, la propuesta no logra poner fin a las carencias históricas de la participación de los electores en el proceso de decisión.
Además, el voto por correspondencia ha eliminado el paso obligatorio por los colegios electorales, que tradicionalmente han sido los centros cruciales para la recolecta de firmas.
Otro argumento, según los adversarios, es que el éxito en las urnas de un referéndum o una iniciativa depende cada vez más de los recursos financieros de los que dispongan sus promotores.
El Parlamento y el Gobierno respaldan la propuesta.
swissinfo, Belén Couceiro
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