La “desaparición” de los bonos AT1 del Credit Suisse podría costarle a los contribuyentes
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo (FINMA) ha sido acusada ante los tribunales de timar a los tenedores de bonos AT1 del Credit Suisse como resultado de la venta forzada de este banco a UBS. Un veredicto desfavorable podría obligar a los contribuyentes suizos a pagar una factura de miles de millones de francos.
Si lo anterior no fuera suficiente, este proceso está arrastrando por los suelos la reputación de la plaza financiera suiza, lo que podría traer consecuencias negativas para todo el sistema bancario.
El pasado 19 de marzo, FINMA generó consternación al decidir la anulación de los bonos AT1 emitidos previamente por el Credit Suisse con un valor de mercado de 17.000 millones de dólares (15.500 millones de francos suizos).
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Desde entonces, unos 2.500 tenedores de bonos repartidos en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Japón, han presentado demandas ante el Tribunal Administrativo Federal (TAF).
Los llamados Additional Tier 1 (AT1 en inglés) son instrumentos financieros de deuda creados después de la crisis bancaria del 2008 para proteger a los bancos de colapsos cuando hay tiempos financieros turbulentos.
Los reguladores, FINMA entre ellos, insisten en la importancia de que los grandes bancos realicen emisiones de estos instrumentos porque operan como amortiguadores en caso de quiebras.
Los inversores aceptan que los bonos se conviertan en acciones bancarias cuando hay problemas excepcionales, asumiendo los riesgos que esto supone. A cambio, cuando todo va bien, los AT1 les pagan intereses más altos.
Con la venta del Credit Suisse, los inversores de AT1 no obtuvieron ningún tipo de compensación, a diferencia de los accionistas formales a quienes sí les fueron ofrecidas nuevas acciones del banco, aunque a un valor ‘castigado’ (0.76 francos suizos por título).
La cancelación de los bonos AT1 decidida por FINMA revirtió las prioridades tradicionales del mercado en donde los tenedores de bonos tienen preferencia por encima de los accionistas.
Los inversores deben aceptar el riesgo
Los demandantes quieren que el tribunal declare como ilegal la cancelación de bonos y restablezca este instrumento de deuda. Si el tribunal validara esta demanda, UBS heredaría deuda adicional por 17.000 millones de dólares.
Así, un crecientemente endeudado UBS se convertiría además en la parte agraviada, aún cuando FINMA y el Departamento Federal de Finanzas (DFF) se habían comprometido a la cancelación de los AT1, como quedó consignado en el acuerdo de adquisición, explicó el profesor de derecho de la Universidad de Berna, Peter V. Kunz.
“Estoy seguro de que UBS protestará porque confió en las autoridades”, expresó Kunz a SWI swissinfo.ch. “Podría pedir a la Confederación una compensación por varios miles de millones de francos”, añadió.
Pero según FINMA, siempre fue claro que los bonos se cancelarían acogiéndose al concepto de “evento de viabilidad”, que es cuando un banco seguramente quebrará por no recibir apoyo del estado.
La ministra de Finanzas suiza, Karin Keller-Sutter, quien desempeñó un rol clave en la venta del Credit Suisse, dijo a la emisora pública suiza SRF que hay ocasiones en las que los inversores simplemente deben aceptar que hay pérdidas. “A final de cuentas, esto es el capitalismo. Aquel que asume riesgos debe ser consciente de que las cosas pueden salir mal”.
El Tribunal Administrativo Federal de Suiza ha recibido 230 demandas por inconformidades relativas a los bonos AT1 del Credit Suisse que fueron interpuestas por 2.500 inversores.
La firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan representa a alrededor de 1.000 inversores de Europa, Estados Unidos, África, Medio Oriente y Asia.
Los bancos privados, los bancos cantonales, los fondos de pensiones y “muchos” clientes particulares han visto cómo se evaporan sus inversiones, afirmó Thomas Werlen, socio director de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
El fondo de pensiones de Migros, la cadena minorista más grande de Suiza, también está entre los demandantes, y la cancelación de estos bonos le hizo perder 100 millones de francos suizos.
Algunos directivos de alto nivel del Credit Suisse se contaban también entre los querellantes porque sus bonificaciones se vieron afectadas con esta anulación de AT1, pero se sabe que fueron persuadidos de retirar sus demandas.
El bufete de abogados Pallas Partners aseguró que representa a 90 “inversores institucionales globales y administradores de activos” tenedores de bonos AT1 por 1.350 millones de dólares y también a un grupo de clientes individuales y de la llamada “banca familiar” (con fortunas de más de 100 millones de dólares) con AT1 por un total de 160 millones de dólares.
Firmas legales de Singapur y Japón preparan, asimismo, demandas contra las autoridades suizas, posiblemente mediante la activación de procedimientos de arbitraje considerados por los tratados internacionales de inversión que Suiza tiene con diversos países.
¿Adecuado y proporcionado?
El bufete de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a un millar de clientes tenedores de bonos At1 por alrededor de 5.500 millones de francos suizos, considera que la cancelación decidida por el gobierno fue injustificada porque, aun cuando el Credit Suisse se vio afectado por una corrida bancaria extraordinaria, era una empresa viable y capitalizada. Lo que a su juicio conduce a preguntarse si existió verdaderamente lo que legalmente se conoce como una evaluación de “viabilidad”, pues a su juicio el banco sí estaba en capacidad de responder.
“La pregunta es: ¿fue una medida adecuada para resolver los problemas que tenía el Credit Suisse? Yo lo refuto”, dijo Thomas Werlen, socio director de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, al periódico Finanz und Wirtschaft.
La denuncia encabezada por este bufete cobró aún más fuerza cuando salieron a la luz documentos del Credit Suisse que mostraban que el propio banco había impugnado la decisión de FINMA de cancelar los AT1.
¿A cuánto debe ascender la compensación?
Los tribunales deben determinar ahora si la decisión de cancelar los bonos AT1, respaldada por una ley de emergencia del gobierno, fue una respuesta proporcional a la crisis que vivía el Credit Suisse. Pero para Kunz, legalmente, esto se inscribe en un “área gris”.
Si el tribunal se negara a restablecer los bonos, los demandantes van a exigir una compensación argumentando que sus inversiones fueron “expropiadas” por FINMA de la misma forma que las tierras privadas son expropiadas por la fuerza para darles un uso público.
Pero el monto exacto de la compensación sería debatible dada la naturaleza volátil mostrada por los bonos AT1 en los días previos al frenético fin de semana en el que se concretó la venta del Credit Suisse. El 17 de marzo, último día en el que los AT1 fueron comerciados en el mercado de valores antes de que FINMA los cancelara, se intercambiaban por el equivalente al 40% de su valor nominal original, sumando conjuntamente 6.800 millones de dólares, en vez de 17.000 millones.
Lo cierto es que el TAF podría ordenar a FINMA, y en última instancia también a los contribuyentes suizos, indemnizar a los inversionistas de bonos AT1 agraviados. Pero no está claro qué cálculos utilizarían los jueces como referencia de compensación.
Para lograr dicha compensación, los demandantes tendrían antes que convencer a los jueces de que la ley de emergencia del gobierno, que fue la base de la venta del Credit Suisse, equivale a una expropiación. Llegar a este veredicto depende completamente de la interpretación de los jueces a cargo del caso.
Daño reputacional
Independientemente del veredicto, los grandes bancos suizos serán previsiblemente víctimas de daños colaterales incluso si el TAF rechaza las demandas de los inversores ya que los bonos AT1 son esenciales para que los bancos cumplan con sus requisitos de capitalización. Si el mercado financiero deja de confiar en los bonos emitidos por Suiza, los bancos se verán obligados a pagar tipos de interés muy altos para atraer fondos a sus instrumentos de deuda.
“Si esto se permite, ¿cómo confiar (en el futuro) en los títulos de deuda emitidos por Suiza o por el resto de Europa si los gobiernos pueden simplemente cambiar las leyes después de este hecho”, dijo David Tepper, multimillonario fundador de la compañía de inversión Appaloosa Management, al Financial Times.
Para aminorar este riesgo, tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de Inglaterra se apresuraron a declarar que ellos no cancelarían los bonos AT1 tan fácilmente como FINMA en caso de una quiebra bancaria, lo que aísla a Suiza del resto de Europa.
“Una ‘prima de incertidumbre legal en Suiza’ sería muy desafortunada porque generaría una desventaja competitiva sistemática para los bancos suizos que son más relevantes que otros pares extranjeros”, expresó Andreas Ita, socio director de la consultora de riesgos Orbit36.
Para evitar este problema, Ita consideró que los futuros bonos suizos AT1 podrían cambiar sus términos y condiciones para fortalecer la certeza que dan a los inversores. Pero refirió que esto requeriría reformas a la regulación de los mercados de capital helvéticos.
Texto adaptado del inglés por Andrea Ornelas
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