CPI: el compromiso europeo no alarma a Berna
Suiza pondera la posición tomada el lunes por la Unión Europea sobre las demandas estadounidenses de inmunidad en la Corte Penal Internacional.
¿No habrá cedido Bruselas a las insistentes exigencias de Washington? Berna no lo ve así.
La Unión Europea cedió a las presiones estadounidenses. Esta es la opinión señalada con mayor asiduidad en los comentarios que suceden a la decisión tomada por Bruselas para permitir la conclusión de acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre extradición a la Corte Penal Internacional (CPI).
El Ministerio de Relaciones Exteriores en Berna no comparte ese punto de vista. “Nos felicitamos de que la posición de la Unión Europea limite el margen de maniobra de sus Estados miembros”, explica su portavoz, Daniela Stoffel.
Entre líneas, uno cree percibir que Suiza no ve en la decisión de Bruselas una verdadera concesión que, de una manera o de otra, pueda poner en riesgo el futuro de la nueva instancia internacional.
Consiguientemente, no habría razón para inquietarse demasiado. La diplomacia helvética, convencida de la idea de una CPI sólida, no cree necesario tocar alarma: “no vemos ni violación ni tampoco debilitamiento de la Corte”, precisa.
¿”Sí, pero”, o “no, pero”?
Washington intenta desde hace varios meses lograr entendimientos bilaterales con varios países para que éstos, llegado el caso, no extraditen a los ciudadanos estadounidenses a la CPI.
Una decena de naciones (Rumania, Israel, Afganistán, etc.) ya ha respondido favorablemente a la oferta. Suiza también ha sido consultada, pero en agosto último dejó saber claramente que no entraría en materia.
No ocurre lo mismo en el seno de la Unión Europea. Algunos Estados miembros (especialmente Gran Bretaña e Italia) parecen dispuestos a suscribirse a este tipo de acuerdos. El asunto atañe a Bruselas.
Por un lado, el Consejo de la UE afirma que tales convenios, “en su forma actual”, son contrarios, por no decir incompatibles, a las obligaciones adquiridas por los Estados que ratificaron la CPI.
Por otra parte, abre la puerta a las excepciones que pudieran beneficiar a “ciertas personas cubiertas por una inmunidad de Estado o diplomática”, o a quienes sean enviadas por sus propios gobiernos, como es el caso de los militares en operaciones de paz.
Tal vez haga falta interpretar esos mensajes, aparentemente contradictorios, como un compromiso, a cambio del que los europeos esperarían de Washington una actitud más constructiva con respecto a la Corte.
Valor político
A juicio de Jürg Lindenmann, jurista en la Dirección de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo primero que debemos deducir de la posición de Bruselas, es que se sitúa en un contexto de diálogo.
El experto hace una lectura más bien favorable de los principios directrices adoptados por la UE: “ahora sabemos, con estos criterios estrictos, claros y pertinentes, en qué circunstancias puede ser aplicado el artículo 98 de la CPI en los casos de inmunidad”, señala Lindenmann.
Bruselas sostiene que esos eventuales acuerdos deben incluir una cláusula de garantía que a nadie permita aprovecharse de la impunidad si es procesado por crímenes tipificados en la competencia de la Corte.
¿Tienen esos principios un valor jurídico? “”Habría que hablar más bien de un valor político nada desdeñable”, responde Jürg Lindenmann.
Su apreciación se basa en el hecho de que los Estados miembros de la UE deben rendir cuentas a Bruselas sobre cualquier nueva actitud que emprendan con miras a definir un acuerdo con Washington.
swissinfo/Bernard Weissbrodt
La CPI puede juzgar los crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio
El Estatuto de Roma, origen de la CPI, fue adoptado el 17 de julio de 1998
Entró en vigor el 1 de julio del 2002
Fue suscrito por 139 Estados, y ratificado por 81
Suiza lo ratificó el 12 de octubre del 2001
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