En Colombia no hay ‘pequeña’, sino ‘gran’ corrupción
La administración pública está en tela de juicio por su relación con grupos ilegales, denuncia una ONG en Berna.
Las decisiones políticas obedecen a intereses particulares más que al interés de la ciudadanía. Marcela Rozo, de ‘Transparencia Colombia’, habla a swissinfo sobre los ardides de la corrupción en su país.
«Colombia no es un país que se caracterice por una corrupción pequeña donde usted tenga que pagar sobornos para que le reparen la luz en su casa, le instalen la línea de teléfono, o para tener una licencia de conducción, pero sí tenemos una situación de corrupción preocupante a nivel de capturar el Estado».
Es decir, «hay mucho poder económico, mucha relación entre los poderes políticos y económicos que hace que las decisiones de políticas públicas y las decisiones legislativas no siempre tengan como foco el interés general», explica Marcela Rozo Rincón, de la ONG ‘Transparencia por Colombia’.
Invitada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) para participar en el panel ‘Cara a cara con la corrupción: los múltiples rostros de la corrupción y la estrategia de COSUDE’, la especialista presentó un reciente estudio sobre las influencias ilícitas en el marco legal colombiano.
Durante el encuentro en la capital helvética (En más sobre el tema: ‘Lucha anticorrupción, eje de COSUDE), autoridades de la cooperación suiza y especialistas en el estudio de la corrupción subrayaron el desafío que constituye el combate a ese fenómeno, obstáculo principal para el desarrollo.
En las altas esferas
Las diversas intervenciones develaron, entre otros, la existencia de dos formas de corrupción: la «pequeña», que tiene lugar en el día a día de muchos países del mundo en desarrollo y que hace que la ciudadanía tenga que repartir «propinas» a diestra y siniestra para la obtención de servicios públicos; y la corrupción «grande» que se produce en los altos niveles de la administración pública.
En entrevista con swissinfo en el marco del foro, Marcela Rozo Rincón rechaza que la primera de las formas señaladas de corrupción sea típica de Colombia. En su país, subraya, el fenómeno tiene otras dimensiones que llegan a traducirse en la toma de administraciones públicas por grupos ilegales.
«Hay fenómenos como el uso sin regulación del lobby (presión de pasillo), la influencia indebida que hacen los grupos económicos y las fuerzas ilegales, en las maneras como se aprueban las leyes en Colombia», precisa.
Refiere también el uso de prácticas políticas tradicionales que alientan el pago de favores y que, en muchas ocasiones, no permiten que las leyes se adopten con un criterio de defensa del interés general sino de intereses particulares de ciertos grupos de presión.
Mayor control
En Colombia, acota igualmente, se requieren medidas para un mayor control del cumplimiento de las normas y una mayor regulación en las relaciones entre el sector privado y el sector público, de forma tal que se logre una mayor rendición de cuentas sobre cómo se toman las decisiones públicas.
«Tenemos muchos desafíos en el país, uno de ellos relacionado con entender cada vez mejor las relaciones que se han venido descubriendo entre los grupos ilegales y las fuerzas políticas en el país», enfatiza nuestra entrevistada.
Otrora trabajadora del sector oficial y desde hace ocho años integrante de la ONG ‘Transparencia Colombia’, puntualiza que esos nexos afectan no sólo las tomas de decisiones a alto nivel en el Congreso, sino también las relaciones en las administraciones públicas a nivel regional y local.
«Y el desafío mayor del país, diría yo, en este momento, es entender y reconocer cómo se han dado estas relaciones y después de esto ver cuáles son las medidas que hay que tomar para que en el futuro no sigamos sumidos en esta dificultad tan grande que tiene los niveles de gobernabilidad del país muy cuestionados».
Diversos actores
La diferencia entre Colombia y otros países del mundo en desarrollo no se limita a los niveles en que el flagelo se produce. También está en relación con el contexto propio de un país sumido en más de cuarenta años de enfrentamientos armados.
«En Colombia hay muchas más aristas, hay muchos más actores y hay mucha más violencia relacionada con el problema. La posibilidad de la sociedad civil de hacer un seguimiento efectivo y de denunciar los problemas de corrupción es mucho más difícil porque los actores de la sociedad civil son mucho más vulnerables en su propia seguridad», asienta Marcela Rozo.
En ese sentido aboga por la necesidad de fortalecer los esfuerzos para respaldar las acciones de veeduría ciudadana, seguimiento y monitoreo desde la sociedad civil, así como para proteger a los actores que están dispuestos a denunciar las irregularidades.
El rol de Suiza
Amén de la aplicación de estrategias de apoyo a la sociedad (en materia de fortalecimiento y de ayuda humanitaria), la Confederación Helvética empeña sus esfuerzos en el logro de una solución negociada al conflicto colombiano como integrante del grupo de países facilitadores para la paz.
Marcela Rozo Rincón destaca ese papel de Suiza y alude a la necesidad de asociar los recursos para apoyar la paz con los esfuerzos para fortalecer la (buena) gobernabilidad.
«Creemos que la cooperación internacional hace esfuerzos grandes, creemos que cada vez se incorpora más la preocupación por el tema de la corrupción en la gobernabilidad. Es un tema que no se puede olvidar en ningún momento porque el apoyo humanitario puede perderse fácilmente si no se toman las previsiones de gobernabilidad asociadas».
swissinfo, Marcela Águila Rubín
En Colombia COSUDE mantiene un programa de Ayuda Humanitaria para las víctimas del conflicto que existe en el país, priorizando las poblaciones en situación de desplazamiento.
Asimismo, la cooperación helvética apoya diversas estrategias en favor de la sociedad civil desarrolladas por ONG suizas.
Suiza contribuye también a la búsqueda de un acuerdo negociado al conflicto colombiano, como integrante del grupo de países facilitadores para la paz.
Colombia obtuvo 3,9/10 en el Índice de Percepción de de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional 2006.
El resultado, si bien es ligeramente inferior al del año pasado -4/10-, pone fin a un periodo de cuatro años consecutivos de mejoramiento progresivo en la calificación.
Entre 163 países evaluados, Colombia obtuvo el puesto 59. Conservó el quinto lugar en América Latina.
Para el capítulo Colombia de Transparencia Internacional, esos resultados están lejos de lo ideal y denotan que aún persisten importantes riesgos de corrupción:
La inestabilidad del sistema político, la insuficiente visibilidad en la contratación pública y empleo de recursos y la amenaza de la captura del Estado.
Esta última, esgrimida por grandes grupos económicos y delincuenciales que influyen en las decisiones en el Ejecutivo, Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales.
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