«Quito no será rehén», dice su alcalde tras amenaza de tomar la ciudad de líder indígena

Guayaquil (Ecuador), 5 oct (EFE).- El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró este domingo que la ciudad «no será rehén» de «errores ajenos» ni de «ninguna amenaza», después de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, advirtiera de que podrían tomar la capital si el Gobierno «no hace caso» a sus demandas.

«El país no se puede permitir más violencia de ningún tipo, por el contrario, debe condenarla», señaló Muñoz en su cuenta de la red social X, en la que también tachó de «equivocada» la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de eliminar el subsidio al diésel, detonante de las manifestaciones lideradas por la Conaie.

Vargas advirtió el viernes a Noboa de que las protestas, que hasta el momento se han concentrado especialmente en la provincia norteña de Imbabura, podrían radicalizarse hasta el punto de tomar Quito.

Y lo llamó a recordar lo que pasó en 2019 y 2022, cuando las masivas protestas lideradas por la Conaie llegaron hasta Quito, lo que llevó a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante esa advertencia y el aumento de las «manifestaciones violentas», Noboa declaró el sábado un nuevo estado de excepción en diez provincias del país y suspendió la libertad de reunión en esas localidades.

Por su parte, Muñoz, que llegó a la alcaldía de la capital por el movimiento Revolución Ciudadana, cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007-2017), aseguró este domingo que desde que se convocaron las manifestaciones se activaron en la ciudad los protocolos «ante eventos de conmoción social».

Además, afirmó que desde que asumió el poder municipal ha dicho que es «indispensable que el Gobierno abra un diálogo serio y concreto con todos los sectores» para «atender a quienes más están sufriendo las consecuencias de las múltiples crisis que atraviesa el país».

El Gobierno de Noboa ha dicho que esta vez no se negociará la medida, ya que considera que el subsidio al diésel no ha beneficiado a los más pobres, sino a los contrabandistas y a la minería ilegal.

Tras catorce días, las manifestaciones se han saldado con un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos, de ellos doce en prisión preventiva bajo imputaciones de «terrorismo» realizadas por la Fiscalía.

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado 196 vulneraciones de derechos cometidas, en su mayoría, presuntamente por las fuerzas de seguridad.

Este domingo aún permanecían cerradas a causa de las protestas siete carreteras en cuatro de las veinticuatro provincias que tiene Ecuador. EFE

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