Ucrania sufre el mayor número de víctimas de bombas de racimo por segundo año consecutivo

Anisia Gil

Ginebra, 9 sep (EFE).- Las bombas de racimo, prohibidas en más de un centenar de países, mataron o hirieron a 219 personas a nivel global en 2023, gran parte de ellas en Ucrania, que registró el mayor número de víctimas de este tipo de armas (90) por segundo año consecutivo debido a su uso por los ejércitos ruso y ucraniano.

Ésta es la principal conclusión del decimoquinto informe anual de la Coalición contra las Municiones de Racimo (CMC), oenegé que lidera una campaña internacional para alentar a más países a suscribir la Convención de Oslo de 2008 contra este armamento, firmada hasta la fecha por 112 Estados parte.

El número de víctimas es bastante más bajo que en 2022, cuando se confirmaron al menos 1.172 muertos o heridos por estas armas, pero, según la coalición, es posible que la cifra real el pasado año sea «mucho mayor» a causa de los casos no notificados.

El estudio revela también una tendencia al alza de los ataques con este tipo de armamento: si en 2021 las 149 víctimas confirmadas murieron o resultaron heridas al estallar restos de estas armas y ninguna en ataques, el pasado año 118 de las 219 víctimas lo fueron por agresiones directas en las que se usaron estas municiones.

Aunque Ucrania fue el país con más ataques con bombas de racimo en 2023, también se denunció su uso indiscriminado en ofensivas de los ejércitos gubernamentales de Siria y Birmania (Myanmar), según el informe de la CMC.

Los civiles, las principales víctimas

Además de en esos tres países, el pasado año se identificaron víctimas de bombas de racimo en Azerbaiyán, Irak, Laos, Líbano, Mauritania y Yemen, aunque no por ataques directos, sino por el estallido de restos de estas armas tras ser usadas con anterioridad.

Según el documento, los civiles sufrieron en un 93 % de los casos los daños causados por estas armas (tanto por su uso directo como por la explosión de restos), mientras que en el caso específico de las víctimas por remanentes de bombas de racimo, un 47 % fueron niños.

«Las acciones de los países que no han prohibido las bombas de racimo están poniendo en riesgo a la población civil y amenazando la integridad y universalidad del tratado internacional que prohíbe estas abominables armas», destacó al presentar el informe la directora de CMC, Tamar Gabelnick.

En este sentido, el informe señala una disminución de las áreas limpiadas de remanentes de bombas de racimo en 2023 en comparación con el año anterior.

«En muchos Estados parte afectados se descubren más áreas contaminadas incluso mientras se despejan las conocidas», afirmó al respecto la responsable del monitor de vigilancia de la coalición, Katrin Atkins, que participó en la elaboración del informe.

Ante esta situación, instó a la comunidad internacional a mantener la financiación y el apoyo para garantizar que los Estados parte contaminados puedan cumplir con sus obligaciones de despeje.

El desarme avanza, pero con grandes ausencias

Los ataques con bombas de racimo son lanzados desde tierra, mar o aire y dispersan múltiples submuniciones en una amplia área para lograr el mayor daño posible, quedando muchas de ellas sin explotar en el impacto inicial y dejando restos que pueden causar muertes y heridas a largo plazo y de forma indiscriminada.

La CMC subraya el progreso logrado para la prohibición de estas armas en 2023, año en el que Bulgaria, Eslovaquia, Sudáfrica y Perú se convirtieron en los más recientes Estados parte de la convención en destruir por completo todas las municiones de racimo que tenían almacenadas.

Así, los Estados signatarios han destruido colectivamente el 100 % de sus existencias de bombas de racimo, lo que equivale aproximadamente a 1,49 millones de municiones y 179 millones de submuniciones.

Sin embargo, el informe advierte que potencias como Estados Unidos, Rusia, China o India siguen sin adherirse a la convención y continúan formando parte del grupo de 17 naciones que aún producen en 2023 este tipo de armamento, situación que se repite entre países de la Unión Europea como Polonia o Grecia, o en la propia Ucrania.

A nivel europeo la coalición se mostró también alarmada por la aprobación de una ley en Lituania el pasado julio por la que se autorizaba la retirada del país como Estado parte de la coalición.

«La lamentable decisión de abandonar la convención mancha su excelente reputación en desarme humanitario e ignora los riesgos para la población civil», concluyó la activista de Human Rights Watch Mary Wareham, otra de las autoras del informe. EFE

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