Corte Suprema indica «ajustes relevantes» a megarreforma de Kast en temas medioambientales
Santiago de Chile, 8 may (EFE).- La Corte Suprema chilena emitió un informe este viernes en el que recomendó realizar «ajustes relevantes» al proyecto de «megarreforma» del presidente, José Antonio Kast, para agilizar permisos medioambientales.
El máximo tribunal remitió sus reparos a Kast y a la Cámara de Diputados, donde el proyecto será discutido próximamente, los cuales abordan las modificaciones al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental y a las competencias de los Tribunales Ambientales.
Las recomendaciones a la ley de «Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social» llegan luego de su aprobación el jueves en la comisión de Hacienda del Congreso, y en medio de la acusación que el Gobierno chileno hizo a la oposición de centro e izquierdas de querer «obstaculizar y boicotear» el avance.
El proyecto es una ley miscelánea, que incluye más de 40 medidas, que buscan elevar el crecimiento con rebajas tributarias como la reducción gradual del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, un crédito destinado a incentivar el empleo formal o la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas.
La iniciativa del Ejecutivo también recibió esta semana comentarios de organismos especializados, como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Chile y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre su «impacto fiscal neto negativo» y los esfuerzos que requiere «alcanzar las metas de déficit y deuda».
En esa línea, la Corte argumentó sobre el mecanismo propuesto para la restitución de gastos directos y efectivos para los titulares de proyectos cuya resolución de calificación ambiental sea anulada judicialmente.
Su observación advierte que, a pesar de que la regla busca proteger la confianza legítima del titular, «aparece formulada en términos amplios».
«Sus resguardos se concentran principalmente en la acreditación y cuantificación del gasto, y no en presupuestos sustantivos estrictos de procedencia», añade.
El riesgo, dice el informe es que «el Fisco podría terminar operando como una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada».
En virtud de ello, recomiendan que se exija «buena fe del titular, ausencia de contribución al vicio, razonabilidad de los gastos y una carga patrimonial anormal o desproporcionada».
«La propuesta innova de manera significativa en el ordenamiento, al permitir que el Fisco asuma costos derivados de una inversión privada cuya resolución de calificación ambiental fue anulada judicialmente», indican.
En el reporte, señalan que en lo referente a la impugnación de las resoluciones de calificación ambiental «no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema».
Además, «omite armonizar esta nueva acción con las reglas de legitimación activa de la Ley N°20.600 (que crea los Tribunales Ambientales), lo que puede afectar su eficacia práctica y generar incertidumbre sobre quiénes podrán ejercerla».
La conclusión de la Corte es que «la regulación propuesta requiere ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos».
El Gobierno aspira a que la reforma sea aprobada antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año. EFE
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