Protección de los salarios en Suiza: ¿un modelo para la UE?
Berna necesita resetear sus relaciones con la Unión Europea. Un papel importante en las negociaciones podría tener el sistema suizo de protección de salarios. Tanto los sindicatos suizos como los comunitarios se apoyan en él para ejercer presión política. Un análisis.
De momento, las conversaciones entre Berna y Bruselas están suspendidas. En Berna, el dossier de negociación sobre las relaciones con la Unión Europea (UE) se encuentra en la gaveta. Y antes de las elecciones parlamentarias de finales de octubre no se volverá a abrir.
Sin embargo, ya a partir del mes de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores Ignazio Cassis tratará de convencer a sus colegas del Gobierno para que conjuntamente decidan reanudar las negociaciones con Bruselas.
Todo el mundo quiere proteger los salarios
Mientras tanto, las líneas de fracción en Suiza discurren entre la izquierda y la derecha, porque, en el fondo, son dos los requisitos de la UE contra los cuales se opone gran parte del país. La derecha no quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea la última instancia reguladora entre Suiza y la UE. En sus discursos evoca el argumento de los “jueces foráneos”, que tampoco quiere la mayoría de los demás partidos.
La izquierda, por su parte, no quiere que los trabajadores comunitarios contribuyan a abaratar los sueldos en Suiza. Defienden el sistema suizo de protección de salarios que existe desde hace más de veinte años, una posición que comparten casi todos los partidos del arco parlamentario.
Por lo tanto, es precisamente este régimen de protección de salarios que constituye el principal escollo en las negociaciones, el núcleo innegociable de la posición helvética. Esta circunstancia se explica por el amplio consenso que hay en el país en torno a este mecanismo.
Dada la importancia de este obstáculo, que Bruselas trató de quitar del medio sin éxito a lo largo de toda la negociación, merece la pena volver sobre el asunto. Más aún si tomamos en cuenta un aspecto en el que hasta ahora apenas se ha reparado: nos referimos al hecho de que los sindicatos suizos están librando una batalla indirecta.
Una causa por la que también luchan los sindicatos europeos
La Unión Sindical Suiza (USS), que defiende la protección de los salarios en primera fila, también lucha por los sindicatos europeos. Para estos últimos, Suiza es, con sus bien compensadas medidas de protección salarial, el modelo por excelencia, incluso la punta de la lanza en su defensa de los salarios. Los sindicatos de la UE quieren lo mismo. Quieren que el modelo desarrollado en Suiza se aplique en todo el territorio comunitario. Y por esta razón es para ellos de suma importancia estratégica que la Confederación no ceda en este punto.
Luca Cirigliano es secretario general de la USS. En una mesa redonda dijo: “Nuestro socio europeo, la Confederación Europea de Sindicatos, nos pide que no cedamos de ninguna de las maneras. «Decid no, porque queremos más medidas de acompañamiento en la UE. Peligra el futuro de nuestras propias medidas complementarias en la UE si transigís.»”
Está en juego un bien mayor
Entrevistado por este medio, el portavoz de la USS, Urban Hodel, añade: “En caso de duda, la Comisión Europea siempre está del lado del mercado. Por eso tenemos que luchar con los sindicatos en toda Europa para crear un mercado único que sea beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras.”
Roland Erne, profesor de Relaciones Laborales Europeas en la Universidad Colegio Dublín, corrobora esta tesis: “Parece un conflicto entre Suiza y la UE, pero en el fondo se trata de un conflicto laboral. Y como tal, estamos automáticamente ante un conflicto de índole transnacional.”
Interrumpamos aquí el relato por un instante.
Siete años de negociaciones para alcanzar un Acuerdo Marco, que se interrumpieron en 2021. Y desde entonces se han llevado a cabo siete rondas de sondeo y más de 30 conversaciones para tratar de abarcar las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Suiza: todo ello para hallarnos ante la nada. Y luego nos dicen los que nos han indicado el camino, que todo esto no tiene nada que ver con Suiza.
Nos dicen que la línea de conflicto no discurre entre Estados, sino entre la patronal y la clase trabajadora.
Es desconcertante. Pero si hablamos con personas cercanas al mundo sindical, nos damos cuenta rápidamente que no es ninguna sorpresa, más bien lo contrario: una obviedad. Y es que la izquierda siempre ha sido transfronteriza, puesto que la “solidaridad internacional” forma parte de su ADN.
La cuestión europea como palanca para presionar
Rebekka Wyler es cosecretaria general del Partido Socialista Suizo. Hace ya diez años cuando en su tesis doctoral concluyó “que en los últimos años los sindicatos suizos han vuelto a multiplicar sus actividades internacionales”. Desde entonces, es decir, en la última década, se ha acentuado aún más esta tendencia hacia la internacionalización. La izquierda suiza, los sindicatos y el Partido socialdemócrata jamás estuvieron tan interconectados a nivel internacional como ahora, señala Wyler.
Su tesis doctoral abarca 364 páginas y lleva el título “Los sindicatos suizos y Europa”. El contenido de este texto es revelador porque se lee como una anticipación estratégica de la política europea que Suiza desarrolló a lo largo de los últimos diez años. En un lugar del libro, Wyler afirma que la “europeización de la política suiza ofreció a los sindicatos una palanca” para presionar que enseguida supieron aprovechar a principios de los años 2000 para utilizarla de manera eficaz.
Una conquista histórica
Según Wyler, las discusiones en torno a los acuerdos bilaterales entre Suiza y la UE permitieron a los sindicatos la oportunidad única para imponer, en 1999 (Acuerdos Bilaterales I) y 2004 (Acuerdos Bilaterales II), y mediante una “verdadera jugada ofensiva”, unas medidas complementarias muy amplias en materia de protección salarial, por las que habían luchado durante mucho tiempo.
Entonces, la derecha hablaba de chantaje. Para cerrar los acuerdos con la UE, el Gobierno suizo necesitaba el voto favorable de la izquierda; y “gracias a una «ventana de oportunidad», los sindicatos lograron imponer sus exigencias, para las cuales apenas hubieran conseguido una mayoría en otras circunstancias”, escribe la militante socialista especializada en temas sindicales.
Fue de este modo que se establecieron hace veinte años las bases del modelo suizo de protección salarial, lo cual supuso una gran conquista para los sindicatos suizos, que ahora defienden.
Este mecanismo de protección tiene sus orígenes en la brecha salarial que rodea Suiza. Esta brecha es tan profunda que los expertos ya están hablando de “pendiente salarial”. Actualmente, el salario medio neto en Suiza se sitúa en torno a los 6.000 francos, cuando en Alemania son 3.300 francos, en Austria, 2.700, en Francia, 2.600, y en Italia, 1.700; y todos estos países forman parte del mismo mercado único europeo.
Esto tiene consecuencias. Un yesero italiano podría trabajar en Suiza por un precio tres veces más bajo que sus competidores locales, y aun así sacaría un buen beneficio en comparación con lo que ganaría en Italia. Pero esto pondría a las empresas yeseras suizas bajo presión y las obligaría a reducir los salarios de sus empleados.
A esto se le llama dumping salarial.
Este dumping está mal visto y es injusto porque las yeserías helvéticas tienen que cargar con los costes de base suizos, que los yeseros italianos no tienen. El dumping salarial arruina de igual modo a los empresarios como a los asalariados.
Es por esta razón que tanto la patronal como los representantes de los trabajadores se pusieron de acuerdo en este punto desde el principio. Por consiguiente, los grandes adversarios políticos compartían sorprendentemente, aunque por motivos diferentes, un mismo interés vital: precios y salarios justos.
Una oportunidad para la democracia
De este modo se ofreció una oportunidad para la democracia directa en Suiza. Con frecuencia, la democracia directa obliga al Parlamento a llegar a acuerdos porque todas las formaciones pueden amenazar, en todo momento, con convocar un referéndum popular. En este caso, el resultado fue el régimen suizo de protección salarial, un mecanismo muy sofisticado, que en la práctica casi siempre ha demostrado su eficacia.
De hecho, una normativa como la del régimen suizo de protección salarial no se hubiese podido establecer en ningún otro país europeo. Ello se explica por otra singularidad de Suiza: la enorme influencia que los sindicatos ejercen sobre la política federal. “Apenas existen países en el mundo con tantos funcionarios sindicales en el Parlamento como Suiza que ejercen, simultáneamente, el cargo de secretario o que lo ejercieron en su día”, explica el profesor suizo Roland Erne que se dedica a la investigación de los movimientos sindicales internacionales en Dublín.
Pero las cosas están evolucionando, también en la Unión Europea, que ya no es la típica defensora a ultranza del mercado laboral neoliberal que ve en los trabajadores una mercancía, como se quejó, recientemente, el sindicalista Luca Cirigliano.
Revolución en la Unión Europea
El sindicalista suizo Andreas Rieger, que durante años también actuaba como miembro de la junta de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), habla incluso de “curva social”. En 2019, la UE endureció sus propias directivas sobre el desplazamiento de los trabajadores. En 2022 adaptó la directiva sobre el salario mínimo. “Se trató de un cambio de paradigma histórico”, lanza el exfuncionario de la CES. Ahora, la nueva normativa comunitaria también incluye penas convencionales, que son una conquista suiza en materia de salarios.
El Brexit es una de las razones para este cambio de rumbo en la UE. También en Gran Bretaña era muy profunda la “brecha salarial” con respecto al continente, pero no disponía de ninguna medida de acompañamiento. Esto provocó descontento y rechazo en la población, lo cual contribuyó a la salida del país de la UE. Por su parte, la Unión Europea comprendió que la falta de medidas de protección salarial puede llevar a un contribuyente neto como Reino Unido a dejar la Unión.
Para Maros Sefcovic, el responsable de las relaciones bilaterales con la Confederación en Bruselas, esta situación le abrió, en 2022, nuevas posibilidades. Cuando visitó Suiza en primavera de 2023, ofreció a los sindicatos suizos una “cláusula de no regresión” que garantizaría a Suiza mantener su actual nivel de protección salarial en el caso de que la UE decidiera moverse en esa dirección en el futuro.
No obstante, hay que relativizar lo ocurrido porque el vicepresidente de la Comisión dio esta palabra casi de pasada y sin darle mayor importancia. La tarea más complicada para Suiza es hacer que las palabras de Sefcovic se plasmen en un borrador para un acuerdo.
Mientras tanto, la UE nota la presión de sus propios sindicatos. Estos quieren copiar el grado de especificación de la solución suiza, lo cual les daría, por ejemplo, la oportunidad de establecer las reglas y controlarlas conjuntamente con la patronal. Quieren que los convenios colectivos de derecho privado se conviertan en el modelo general a expensas de las leyes estatales. Como medida disuasoria y para facilitar la acción penal, también quieren obligar a las empresas a pagar un depósito de garantía cuando crucen la frontera para ofrecer sus servicios en otro país.
Suiza y la UE, pero también los interlocutores sociales en Suiza, deben aclarar las siguientes cuestiones en materia de protección salarial:
Plazos de inscripción para controles: La UE quiere reducir el plazo de ocho a cuatro días. Los sindicatos muestran su predisposición para llegar a un pacto en esta cuestión, pero también utilizan la normativa vigente como prenda de negociación. Como recompensa, piden que la patronal haga concesiones.
Convenios colectivos: Los sindicatos quieren extender la cobertura nacional de los convenios colectivos, es decir, quieren seguir aumentando el porcentaje de asalariados sujetos a este tipo de contratos. Utilizan las negociaciones con la UE como palanca para llegar a un acuerdo en el ámbito nacional.
Depósito de garantías: En materia de derecho laboral, la UE no dispone de ningún sistema de depósito de garantías. En el caso de Suiza, sin embargo, este instrumento he dado buenos resultados. Para mantenerlo, habría que introducir un régimen de excepción. Por ejemplo, se podría establecer que solo tendrían que pagar el depósito de garantía las empresas reincidentes con condenas previas.
Gastos: La UE prevé que en materia de gastos rijan las normas del país que envía a los trabajadores y no las del país destinatario en el que se realizan los trabajos. Suiza se opone a esta propuesta, puesto que los gastos de alimentación y alojamiento son más elevados en el país alpino.
Exigen exactamente lo mismo que ya contienen las disposiciones suizas. Si consiguen sus objetivos, no será la Unión quien depare una derrota al sistema suizo de protección salarial, sino justo al revés.
Texto adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela
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