Cuestionar al poder y la represión policial explican conflictividad en Perú, según informe

Lima, 18 jul (EFE).- El cuestionamiento al poder, la represión policial en las protestas, el factor de identidad y las falsas teorías de conspiración son algunos de los motivos que han contribuido al incremento de la conflictividad social en Perú, concluyó este martes el informe del 32º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).

Las movilizaciones en las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac y Cuzco, entre otras, plantean un claro cuestionamiento al poder central; a las formas cómo las élites del país gobiernan y toman decisiones, y cómo las imponen en los territorios, afirmó el investigador de la organización CooperAcción, José De Echave, en la presentación del informe.

Un claro ejemplo de esta situación es «cómo se otorgan concesiones mineras y diversas licencias, sin que las poblaciones sean informadas adecuadamente; la manera como se aprueban los estudios de impacto ambiental o sus modificatorias», agregó De Echave.

Otro tema señalado es el discurso oficial sobre teorías de la conspiración para explicar los conflictos sociales, tratando de atribuirlos a fuerzas externas o grupos subversivos, con lo cual han justificado una actuación «represiva de la Policía Nacional».

El investigador y ex viceministro de Gestión Ambiental señaló que la manera «cómo resolvamos esta crisis va a depender si en el Perú se abre un proceso que permita comenzar a cerrar las enormes brechas que arrastramos, desde una perspectiva de inclusión y de reconocimiento de derechos o, por el contrario, entramos a una nueva espiral de autoritarismo, violencia y dictadura».

Precisamente, diversas organizaciones sociales han convocado para este miércoles a una gran jornada nacional de protesta para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Durante la presentación del informe, el líder social de Puno y representante de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, Félix Suasaca, rechazó la criminalización de los manifestantes al aclarar que: «No somos terroristas, somos defensores de los derechos humanos y el ambiente».

La Defensoría del Pueblo ha registrado 225 conflictos durante el primer semestre del año, lo que representa el número más alto desde 2011, y el 66,9 % de ellos responde a temas socioambientales vinculados a la actividad minera.

Sobre este asunto, la directora de Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), Mirtha Villanueva, advirtió que la minería informal ha ingresado en las localidades de Jaén y San Ignacio en la región norteña de Cajamarca y que se está observando «un aumento en la violencia y los enfrentamientos entre los mineros informales, las autoridades locales y los defensores del medio ambiente».

Por su parte, la defensora ambiental del selvático Cenepa, en la región Amazonas, Augostina Mayán Apikai, denunció, en la presentación del informe, que los mineros ilegales continúan invadiendo su territorio, sin encontrar ninguna intervención efectiva por parte del Estado.

Mientras que esa actividad degrada los ríos y genera problemas a la salud, los defensores ambientales en la Amazonía son víctimas de ataques y amenazas, afirmó Mayán. EFE

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