Expresidente sudafricano dice que la cárcel para él sería sentencia de muerte
Johannesburgo, 4 jul (EFE).- El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma afirmó hoy que ir a la cárcel sería para él una “sentencia de muerte” por su salud y comparó su reciente castigo por desacato con las detenciones sin juicio de la era del “apartheid”, a pesar de que el exmandatario ha desafiado reiteradamente a los tribunales.
“Enviarme a la cárcel a mi edad, en el pico de una pandemia, es lo mismo que sentenciarme a muerte. La pena de muerte fue declarada inconstitucional en Sudáfrica en 1995”, dijo el expresidente en una comparecencia pública ante los medios celebrada en su residencia, en la oriental provincia de KwaZulu-Natal.
Acompañado por sus abogados y adoptando una postura más moderada que en ocasiones pasadas, Zuma sostuvo que nunca buscó desafiar a la Justicia y agradeció al Tribunal Constitucional que haya hecho lugar a su petición para presentar argumentos en contra de los 15 meses de cárcel a los que esta semana fue castigado por negarse reiteradamente a declarar por acusaciones de corrupción.
Sin embargo, insistió en que está siendo condenado a prisión “sin juicio” y comparó su castigo por desacato con las detenciones ejecutadas durante el sistema de segregación racista del apartheid.
En ese sentido, aseguró que le preocupa ver que Sudáfrica está “retrocediendo rápidamente” a ese tipo de dinámicas, poniendo incluso como ejemplo los toques de queda impuestos para luchar contra la covid-19.
Durante la jornada, en los alrededores de su residencia se habían concentrado cientos de simpatizantes, lo que motivó críticas por el incumplimiento de las restricciones anticovid imperantes en el país -que atraviesa una ola de contagios récord por la variante delta-, y se registraron incluso ataques a la prensa.
PRISIÓN POR NO ACATAR CITACIONES A DECLARAR POR CORRUPCIÓN
El ex jefe de Estado, de 79 años, fue condenado el pasado 29 de junio a 15 meses de prisión por haberse negado repetidamente a acatar órdenes judiciales que le obligaban a testificar ante una comisión oficial que investiga la presunta corrupción ocurrida durante su presidencia (2009-2018).
Esa investigación -conocida como el caso de la “Captura del Estado”- analiza si durante los casi nueve años de gobierno de Zuma el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines.
El exgobernante, sin embargo, afirma que la comisión -que él mismo creó en sus últimas semanas de mando, poco antes de ser forzado a dimitir por su propio partido en febrero de 2018 por sus numerosos escándalos- y el juez que la lidera buscan destruir su legado.
Por ello, ignoró las citaciones incluso después de que el Tribunal Constitucional especificara que eran de obligado cumplimiento.
Esto activó el proceso por “desacato”, en el que el exmandatario también se negó repetidamente a participar.
Lejos de retractarse, Zuma emitió varios comunicados asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad de los jueces sudafricanos.
Dictaminado el castigo por desacato, Zuma tenía hasta hoy para entregarse voluntariamente, pero el viernes pasado sus abogados interpusieron una petición urgente para que el Constitucional escuchara sus argumentos para una rescisión de la pena.
El máximo tribunal del país accedió y programó una audiencia para el 12 de julio.
Las acusaciones de la “Captura del Estado” no son, sin embargo, las únicas que pesan contra el polémico expresidente sudafricano.
En paralelo, está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de compra de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, en 2016 tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó en la reforma de su residencia privada. EFE
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