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España-ONU: derechos humanos


Las víctimas del franquismo piden justicia


Por Rodrigo Carrizo Couto


Fotos de las víctimas de los 'nacionales' en la Guerra Civil colgadas en el cementerio de la Almudena, en Madrid, el 12 de abril de 2014, aniversario de la Segunda República.  (Keystone)

Fotos de las víctimas de los 'nacionales' en la Guerra Civil colgadas en el cementerio de la Almudena, en Madrid, el 12 de abril de 2014, aniversario de la Segunda República. 

(Keystone)

Durante el actual periodo de sesiones en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos ha escuchado los testimonios de españoles que sufrieron violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo, como el secuestro de bebés o las torturas a presos políticos. Cuatro víctimas relatan sus casos.

Posición del Gobierno de España

El 10 de septiembre, el relator especial Pablo de Greiff presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El viernes, hizo lo propio Ariel Dulitzky, relator especial sobre Desapariciones forzadas o involuntarias.

En su ponencia, De Greiff destacó que “España puede hacer más por las víctimas del franquismo, y destacó que “la reparación no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que nos conciernen a todos”.

La embajadora de España ante la ONU en Ginebra, Ana María Menéndez, calificó los informes del relator especial Pablo de Greiff  como “erróneos e inexactos”.

La diplomática recordó que España es un Estado de derecho en el que “hay una democracia consolidada” e hizo una ajustada defensa de la Transición, de la Ley de Amnistía y del papel del Poder Judicial.

Menéndez recalcó que las víctimas “pueden acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa”, lo que niega de facto cualquier idea de impunidad. Además, se refirió a la Ley de Memoria Histórica que incluye un conjunto de medidas “de reconocimiento y carácter simbólico para las víctimas”.

Su argumento central sustenta en el consenso político sobre el que se basó la Transición al fin del franquismo, así como el convencimiento de que la amnistía era la única vía posible para la reconciliación nacional sin justicia penal, “de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias elegidas de manera libre y democrática”.

En cuanto al informe de Dulitzky sobre la desaparición de personas, Menéndez destacó que, según datos del Ministerio de Justicia, el Gobierno español ha elaborado un mapa con las localizaciones exactas de 2382 fosas comunes. También explicó que hay un Servicio de Atención Ciudadana que se ha ocupado ya de más de 10.000 casos.

“Yo nací en la Clínica O’Donnell, de Madrid, en una familia de 10 hermanos”, dice Sol Luque, presidenta de la Asociación todos los niños robados son también mis niños. “Mi hermano gemelo fue llevado a una incubadora, donde logró sobrevivir, pero un día nos dijeron que había fallecido y mis padres no pudieron verlo. Luego explicaron que había sido incinerado, aunque jamás nos devolvieron las cenizas. El médico dijo: ‘Es mejor no armar jaleo’. Mis padres lo tomaron como una amenaza velada, pero no sospecharon que pudiera tratarse de un robo hasta muchos años después”.

En 2010, con la explosión de noticias sobre los bebés robados en España, Sol Luque se da cuenta de que el suyo no era un caso aislado. Hoy hay unas 2.000 denuncias. Las cifras que manejan los colectivos de víctimas, sin embargo, van desde 30.000 a 300.000.

“Miles de niños viven hoy con identidades falsas y tienen enormes dificultades para poder acceder a sus documentos”, afirma Sol Luque. “Somos víctimas directas de la dictadura franquista, y la Iglesia fue parte integrante y aval de esa dictadura. Un médico o un religioso podía decidir con quién debía criarse un niño; una situación que siguió vigente hasta la primera ley de adopción de 1987”.

“Vivimos en un régimen que ha perpetuado la continuidad del franquismo, dado que el tipo de transición que propició el modelo democrático no se construyó sobre la justicia, sino sobre un pacto de silencio”, denuncia Luque.

Los ‘hijos del matao’

“Mi bisabuelo fue fusilado el 26 de agosto de 1936 en Carmona (Sevilla) y mi familia fue represaliada. Nos llamaban ‘los hijos del matao’, rememora Paqui Maqueda, de la Plataforma andaluza de CeAqua. “Además, nos quitaron la casa familiar”, pues los bienes incautados durante la guerra solo son devueltos si pertenecen a sindicatos o partidos políticos, pero no en el caso de particulares, explica.

“No puedo entrar en mi casa, de la que disfruta otra familia. Los registros de la propiedad siguen como en tiempos de Queipo de Llano, que fue quien nos incautó. Pero nuestro caso está cerrado por el Estado. Y así tuvimos que asociarnos para buscar justicia”.

La “conexión suiza”

“En 2013 conocí al abogado que lleva la querella argentina. Mis investigaciones me llevaron luego a CeAQUA y así llegamos a esta visita a Suiza. Puede decirse que soy el ‘puerto’ suizo de las víctimas del franquismo, la persona que coordina los esfuerzos entre Suiza y España”, comenta Isabel Beatriz Subieta Díaz.

“Mi historia me lleva a defender la causa de los emigrantes y las injusticias en general. Mi madre consiguió el Permiso C (residencia) en Suiza cuando yo tenía 5 años, pero no pude venir porque no me dejaron salir de España. Mi padre, declarado ausente, no podía dar su autorización. La ley no lo permitía, aunque estuviera desaparecido”.

Hace seis meses creó DeViFra, asociación que cuenta con el respaldo de Ralph Hug, historiador y defensor de los voluntarios suizos que participaron en la Guerra Civil, y el 'Collectif Suisse contre l’Impunité des Crimes Franquistes', de Ginebra.

“Mi interés eran las víctimas de todas las dictaduras, pero el franquismo es especial porque está en el origen de muchos procedimientos e impunidades posteriores”, explica la especialista en victimología, nacida en Guadalajara y afincada en Suiza desde 1985.

“La criminología se basa en el principio ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda se favorecerá al imputado), mientras que la victimología dice que siempre los derechos van a las víctimas”.

De izquierda a derecha: José María "Chato" Galante, Josu Ibargutxi, Soledad Luque Delgado y Paqui Maqueda. (Rodrigo Carrizo Couto para swissinfo.ch)

De izquierda a derecha: José María "Chato" Galante, Josu Ibargutxi, Soledad Luque Delgado y Paqui Maqueda.

(Rodrigo Carrizo Couto para swissinfo.ch)

En manos de ‘Billy el Niño’

“En 2012, nos enteramos de las acciones argentinas contra los crímenes de la dictadura militar y nos interesamos en cómo los argentinos consiguieron derogar las Leyes de Amnistía y Punto Final. Así conocimos el trabajo de la jueza María Servini de Cubría y decidimos intentar una acción legal que nos era imposible desde España”, rememora Josu Ibargutxi, prisionero desde 1968 a 1977 por su militancia en ETA e integrante de la asociación Goldatu.

“Soy experto en cárceles del Estado español. He pasado por Carabanchel (Madrid), Santa María (Cádiz), Soria… y hasta he estado en la fuga de Segovia”, en la que escaparon 29 prisioneros.  

José María ‘Chato’ Galante, miembro de La Comuna, también fue preso político y conoció la cárcel: “Fui detenido en cuatro ocasiones y torturado. Yo pertenecía al Sindicato Democrático de Estudiantes. Mi torturador es Antonio González Pacheco, agente de la Brigada Político Social, más conocido como ‘Billy el Niño’. Yo tenía 22 años… y el tipo que me torturaba, 21. La jueza Servini de Cubría pidió su extradición, pero dado que la tortura no era sistemática, los jueces españoles denegaron la demanda de extradición”.

Ley de Memoria Histórica

Aprobada en octubre de 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley reconoce y amplía los derechos de las personas que padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil o la posterior dictadura franquista.

La ley causó polémica en España. Dependiendo del sector ideológico fue calificada de insuficiente o de revanchista. Una de las mayores críticas fue que no contempla recursos para la apertura de las fosas comunes de los represaliados durante la guerra.

La ley pretendía poner fin a la impunidad decretada en 1969 por Franco. Según un decreto ley firmado por el dictador, todos los crímenes o delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939 (fin de la Guerra Civil) prescribían.

Algunas medidas implicaron el reconocimiento de pensiones a los veteranos y heridos del bando republicano, así como el establecimiento de mapas con las fosas comunes de los represaliados, la eliminación de símbolos franquistas del espacio público o la concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacionales.

Insatisfechas con la ley, catorce asociaciones memorialistas presentaron en diciembre de 2006 una denuncia por cientos de desapariciones ante la Audiencia Nacional. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas se ha mostrado crítico con algunos aspectos de la ley.

Durante el actual gobierno de Mariano Rajoy, la ley fue derogada ‘de facto’ al ser eliminada su dotación presupuestaria para el ejercicio 2013-2014 de los Presupuestos Generales del Estado, lo que la deja sin efectos prácticos.

El Partido Popular y los medios conservadores criticaron la Ley de la Memoria Histórica al considerar que reabre viejas heridas. Algunos analistas llegaron a considerar que el Gobierno de Zapatero pretendía con estas medidas “ganar la Guerra Civil que quedó superada con la Transición y establecer la legitimidad democrática en 1931 y no en 1978”.

“La Ley de Memoria Histórica de Zapatero es una farsa, pues carece de presupuesto y de potestades. Si en España hubiera una democracia real, hubiéramos tenido Ley de Memoria Histórica desde el primer día de la Transición, pero tuvimos que esperar casi 40 años. No hubo una real ruptura con la dictadura”, recalca Josu Ibargutxi.

“La Ley de Memoria Histórica solo nos da derecho a un diploma que reconoce nuestros años de cárcel, pero deja claro que no tenemos derecho a ninguna compensación económica”, prosigue Chato Galante, mientras que los “torturadores se jubilaron con honores. Nuestra democracia está construida sobre la impunidad y la corrupción sistemática”.

“Solo pedimos Justicia, un derecho fundamental que se nos ha negado durante 70 años”, sentencia Josu Ibargutxi.

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