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Amnistía Internacional DD HH: "Transformar el dolor en esperanza"

El combate contra la tala ilegal en la Amazonía brasileña ha costa la vida de 900 activistas desde 1980.

El combate contra la tala ilegal en la Amazonía brasileña ha costa la vida de 900 activistas desde 1980.

(Reuters)

En 2005, a Luciano Romero le asestaron 45 puñaladas. ¿La causa? Su defensa de los derechos de los trabajadores. Un juicio se prepara en Suiza contra Nestlé, empresa en la que laboraba y a la que se acusa de negligencia.

Mientras tanto, otros sindicalistas colombianos han recibido amenazas de muerte. Miles de líderes obreros han sido asesinados en los últimos años en ese país. 29 en 2011.

Amnistía Internacional Suiza lanzó una “acción urgente”, mecanismo a través del cual, la organización moviliza hasta a 100 mil personas a través del mundo para enviar mensajes a las autoridades concernidas y pedirles que adopten las medidas necesarias de protección en favor de las personas en riesgo.

Las acciones urgentes de AI son interminables y se suman a una estrategia similar: el maratón de cartas. Ahora mismo, la ONG solicita el apoyo internacional para la defensa de Laísa Santos Sampaio, profesora brasileña que lucha contra la explotación ilegal de la Amazonía.

“Me han condenado a muerte”, señala esta activista, madre de 8 hijos, cuyos hermana y cuñado forman parte de las 900 víctimas fatales de los taladores ilegales desde 1980, 20 en los últimos dos años.

La deforestación ilegal, la explotación minera, los monocultivos extensivos o los megaproyectos de diversa índole han incidido en detrimento de comunidades campesinas, indígenas y/o afro descendientes en diversos países americanos. 

Prosperidad pero con DD HH

En marzo pasado, en vísperas de la VI Cumbre de las Américas, AI denunció  “las políticas de desarrollo que dejan a muchos, en especial a aquellas personas que viven en la pobreza y en comunidades marginadas, en riesgo de mayor explotación, sufrimiento y abuso”.

La ONG advirtió que “la prosperidad solo es posible si los Estados respetan los derechos humanos” y exhortó a los jefes de Estado del continente americano a redoblar su compromiso con esas garantías fundamentales.

En forma previa a la celebración este lunes del Día Internacional de los Derechos Humanos, la ONG publicó el informe “Transformar Dolor en Esperanza. Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en América” en el que ratifica su llamado y alerta sobre los ataques contra las personas comprometidas con el respeto a la dignidad humana.

Agresiones e impunidad

“En América, las defensoras y los defensores han contribuido de forma fundamental al avance de los derechos humanos. Sin embargo, al tiempo que ganan fuerza las reivindicaciones de derechos humanos en toda la región, quienes lideran este clamor siguen sufriendo amenazas y violencia”.

A través de 300 casos (de los cuales solo en cuatro los responsables directos fueron condenados) analizados entre 2010 y 2012 en 15 países del continente, el texto muestra el amplio espectro de violaciones de los derechos humanos que sufren aquellos que intentan proteger esas garantías fundamentales: intimidaciones, hostigamientos, acusaciones falsas, criminalizaciones, asesinatos…

“El tipo de abusos puede variar, pero el propósito de los detractores y agresores es siempre el mismo: silenciarlos e impedir que lleven a cabo su legítimo trabajo”, acusa el informe. “Al silenciarlos, los autores de los abusos no acallan una voz, sino las voces de víctimas y sobrevivientes que piden justicia”.

Las agresiones contra las defensoras y defensores de los derechos humanos provienen de diversos actores: las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares o el crimen organizado. Los ataques pueden traducirse en amenazas, intimidación, acusaciones falsas, acoso judicial u homicidios, precisa AI.

Caso paradigmático

Con el empleo de las fuerzas armadas para reprimir el narcotráfico en México, aumentó el número de denuncias por diversas formas de abusos, como fue el caso de Inés Fernández  y Valentina Rosendo, torturadas y violadas hace 10 años por el ejército. La falta de respuesta de las autoridades legales las llevó a denunciar las agresiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció en su favor.

El suyo resulta un ejemplo paradigmático, tanto por el valor y la tenacidad en la búsqueda de justicia (aun cuando no se han implementado todas las medidas de reparaciones propuestas por el organismo internacional), como por la múltiple discriminación de que fueron objeto en su calidad de mujeres,  indígenas y pobres.

Las violaciones sexuales de mujeres y niñas han sido denunciadas en muchos países del continente americano y son cometidas por diversas actores. Amnistía Internacional publicó un informe intitulado "Colombia: Invisibles ante la Justicia. Impunidad por actos de Violencia Sexual en el Conflicto: Informe de Seguimiento".

El texto da cuenta de que esas agresiones son y siguen siendo “una tragedia para los derechos humanos” en gran medida oculta.

Crimen de lesa humanidad

La ONG lanzó una campaña en pro de las víctimas sexuales en los conflictos armados, que arrancó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pasado 25 de noviembre y concluye este lunes.

“La violencia sexual en Colombia se ha practicado por todos los actores armados, tanto los actores legales, como los ilegales, como una estrategia de guerra, y constituye también, desde nuestra perspectiva, un crimen de lesa humanidad, en tanto que nosotras consideramos que su práctica ha sido generalizada y, sobre todo, sistemática en el país”, acusa la ONG.

Mensaje de tolerancia

En su informe sobre la situación en el continente americano, AI puntualiza que los blancos recurrentes de los ataques contra defensoras y defensores de los derechos humanos son aquellas personas involucradas en asuntos vinculados con temas de la tierra, recursos naturales, derechos de la mujer, Lesbianas, Gays. Bisexuales y personas transgénero (LGBT), migrantes, o bien abogados que atienden acusaciones de abusos, sindicalistas, periodistas y blogueros.

El informe recuerda la obligación de los Estados y las empresas con el respeto a los derechos humanos y advierte que su incumplimiento envía a los agresores un mensaje de tolerancia. Las denuncias que no son atendidas o la protección que se niega a las personas amenazadas, pueden ser fatales:

A Luciano Romero lo habían amenazado de muerte, pero no se atendieron sus reclamos...

Recomendaciones (extracto)

Amnistía Internacional insta a las autoridades nacionales y federales de América a:

Poner fin a los ataques, la violencia y otros abusos cometidos por actores estatales y no estatales contra defensoras y defensores de derechos humanos en América y tomar todas las medidas necesarias para que defensoras y defensores puedan llevar a cabo libremente su trabajo legítimo de derechos humanos.

Reconocer a las defensoras y los defensores de derechos humanos como actores

legítimos y fundamentales y aceptar públicamente la legitimidad y pertinencia de su trabajo.

Este reconocimiento puede ser especialmente importante para quienes defienden los

derechos humanos en el ámbito local o en relación con personas en situación de vulnerabilidad, exclusión o discriminación.

Tomar todas las medidas necesarias para sensibilizar plenamente a las autoridades, en todos los niveles, sobre el concepto de defensor de derechos humanos y sobre las normas internacionales que protegen a estas personas, en particular la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

Escuchar y responder de forma efectiva a las informaciones y recomendaciones de las

defensoras y los defensores de derechos humanos. Mientras persistan los problemas de

derechos humanos en los que trabajan las defensoras y los defensores, probablemente

continúen los ataques contra ellos. Una forma efectiva de impedir más ataques contra

defensoras y defensoras consiste en responder a sus reivindicaciones de derechos humanos con medidas concretas.

Reconocer y crear un espacio para vías alternativas de defender los derechos humanos,

como las protestas pacíficas y las acciones públicas, pues son formas de reivindicación

legítimas e importantes y están previstas en el derecho internacional de los derechos

humanos. 

Amnistía Internacional insta a los actores no estatales pertinentes, en particular a las empresas privadas y a los consorcios de negocios que planifican o desarrollan proyectos, a:

Garantizar que sus actividades no vulneran los derechos humanos de otras personas, incluidos los de defensoras y defensores de derechos humanos.

Con este propósito, deben diseñar e implementar procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos que sean adecuados, a fin de detectar los riesgos que sus actividades o las de cualquier socio empresarial puedan suponer para los derechos de los habitantes de las zonas en que operan, así como para los derechos de defensoras y defensores, y poner en marcha medidas

destinadas a mitigar esos riesgos y a impedir abusos contra los derechos humanos.

 

Las empresas deben garantizar que se reconoce como actores legítimos e interlocutores válidos a quienes defienden los derechos humanos de individuos o comunidades que se vean afectados o es probable que se vean afectados por sus proyectos.

Fin del recuadro

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