El federalismo suizo contribuye al auge de un nuevo derecho digital

La Constitución suiza garantiza el derecho a la integridad física y mental. ¿Hemos desarrollado ahora una tercera forma de ser, digital? Keystone / Martial Trezzini

En los últimos años dos cantones suizos han hecho algo con lo que quienes abogan por el activismo en otras partes del mundo solo pueden soñar: introducir nuevas protecciones constitucionales para la era de internet. ¿Qué significa el derecho a la «integridad digital»? ¿Puede este derecho extenderse más allá de Suiza?   

La era digital puede parecer un campo minado de amenazas nuevas: desde la utilización inmoral de los datos [personales], hasta las imágenes o vídeos falsificados con inteligencia artificial (deepfakes). Y cuando en internet algo va mal no siempre es fácil obtener una rectificación o reparación. Incluso en lugares relativamente bien protegidos como la Unión Europea (UE), no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios para demostrar ante un tribunal cómo se han utilizado sus datos de manera indebida. Tampoco todo el mundo sabe cómo protegerse desde un principio.   

El expresidente del Partido Pirata de Suiza (Piratenpartei Schweiz), Alexis Roussel, quiere cambiar esta situación.

«La idea de la “integridad digital” es invertir la carga de la prueba», dice Roussel, quien por primera vez propuso este concepto hace más de una década. En lugar de que los derechos digitales se basen en nuestra condición de propietarios de datos, deberían basarse en nuestra condición de personas. En cuyo caso, las reclamaciones podrían basarse en el daño que nos han causado como personas.

«Esto permitiría una visión de la sociedad digital en la que se respeta al ser humano: una sociedad digital humanista», afirma Roussel.

Revolución silenciosa

La idea parece sencilla, pero es discretamente radical. Desde los inicios de internet, siempre ha habido propuestas idealistas sobre nuevos derechos en la red: una «carta magna digitalEnlace externo» o una «declaración universal de los derechos de la mente humanaEnlace externo», por ejemplo. Pero los derechos básicos, en realidad, han seguido prácticamente sin cambios. La actitud hacia la esfera digital suele ser que «los mismos derechos que se tienen fuera de la red deben protegerse también en la red»; los esfuerzos por regularla suelen ser concretos y basados en políticas, como la Ley de Servicios DigitalesEnlace externo de la UE, o la reciente legislación californianaEnlace externo sobre el uso de la propia imagen en internet.

En Suiza, sin embargo, con la ayuda del sistema político federal y de democracia directa del país, Roussel ha conseguido desencadenar una especie de minirrevolución de los derechos digitales. Aunque el Partido Pirata nunca ha entrado en el Parlamento suizo, sí ha conseguido influir en la política del país a nivel regional, incluso a través de votaciones populares.

Las ciudadanías de Ginebra (junio de 2023) y Neuchâtel (noviembre de 2024) en los dos últimos años han votado a favor de añadir a sus constituciones cantonales la integridad digital, situándola junto a los derechos existentes de integridad física y psíquica. En ambos casos, más del 90 % del electorado estaba a favor. Algo poco habitual en las votaciones suizas. Los partidos políticos también se han mostrado prácticamente unánimes al respecto.

Ahora otros cantones —incluida la ciudad de Basilea— están interesados. En Zúrich, el Partido Pirata ha recogido más de las 6.000 firmas necesarias para realizar una votación popular. «Incluso con mi mal alemán, la gente firmaba a diestro y siniestro», cuenta Roussel, que ahora trabaja para la empresa de software de privacidad Nym.

Activistas del Partido Pirata entregando firmas en Zúrich para su iniciativa de integridad digital, agosto de 2024. Keystone / Michael Buholzer

A medida que se mueve por el país, por el camino, la integridad digital va recogiendo nuevos elementos.

Las versiones de GinebraEnlace externo y NeuchâtelEnlace externo, por ejemplo, la definen como el derecho al olvido en la red, el derecho a que no se haga un uso indebido de los datos personales y el «derecho a una vida sin conexión», que garantiza que los servicios públicos nunca sean digitales al 100 %. La versión propuesta en Zúrich va más allá: incluye los derechos a que las personas «no sean juzgadas por una máquina» y a «no ser rastreadas, medidas o analizadas».

En cuanto a lo lejos que puede llegar y qué es exactamente lo que podría terminar protegiendo, el delegado cantonal de Ginebra para la política digital, Alexander Barclay, explica que esto se aclarará con el tiempo. La integridad digital —como ocurre con otras formas de derechos humanos— evolucionará a medida que los jueces la interpreten en los tribunales, afirma Barclay, quien ha participado en la redacción de la versión de Ginebra. Por ahora, sin embargo, considera que no es malo que siga siendo un concepto un tanto abierto.  

«La tecnología y el mundo cambian muy deprisa. No es conveniente fijar una definición rígida y detallada de este concepto», apunta.

Barclay también cree que situar el derecho en el ámbito constitucional es «totalmente legítimo», aunque eso signifique que puede perder parte de la concreción de leyes o reglamentos específicos.

El estatus fundamental ayuda a situar los derechos digitales en «un nivel normativo superior», señala. Esto, en su opinión, puede provocar un cambio de mentalidad que no conseguiría una ley normal. Y en el caso de Ginebra, el término global de «integridad digital» también agrupa elementos de leyes ya vigentes en la legislación normal; incluida una directiva ya existente según la cual los servicios públicos deben estar disponibles tanto en internet como fuera de internet.

El mundo digital está al alcance de la mano, pero por ahora, la gente pasea y disfruta de un momento analógico bajo el sol junto al lago Lemán. Keystone / Martial Trezzini

¿Más simbólico que útil?

No todo el mundo muestra unanimidad sobre su necesidad.

Hay dos maneras de ver la situación, según Florence Guillaume, catedrática de Derecho de la Universidad de Neuchâtel. La primera es ver los derechos en línea como meras extensiones del derecho fundamental a la integridad física y psíquica, en cuyo caso «la integridad digital puede protegerse aplicando las leyes existentes». La segunda es ver el mundo digital como un lugar con «retos específicos» y «sus propias reglas y dinámicas, especialmente en lo que respecta a la reputación, la identidad y la protección de datos». En cuyo caso, se necesita un nuevo derecho fundamental.

Guillaume ve las cosas de esta segunda manera. Y, como tal, apoya la idea de un derecho a la integridad digital. No está tan convencido su colega Pascal Mahon. Las violaciones generales de la integridad digital, en su opinión, ya están cubiertas por el artículo 10 de la Constitución federal (el «derecho a la vida y a la libertad personal»), como declaró al periódico Neue Zürcher Zeitung.

También muestra su escepticismo el Parlamento federal de Berna. En 2023, se rechazó rotundamente una moción para modificar la Constitución suiza. La mayoría consideró que las normas legales vigentes eran suficientes. El parlamentario liberal-radical Damien Cottier argumentó que un nuevo derecho sería «más simbólico que útil». Postura que repiten las autoridades cantonales de Zúrich, que advierten que para garantizar que los servicios públicos sigan disponibles en internet y fuera de la red tendrán que crear costosas estructuras paralelas.

Un espejo del federalismo

Sea cual sea el resultado de la votación que se celebrará en Zúrich en los próximos años, la tendencia es clara. Si la integridad digital marca una «revolución», se trata de una revolución cantonal, limitada hasta ahora a las zonas urbanas más progresistas. Es probable que a escala nacional —según Guillaume— se siga «colmando las lagunas de la legislación vigente» mediante actualizaciones específicas de las leyes federales. Guillaume no prevé ningún cambio constitucional.

En este sentido, la trayectoria de la idea refleja el sistema político suizo: el federalismo da cierta autonomía a los cantones; la democracia directa significa que la ciudadanía puede decidir cómo utilizarla. Las ideas bloqueadas a nivel nacional pueden encontrar éxito a un nivel inferior.  

¿El hecho de que se limite a un puñado de cantones en un país relativamente pequeño le quita brillo a la revolución?

Podría parecerlo, pero incluso con un derecho constitucional de este tipo en solo dos cantones, en este aspecto, Suiza va «muy por delante», opina Elise Degrave, profesora de Derecho de la Universidad de Namur (Bélgica). Degrave, por su parte, quiere que la Constitución belga también incluya un derecho similar pero específico a permanecer desconectado de internet. Dada la composición del sistema político de su país, su defensa, sin embargo, se ha limitado a un artículo académico, un libroEnlace externo y una carta abiertaEnlace externo a las instituciones de la UE en Bruselas. Ella no puede poner en marcha una iniciativa popular como la del Partido Pirata de Zúrich.

En otros lugares también hay esfuerzos para introducir tales derechos. En Alemania, por ejemplo, la ONG Digital Courage está solicitando una cláusula constitucional que prohíba a la hora de recibir servicios públicos «poner a las personas en desventaja cuando no utilizan un dispositivo o plataforma digital específico». Han reunido, de momento, unas 40.000 firmas.  

También en Alemania, en su manifiesto de cara a las elecciones de febrero de 2025, el Partido Pirata incluyó un llamamientoEnlace externo a la integridad digital; pero al final obtuvo menos del 0,1 % de los votos nacionales. Su grupo hermano tuvo más éxito —al menos a nivel municipal— en la ciudad francesa de Estrasburgo. En diciembre de 2024 el Ayuntamiento aprobó una mociónEnlace externo directamente inspirada en los ejemplos suizos.

¿Son Ginebra, Neuchâtel y, potencialmente, Zúrich pioneras regionales de los derechos digitales? El activista Roussel, el experto digital Barclay y la profesora de Derecho Guillaume tienen mayor ambición y coinciden en que la idea de la integridad digital es algo que preferirían ver no solo a nivel cantonal o nacional, sino también supranacional.

Será tarea difícil conseguirlo. Pero Guillaume afirma que la idea «tiene cabida en los principales textos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos».

Editado por Benjamin von Wyl. Adaptado del inglés por Lupe Calvo / CW. Recopilación de imágenes por Vera Leysinger.