¿Importan las vidas afganas?

En Afganistán, las mujeres y las niñas, en particular, están pagando el precio de políticas fallidas. El Fondo Afgano en Ginebra debería, por fin, actuar para recapitalizar el Banco Central, escribe Norah Niland.

La rica y diversa historia cultural de Afganistán, desde la Antigüedad hasta hoy, ha marcado profundamente al país. Aunque tiene una gran cantidad de recursos sin explotar, hoy millones de sus habitantes están preocupados por la mera supervivencia. La vida, para muchos, es una batalla diaria contra el hambre y contra unos servicios esenciales degradados o inexistentes, como el agua potable, el saneamiento y la atención sanitaria. El aumento de la deuda y unos niveles profundos de pobreza convierten a Afganistán en uno de los países más pobres del mundo. Eso lleva a cuestionarnos si las vidas afganas de verdad importan a los gobiernos que han contribuido a que se produzcan esos niveles de miseria sin precedentes.

Según la autora, distintos actores han optado por castigar a la población afgana mediante una guerra económica —una estrategia de pobreza inducida— en lugar de entablar diálogo con las autoridades talibanes, que defienden sus controvertidas normas pese al rechazo internacional. Estos decretos refuerzan la interpretación que los talibanes hacen de la cultura afgana y de unas normas profundamente arraigadas que desde hace tiempo discriminan a mujeres y niñas.

La pobreza en Afganistán no es un fenómeno nuevo. Puede rastrearse, en parte, hasta casi cinco décadas de conflicto armado, incluida la economía de guerra posterior al 11-S, que agudizó las desigualdades estructurales. La ocupación liderada por Estados Unidos agravó una gobernanza débil y corrupta y alimentó la impunidad. También contribuyó al regreso de los talibanes a Kabul en agosto de 2021.

La reaparición del Emirato Islámico de Afganistán —nombre oficial de la administración talibán— desencadenó una serie de medidas punitivas por parte de Estados Unidos y sus aliados. Entre ellas, el cese inmediato del apoyo económico a Kabul, que anteriormente dependía de la financiación occidental para el 75% del gasto público. Estados Unidos bloqueó en 2021 un total de 9.100 millones de dólares (7.100 millones de francos suizos) de las reservas externas soberanas del país. Eso dejó maniatado al banco central, el Da Afghanistan Bank (DAB), asfixiando así la economía y el sistema bancario. Como señalóEnlace externo en su momento el respetado economista Dr. Shah Mehrabi, la falta de acceso del DAB a sus reservas denominadas en dólares socavaría su histórica capacidad para mantener un tipo de cambio estable y contener la inflación. En efecto, en cualquier contexto, una economía no puede funcionar de manera eficaz en ausencia de un banco central experimentado y creíble.

Ante la dramática situación de la población afgana empobrecida y en la indigencia, las Naciones Unidas organizaron un sistema para, literalmente, hacer llegar dólares en efectivo por vía aérea con el fin de apoyar los programas humanitarios. Eso también supuso un salvavidas para el DAB, que podía utilizar esos dólares estadounidenses, una vez depositados localmente, para llevar a cabo subastas periódicas de divisas destinadas a estabilizar el valor del afghani, la moneda local. Esto, a su vez, permitió realizar transacciones financieras y comercio.

Este sistema de «dólares transportados por vía aérea» está ahora en peligro debido a la drástica reducción de la financiación occidental para la acción humanitaria iniciada el año pasado y a la ausencia de apoyo al desarrollo sostenible desde 2021. Estados Unidos, que había aportadoEnlace externo «más del 40% de toda la ayuda en 2024» a Afganistán, puso fin a su asistencia de forma súbita y brutal en abril de 2025. Junto con los drásticos recortes de otros donantes como Alemania y el Reino Unido, Tom Fletcher, el máximo responsable humanitario de la ONU, señalóEnlace externo tras una visita al país el año pasado que el sector humanitario, en su conjunto, se contraería y muchas personas vulnerables morirían.

Los datosEnlace externo muestran que 21,9 millones de afganos, es decir, el 45% de la población, necesitan desesperadamente ayuda humanitaria este año. Más de un tercio de la población afgana, de 45 millones de personas, sufre actualmente niveles devastadores de hambre. El aumento vertiginoso de la inseguridad alimentaria aguda implica que «la asombrosa cifra de 3,7 millones de niños necesitará tratamiento por malnutrición», según el Programa Mundial de AlimentosEnlace externo. El cierre de más de 420 centros sanitarios durante el último año ha contribuido a un «aumento del 3 al 4% de la mortalidad infantil» y a un incremento notableEnlace externo de las muertes por maternidad.

La política del castigo colectivo

Una estridente cacofonía de condenas a las políticas represivas de los talibanes por parte de políticos, defensores de los derechos humanos y otros actores ha convertido, en la práctica, a Afganistán en un Estado paria, al tiempo que se ignora cómo las medidas que han atado de manos al DAB siguen estrangulando la economía. Esta política de castigo colectivo pasa por alto que la pobreza margina aún más a las mujeres y niñas, que soportan el peso de las restrictivas limitaciones impuestas por los talibanes, restricciones que inhiben su presencia fuera del hogar, incluido el acceso a la educación, la atención sanitaria y el empleo.

La pobreza persistente ha llevado los mecanismos tradicionales de supervivencia al límite. Las redes familiares extensas son clave en tiempos de crisis, al igual que la migración a países vecinos, las remesas, el endeudamiento y la venta de activos esenciales agrícolas y domésticos. El retorno forzoso de unos 5,4 millones de afganos procedentes principalmente de Pakistán e Irán, así como de Europa, en los últimos tiempos ha truncado el flujo de remesas y ha intensificado las dificultades económicasEnlace externo. Un informeEnlace externo de la ONU del año pasado indicaba que nueve de cada diez familias, incluidos muchos hogares encabezados por mujeres —que suelen ser los más afectados por la pobreza— recurren a prácticas perjudiciales para sobrevivir.

En septiembre de 2022, Estados Unidos transfirió 3.500 millones de dólares —la mitad de las reservas afganas bloqueadas— a un fondo recién creado para el pueblo afgano en Suiza (Fund for the Afghan PeopleEnlace externo), supuestamente en beneficio de su población. Se asumía que esto ayudaría a aliviar la crisis económica y de liquidez en Afganistán. En un primer momento, el Fondo Afgano se centró en desarrollar procedimientos internos, pero durante el último año parece haber entrado en una fase de hibernación, como indica el ritmo y el contenido de las reuniones de su consejo. Hoy en día, mis consultas sobre este asunto quedan sin respuesta, a diferencia de los primeros tiempos del Fondo. A mi juicio, parece bloqueado por consideraciones políticas más que por inercia a la hora de organizar medidas para recapitalizar el DAB, a pesar de que ello supone ignorar que los activos bloqueados son propiedad del pueblo afgano, cuya privación deliberada se traduce en tasas de mortalidad cada vez mayores.

Las tácticas de presión han marcado la toma de decisiones de Estados Unidos desde su precipitada retirada de Afganistán en 2021. Además, una serie de actores, entre ellos Suiza —que se presenta como firme defensora de los derechos humanos y expresa de forma reiterada su preocupación por el destino de las mujeres afganas—, son también cómplices de políticas inhumanas y totalmente contrarias a la noción de justicia y de humanidad compartida.

Sea cual sea la política, las vidas afganas importan. Así lo reflejan diversas iniciativas que reclaman el fin de la pobreza inducida y del sufrimiento que conlleva. Desde el principio, United Against Inhumanity (organización con la que colaboro) y otros grupos han pedidoEnlace externo el fin de la incautación arbitraria de los activos afganos y la recapitalización del DAB. Eso puede hacerse de forma gradual, mediante el desembolso de un mínimo de 150 millones de dólares mensuales bajo un marco supervisado internacionalmente. Los Estados con un historial de financiación durante la etapa posterior al 11-S también deberían invertir en programas sostenibles de desarrollo de capacidades para la población afgana, con especial atención a los medios de vida, incluidas opciones de emprendimiento para las mujeres.

Las opiniones expresadas por la autora no reflejan necesariamente las de Swissinfo.

Editado por Benjamin von Wyl. Adaptado del inglés por Carla Wolff.