El trabajo en negro, no es solo una historia de fraude

La economía subterránea representaría cerca de 10 del PIB en Suiza. Keystone

Más que una forma de eludir al fisco y al seguro social, el trabajo al negro permite a los trabajadores en condiciones difíciles mantener su disponibilidad y su dignidad, según una amplia encuesta realizada por sociólogos de la Universidad de Neuchâtel.

“La precariedad financiera te lleva a trabajar en negro. Cuando vives con la constante presión de no saber cómo vas a terminar el mes, creo que es totalmente justificado recurrir a una actividad no declarada”, señala Fabio*, de 30 años, activo en el sector cultural.
 
Como otras 60 personas, este trabajador independiente participó en un estudio efectuado por  tres sociólogos de Neuchâtel con financiamiento del Fondo Nacional para la Investigación Científica (FNS).
 
La publicación del libro El trabajo en negro – ¿Por qué se entra en él? ¿Cómo se sale?, se produce cuatro años después de la introducción de la Ley sobre el Trabajo en negro, luego de la cual, la Confederación desplegó una amplia campaña informativa con el objetivo de poner coto a la economía sumergida.

Si bien Suiza permanece relativamente al margen de ese fenómeno, en comparación con el sur o el este de Europa, el trabajo en negro preocupa al mundo  político desde hace un par de décadas.
 
“El trabajo no declarado siempre ha existido”, dice François Hainard, director del Instituto de Sociología de la Universidad de Neuchâtel y coautor del estudio.

“Pero a partir de los años 90, el Estado está más preocupado por los ingresos fiscales. Lo mismo ocurre con el seguro social, que comenzó a experimentar problemas financieros y trata de recuperar cotizaciones”.  

Dificultades de inserción

De manera paralela a esta creciente cacería de defraudadores, el debilitamiento del Estado providencia continúa, lo que entraña por ejemplo, una disminución de las prestaciones del seguro de desempleo, mientras que una parte cada vez mayor de la población sufre para ingresar al mundo laboral.

Un cóctel que, según los autores del estudio, explica en gran parte el recurso al trabajo no declarado por parte de personas que, sin embargo, cuentan con todas las autorizaciones legales en Suiza.
 
Y el fenómeno no se limita a los sectores tradicionalmente señalados, como la hostelería, la restauración y la construcción. Los campos artísticos y culturales,  la artesanía, la solución de problemas informáticos, además de otras profesiones, incluso intelectuales (incluida la traducción) son analizados en el estudio.

Diversos universitarios figuran en el abanico. “La creciente precariedad y la flexibilización de la organización del trabajo son elementos centrales para el recurso al trabajo no declarado”, señala Hainard.
 
Durante las entrevistas, que a menudo revelaron trayectorias interrumpidas, un aspecto impresionó en particular a los sociólogos: la dignidad, repetidamente evocada para justificar el uso de la actividad no declarada.

Como Ana *, de 35 años, quien después de muchos períodos de desempleo y asistencia social,  aceptó un trabajo como camarera para retomar el contacto con el mundo profesional: “Fue más bien para retomar la mano, para reaprender ciertas cosas. Pero también para mi ego, porque a fuerza de estar en los servicios sociales, me estaba amargando”.

Mantenerse activo y disponible

“Muchas personas están recurriendo al trabajo en negro, considerado como un delito menor e incluso valorado por su lado ingenioso para librarse del fuerte estigma que rodea el estatuto de dependiente de la asistencia pública”, afirma François Hainard.

Por otra parte, trabajar, incluso de manera ilegal, permite mantener las habilidades, el oficio una y red en un mercado laboral que exige disponibilidad inmediata, observa el investigador.
 
A veces, el recurso al trabajo ilegal se justifica por los salarios, un tema de actualidad porque los suizos deberán votar en breve sobre la introducción de un salario mínimo nacional.

“Es normal que cuando usted recibe un salario que no le alcanza, aun cuando trabaje a tiempo completo, usted busque complementar sus ingresos de otra forma”, dice François Hainard.
 
Y muchos prefieren encontrar una solución por sí mismos, sin tener que recurrir a los organismos públicos o a las asociaciones caritativas.

“¿Cómo se puede vivir con 2.000 francos por mes? Asumo totalmente los riesgos. De todas formas, necesito el dinero”, explica Pascal *, de 30 años, empleado del sector hotelero.

Ley demasiado represiva

El estudio alude también al problema de los efectos del umbral derivado de los parámetros establecidos para las ayudas estatales. “La gente a veces prefiere ocultar algunas actividades para permanecer en el nivel de ingresos que le permite recibir los subsidios del seguro de salud”, precisa Hainard.

Si bien reconocen que el trabajo no declarado es una herida tanto para la economía como para los trabajadores, los sociólogos se muestran críticos con respecto a la legislación federal que consideran “demasiado represiva y que oculta a menudo las razones que empujan a las personas a la economía sumergida”.
 
Una afirmación que fue retomada por una mujer que recibe asistencia social: “Estoy de acuerdo en las acciones contra aquellos que se aprovechan, pero no en contra de las niñeras, las empleadas domésticas o quienes limpian las oficinas, porque solo lo hacen para llegar al fin de mes”.
 
“Habría que proporcionar una mayor información a los trabajadores sobre los riesgos que entraña la ausencia de cotizaciones a los diversos seguros sociales. Por ejemplo, al evaluar las pérdidas en sus pensiones”, argumenta Hainard.
 
* Nombres ficticios

El Estudio

El trabajo en negro – ¿Por qué se entra en él? ¿Cómo se sale? fue publicado por las ediciones L’Harmattan. Sus autores son tres investigadores del Instituto de Sociología de la

Universidad de Neuchâtel: Jérôme Heim, Patrick Ischer y François Hainard.

Basado en una

investigación empírica

realizada en la Suiza de expresión francesa, el libro examina las razones que motivan a los asalariados, los trabajadores independientes y las personas que reciben asistencia social al trabajo no declarado, aun cuando cuenten con todos los permisos necesarios para trabajar.

Trabajo negro

Amplitud. Difícil de cuantificar, el trabajo no declarado es una labor remunerada, con un salario o de manera independiente, legal pero cuyo ejercicio se acompaña de una infracción a las prescripciones legales. Representa el 9% del PIB en Suiza; es decir, 39 mil millones de francos, según una estimación oficial de 2007. Sin embargo, esa cifra incluye las actividades ilegales como el narcotráfico o el comercio de armas.

En Europa. Según un estudio realizado por Bruselas en 2004, el fenómeno afecta de manera variable a los países de la Unión Europea. Se sitúa por debajo del 5% del PIB en varios países de la UE como Holanda y Suecia. Representa alrededor del 6% del PIB en Alemania y Francia. Sin embargo, es superior al 16% en Italia, Grecia (20%) y más aún en Bulgaria y Rumanía. 

Consecuencias. En un informe de 2008, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma que “el empleo informal y el trabajo no declarado son, para el mercado laboral de algunos países con ingresos bajos y medios, un problema importante que plantea riesgos para la protección los trabajadores concernidos, dificulta a los poderes públicos la provisión de servicios de calidad y obstaculiza el aumento de la productividad y el crecimiento”.

LEY SUIZA

Legislación. La ley sobre el trabajo en negro (LTN), que entró en vigor el 1 de enero de 2008 luego de tres años de debate en el Parlamento, no define con precisión el concepto de trabajo al negro.

Menciona principalmente las

obligaciones impuestas a los empleadores en relación con sus empleados, tales como el anuncio a los fondos de compensación de la jubilación o el desempleo, o la declaración a las autoridades fiscales.

Controles. En 2010, de acuerdo con la Secretaría de Estado de Economía (Seco), 67 inspectores fueron contratados por los cantones en la lucha contra el trabajo no declarado. Realizaron 12.223 controles en empresas y 37.001 de personas. El número de sanciones previstas por la ley se duplicó respecto a 2009.

(Traducción: Marcela Águila Rubín)