El Gobierno letón aspira a poder ratificar el Convenio de Estambul pese a controversias
Juris Kaza
Riga, 28 oct (EFE).-La nueva coalición de Gobierno de centroizquierda en Letonia mantiene la esperanza de poder ratificar rápidamente la Convención de Estambul sobre la violencia contra las mujeres y legalizar las uniones civiles del mismo sexo, a pesar de la controversia que ambas cuestiones suscitan en el país báltico.
La primera ministra Evika Silina, de la centrista Nueva Unidad (JV), afirmó recientemente en una rueda de prensa que se trata de «tareas urgentes» que espera que se puedan completar antes de finales de año para «cumplir lo prometido».
Sin embargo, para ratificar dicho documento, que Letonia ha firmado pero no aplicado, el Gobierno de Silina se enfrenta a una opinión pública suspicaz y a dudas sobre si todos sus diputados votarán a favor, ya que la cuestión ha desatado una controversia que abarca posicionamientos radicalmente opuestos en cuestiones sobre roles de género, educación sexual y derechos LGTBI, entre otras.
Hace un mes que JV formó una coalición con los socialdemócratas Progresistas (Pro) y con la centrista Alianza de Verdes y Agricultores (ZZS), en una remodelación que envió a la oposición a la centroderechista Alianza Nacional (NA), detractora de las uniones civiles y escéptica con respecto a la Convención.
La ZZS nunca ha respaldado de forma explícita ninguna de las dos medidas, pero sus votos son necesarios, pues la coalición sólo controla 54 de los 100 escaños del Saeima o Parlamento.
Ainars Slesers, el líder de la populista-conservadora Letonia Primero (LPV), advirtió a los diputados de la ZZS que sus votantes de «valores tradicionales» no les perdonarán si apoyan la «ideología de género» y socavan el modelo de familia tradicional.
Por otro lado, la centroderechista NA argumenta que en Letonia ya existen medidas suficientes para proteger a las mujeres de la violencia y que la ratificación de la Convención de Estambul permitiría supuestamente a un grupo de expertos internacionales imponer contenidos educativos demasiado liberales.
De este modo, tratan de vincular la polémica con la reciente controversia desatada por las menciones a temas como la masturbación o la identidad de genero en unos materiales para clases de educación sexual, que llevó a la suspensión de la máxima responsable del currículum educativo en Letonia.
Una de cada cuatro mujeres
Sin embargo, de acuerdo con datos de la Oficina Central de Estadística (CSB) de Letonia, la violencia doméstica sí que es un problema serio en el país báltico y una de cada cuatro mujeres y uno de cada cinco hombres han sufrido violencia física o sexual.
Según el estudio de 2021, la forma de violencia más común en el hogar es la psicológica, experimentada por el 28,8 % de las víctimas femeninas, seguida por la física (15,4 %) y la sexual (4,4 %).
La NA también ha impulsado una moción, hasta ahora sin éxito, para retirar a Letonia de la Convención, e incluso se ha unido a su rival, el supuestamente prorruso Partido de la Harmonía a la hora de boicotear el cuórum para las votaciones sobre uniones civiles del mismo sexo.
Edmungs Cepuritis, un diputado de Pro, advirtió sin embargo de que abandonar la Convención colocaría a Letonia en el mismo grupo que Azerbaiyán, Turquía y Rusia, quien rehusó firmarla por considerar que no era compatible con sus valores o cultura.
Beate Jonite, coordinadora política del centro de crisis para mujeres «Marta», explicó a EFE que esta oenegé está tratando de desmontar los mitos que circulan en Letonia sobre la Convención de Estambul, según los cuales entraña una ideología «de género» perniciosa.
«Los detractores de la Convención están sinceramente convencidos de que tienen razón y ahí no creo que sirva ninguna explicación. No quieren y en ocasiones no son capaces de entender de qué se trata y, como consecuencia, se dedican a inflamar la sociedad», dijo a EFE.
Jonite subrayó sin embargo que otros países incluso más conservadores que Letonia, como Polonia, Serbia o Italia, han ratificado el documento sin que «haya pasado nada malo».
Sólo otros cinco países europeos quedan por aplicar el tratado elaborado en 2011 por el Consejo de Europa: Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria. EFE
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