Singapur acelera las ejecuciones por narcotráfico y bate récords anuales, según ONG
Bangkok, 15 oct (EFE).- Singapur ahorcó este miércoles a dos personas condenadas por narcotráfico, el método empleado por la próspera ciudad-Estado asiática, en una escalada de ejecuciones en la isla que ONG consideran inédita desde hace más de dos décadas.
La agencia antinarcóticos isleña indicó en su web que dos singapurenses de 64 y 50 años fueron ejecutados hoy después del «debido proceso legal» y de que «estuvieran representados por un abogado durante el juicio y la apelación».
«Se trata del mayor número de ejecuciones en un año desde 2003 y podría haber más antes de que termine 2025», dijo a EFE esta semana Kokila Annamalai, de la oenegé Transformative Justice Collective (TJC), que pide abolir la pena de muerte en Singapur, y que anticipó que con las de hoy van catorce este año.
Las autoridades antinarcóticos, por su parte, han informado de doce desde enero, mientras ONG como TJC denuncian la opacidad de las ejecuciones y que el Gobierno isleño no siempre informa de todas.
En cualquier caso, la cifra es un aumento en contraste con las ejecuciones de años anteriores y superaría al récord previo del que tienen constancia grupos, entre ellos Amnistía Internacional (AI): 13 en 2003.
Una mujer entre los ejecutados, según ONG
De acuerdo con la Alianza Contra la Pena de Muerte, que engloba a varias ONG, entre ellas TJC, uno de los ejecutados hoy fue el singapurense Hamzah Bin Ibrahim, condenado a muerte en 2017 por traficar con 26,29 gramos de heroína, y el otro es una mujer, acusada en el mismo proceso.
«Hamzah y la última mujer en el corredor de la muerte fueron ejecutados esta mañana. Vengan esta tarde a velarlos», señaló en un mensaje en Instagram la Alianza Contra la Pena de Muerte.
Previamente, Kokila había indicado a EFE que Hazmah tiene un coacusado que sería «ejecutado el mismo día», sin precisar el sexo, que tampoco especificó la oficina antinarcóticos.
«No sabemos mucho sobre ella», dijo hoy por su parte a EFE Kirsten Han, una de las activistas más prominentes de Singapur contra la pena capital, quien también indicó que era la última presa en el corredor, donde se estima que hay medio centenar de hombres.
En julio de 2023, Singapur ejecutó a una ciudadana de la isla por traficar con alrededor de 30 gramos de heroína, convirtiéndose entonces en la primera mujer en ser ahorcada en casi dos décadas.
Alarma y presiones
«Los abolicionistas estamos muy alarmados por la oleada de ejecuciones que está llevando a cabo el Estado (…) impuestas abrumadoramente a traficantes de drogas de entornos marginados», señaló a EFE Annamalai.
Las de hoy son la tercera y cuarta ejecución en menos de un mes contra presos condenados por tráfico de drogas, con la anterior hace una semana, la del malasio Pannir Selvam Pranthaman.
Al elevado ritmo de ejecuciones se suma un aumento de la presión contra los grupos que las denuncian, como TJC, con sede en Singapur.
La ONG indicó en enero en su cuenta de Instagram que dejaba de publicar en redes sociales hasta diciembre de 2026 porque habían recibido una notificación de la oficina que gestiona la ley de Singapur contra falsedades y manipulación en línea (POFMA).
Criticada por opositores y activistas, se trata de una ley de 2019 que otorga al Gobierno la potestad de decidir qué información es catalogada como falsa y contempla penas de cárcel para sus infractores.
Mientras, Singapur, gobernado de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos.
Con uno de los PIB per cápita más altos del planeta, la nación asiática tiene una de las leyes anti droga más draconianas del mundo y contempla la pena de muerte por ahorcamiento a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos judiciales denunciados como poco transparentes.
«Singapur debe poner fin al uso de la pena de muerte y, en su lugar, ofrecer una protección eficaz contra los daños relacionados con las drogas», reclamó hace una semana Chiara Sangiorgio, de AI, en un comunicado.
«La evidencia disponible no respalda su uso como medida disuasoria», apuntó por su parte la delegación de la UE en Singapur la semana pasada en un comunicado, instando a la isla a introducir una «moratoria como primer paso hacia la abolición». EFE
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