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El suicidio asistido en la encrucijada

El suicidio asistido volverá a ser tema de actualidad en 2011.

El suicidio asistido volverá a ser tema de actualidad en 2011.

(Keystone)

Tras la absolución de una doctora acusada de practicar la eutanasia activa, el debate sobre la asistencia al suicidio vuelve a generar titulares en Suiza. Otra razón es que la nueva ministra de Justicia está analizado el tema y que en breve habrá votaciones cantonales al respecto.

En diciembre pasado, una doctora de Neuchâtel, antiguo médico cantonal, fue absuelta de cargos por haber ejercido la eutanasia activa. En concreto, habría ayudado a una mujer de unos 40 años a poner fin a su vida, cuya única perspectiva era morir asfixiada dada la gravedad de su enfermedad incurable.

El Tribunal de Boudry (cantón Neuchâtel), cuyo veredicto no es aún definitivo, ha considerado que la doctora no es culpable de “asesinato a pedido de la víctima”, tal como menciona el artículo 114 del Código Penal. Tampoco es responsable de haber practicado el suicidio asistido con móviles egoístas, según el artículo 115 del mencionado Código. En opinión de la Corte, la voluntad claramente expresada por la paciente no dejaba otra alternativa a la doctora que la de actuar como lo hizo, movida por compasión.

El veredicto ha suscitado una oleada de reacciones, mayormente positivas. La Conferencia Episcopal Suiza (CES), que hizo parte de sus inquietudes, fue una de las raras excepciones.

“Convencidos de que no existen situaciones en la vida humana que, por definición, sean indignas de ser vividas”, opina la CES, “rechazamos con vigor la idea de que existiría, en determinadas circunstancias, la necesidad de ayudar a morir a una persona. Y aún peor: que esta tarea sea asignada a los médicos”.

Intervenciones parlamentarias

 

El mencionado veredicto tuvo también consecuencias políticas. Dos senadores de habla francesa han presentado sendos postulados complementarios a la atención del Consejo Federal (gobierno).

El socialista de Neuchâtel Didier Berberat pide así al Gobierno suizo “examinar en un estudio las diversas vías que podrían permitir hallar soluciones a los problemas presentados por la aplicación del artículo 114 del Código Penal”.

“Mi objetivo no es autorizar la eutanasia activa directa”, explica el autor del texto, “ya que esto es un caso relativamente raro. En ningún caso se tratará de una ‘eutanasia de confort’ o de permitir al médico actuar cada vez que alguien sufra de males de amor, o sin sólidas causas justificadas”.

Condiciones estrictas

 

Didier Berberat enumera las restricciones posibles, que ya están mencionadas en las líneas directivas de las Comisiones de Ética. Es imperativo que la persona deseosa de morir padezca un mal incurable. Que el paciente se encuentre en fase terminal de su enfermedad. Que sufra de dolores insoportables y que sea capaz de discernimiento.

Estas condiciones son consideradas por la opinión pública como motivos justos para recurrir a la asistencia al suicidio, según todos los sondeos de opinión realizados en Suiza.

“Con el paso del tiempo, el número de personas favorables no ha cambiado casi nada: con una proporción de 3 a 1, los suizos siguen siendo favorables al suicidio asistido”, destaca el antiguo médico cantonal de Vaud Jean Martin, miembro de la Comisión nacional de Ética en el campo de la Medicina Humana (CNE).

El caso cambia de manos

 

La ex ministra de Justicia, Eveline Widmer-Schlumpf, quien acaba de asumir las riendas de la cartera de Finanzas, intentó en su momento dificultar el ejercicio del suicidio asistido. Sus dos propuestas centrales consistían en la prohibición pura y simple de la existencia de las organizaciones de asistencia al suicidio (como ser Exit y Dignitas) o como segunda opción ejercer un control mucho más estricto sobre ellas. Pero la cartera de Justicia ha cambiado de manos; su responsable ahora es la socialista de Berna Simonetta Sommaruga.

El portavoz de la Oficina Federal de Justicia, Folco Galli, no puede aún pronunciarse sobre los cambios que se avecinan en el ámbito del suicidio asistido. “Estamos trabajando en ello”, declaró.

El ecologista del cantón Vaud Luc Recordon, igualmente miembro del Consejo de los Estados (cámara alta del Parlamento) plantea a su vez el control de las organizaciones que practican la asistencia al suicidio. Pide garantías y soluciones que permitan asegurarse de que el suicidio asistido no se transforme en una actividad comercial.

No cerrar la puerta a los extranjeros

 

Pero algo más sorprendente en su alegato es que Recordon solicita la apertura de los servicios de las asociaciones de asistencia al suicidio a los extranjeros. Una práctica que ya ejerce la organización de Zúrich Dignitas, que causa en general una vasta reprobación. “Cuando el aborto estaba prohibido en Suiza, nos era de gran utilidad poder viajar y practicarlo en el extranjero”, recuerda Luc Recordon.

Recordon considera que, en general, la asistencia al suicidio “es practicada de forma correcta” en Suiza. Pero el senador considera que sería “razonable concretizar la necesaria ausencia de motivos egoístas”, tal como está formulado en el artículo 115 del Código Penal. En opinión de muchos fiscales suizos, dicho artículo no es lo suficientemente preciso como para evitar los abusos.

Jean Martin participa igualmente en la obra colectiva ‘No existe la muerte natural’ donde se trata en profundidad la cuestión del suicidio asistido. Martin considera que, en principio, es una buena idea supervisar atentamente las transacciones financieras de las organizaciones de asistencia al suicidio. “Las donaciones de personas que recurran a sus servicios deberían estar prohibidas”, considera.

“Pero esto no implica”, continúa su razonamiento, “que se multipliquen los controles burocráticos y agobiantes que pueden llegar a impedir a los ciudadanos hacer uso de su derecho a determinar el momento de la propia muerte. No hay que diluir responsabilidades que, en última instancia, no competen más que al médico y su paciente, y no a los jueces ni a comisiones políticas”.

Contexto

El pasado 6 de diciembre, el Tribunal correccional de Boudry (cantón Neuchâtel) absolvió al antiguo médico cantonal de Neuchâtel en un caso relacionado con la asistencia al suicidio.

Esta doctora estaba acusada de haber llevado a cabo el gesto fatal que puso fin a la vida de una paciente aquejada de esclerosis lateral amniotrófica. Esta enfermedad es incurable y la paciente pedía insistentemente morir.

El Tribunal retuvo la prevención de homicidio en el sentido del artículo 111 del Código Penal suizo. Pero dado que no cabía duda acerca del consentimiento y la voluntad de la paciente, se admitió el carácter lícito del gesto llevado a cabo por la acusada.

Según el veredicto, el Tribunal Federal (TF), la más alta instancia judicial helvética, ya habría reconocido en el pasado el carácter excusable de un homicidio, siempre que éste responda a la necesidad de poner fin al martirio.

En el caso concreto examinado por el Tribunal de Boudry, la paciente estaba paralizada al extremo de no poder pasar ella misma al acto.

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Proyectos y votaciones

La ministra Justicia suiza, Simonetta Sommaruga, deberá presentar próximamente un proyecto de reglamentación de actividades pensado para las organizaciones que proporcionan asistencia al suicidio.

Las cámaras del Parlamento federal deberán igualmente ocuparse de varias intervenciones relacionadas con el suicidio asistido. Basilea-Campo ha presentado una iniciativa cantonal pidiendo un mejor control de las organizaciones que practican la asistencia al suicidio.

Los senadores Didier Berberat y Luc Recordon han presentado propuestas durante las sesiones de diciembre. El primero pide un estudio sobre las posibilidades de la eutanasia activa; el segundo, un control (sobre todo financiero) de las organizaciones de asistencia al suicidio.

Los ciudadanos de Zúrich se pronunciarán el 15 de mayo acerca de dos iniciativas populares que quieren prohibir o restringir la ayuda al suicidio.

En el cantón de Vaud, los ciudadanos deberán votar una iniciativa que pide que las organizaciones de asistencia al suicidio puedan intervenir en los asilos de ancianos, y también deberán tomar posición acerca de un contraproyecto del Consejo de Estado (gobierno cantonal). La fecha de esta votación no ha sido aún decidida.

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Traducción: Rodrigo Carrizo Couto, swissinfo.ch


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