Rescate de Credit Suisse: el Parlamento suizo se queja en vano
La estrategia del Consejo Federal para hacer frente a la debacle de Credit Suisse no obtuvo la aprobación parlamentaria. Pero el voto en contra del plan de rescate no tiene consecuencias legales y ha sido prácticamente ignorado por los mercados financieros y los medios de comunicación internacionales.
El 19 de marzo, el Gobierno consiguió bajo un estado de emergencia 109 000 millones de francos suizos (122 000 millones de dólares) con los que respaldar la compra de Credit Suisse por UBS. El Parlamento no tuvo que pronunciarse sobre cómo salvar al segundo banco más grande del país.
La reciente negativa de una de las dos cámaras parlamentarias (Cámara Baja) a aprobar las garantías estatales es, por tanto, puramente simbólica. Sin embargo, supone un duro revés para el Gobierno, que ahora sabe que no cuenta con respaldo legislativo.
Durante la sesión, la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, repitió -en vano- que los ministros habían actuado de urgencia para evitar graves daños al país. «Estábamos tratando con un paciente que ya había contraído una enfermedad crónica», señaló a los parlamentarios. El actual presidente suizo, Alain Berset, también intentó restar importancia al asunto: «El fin de Credit Suisse no es el fin de Suiza», destacó.
Pero los argumentos no convencieron a los legisladores, y la Cámara Baja (Consejo Nacional) rechazó -por primera vez- las garantías estatales tras un maratoniano debate que se prolongó hasta bien entrada la madrugada del miércoles.
Alianza «antinatural»
Por su parte, la Cámara Alta (Consejo de los Estados) apoyó la estrategia del gobierno. Los senadores propusieron condiciones para la concesión de garantías financieras federales: se debería emprender una revisión de la Ley Bancaria para reducir los riesgos asociados a los grandes bancos, y el Consejo Federal debería examinar un aumento de los fondos propios de las instituciones bancarias, así como una reducción de las primas de los ejecutivos.
La mayoría de los diputados consideró insuficientes estas promesas y se negó a respaldar los préstamos por segunda vez. Una alianza «antinatural» entre el Partido Socialista (PS), los Verdes y el Partido Popular Suizo (UDC / derecha conservadora) rechazó el compromiso elaborado por la Cámara Alta.
Los socialistas y los verdes no confiaban en las promesas hechas sobre el capital propio y las primas. La UDC se opuso a cualquier garantía. Para el partido conservador, los bancos que son demasiado grandes para quebrar simplemente ya no deberían existir en Suiza.
La segunda negativa del Consejo Nacional zanjó el asunto y puso fin a la sesión extraordinaria tras dos días en lugar de los tres previstos.
Una desautorización que no traspasa fronteras
La reprimenda del Parlamento al Consejo Federal tuvo escasa repercusión fuera de las fronteras suizas. La prensa internacional sólo dio una cobertura limitada a la decisión.
Durante la sesión, algunos parlamentarios temieron que un rechazo de los préstamos desestabilizara de nuevo los mercados financieros y dañara la reputación de Suiza en el extranjero. No es éste el caso. «Las garantías financieras de la Confederación son efectivas en cualquier caso. Por tanto, esta decisión no ha tenido ningún impacto en los mercados y no hay desestabilización a la vista», afirma el economista Stéphane Garelli.
El profesor del International Institute for Management Development cree que el voto de censura del Parlamento al Gobierno no tiene impacto internacional. «Es la cocina interna de Suiza. Esta reacción política era de esperar», añade. Las cuestiones de interés mundial están en otra parte, señala el economista. «Las principales preguntas en el extranjero son si los otros 29 bancos demasiado grandes para quebrar del mundo corren el riesgo de sufrir una debacle similar a la de Credit Suisse y si es necesario introducir nuevas regulaciones para controlar estas instituciones».
«Hay que vivir con el riesgo»
De este modo, Suiza podría estar en el punto de mira cuando se debatan medidas concretas para evitar otra crisis. Por el momento, sin embargo, los parlamentarios sólo han logrado ponerse de acuerdo para que el Gobierno elabore varios informes, por ejemplo sobre posibles límites a las primas y el aumento de los requisitos de fondos propios.
Por su parte, Stéphane Garelli se muestra escéptico: «Hay que vivir con el riesgo. Se puede gestionar, pero no evitar». En su opinión, el mundo político tiene poco margen de maniobra: «Los sectores financieros evolucionan tan rápidamente, sobre todo con las nuevas tecnologías, que la reglamentación siempre va un paso por detrás. Dependemos sobre todo de la ética de trabajo de los directivos de las entidades bancarias y del control de los consejos de administración».
Adaptado del francés por Carla Wolff
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