El Gobierno luso regulará el ‘lobby’ y protegerá más a los denunciantes de corrupción

Lisboa, 20 jun (EFE).- El Gobierno de centroderecha portugués aprobó este jueves un paquete anticorrupción que regula el ‘lobby’, da más protección a los denunciantes y crea un mecanismo de pérdida de bienes incluso si no hay condena o el caso se archiva para combatir el enriquecimiento ilícito.

La llamada Agenda Anticorrupción, aprobada en Consejo de Ministros, incluye 32 medidas que tienen como foco principal «obtener mayor eficacia en la prevención, la represión y la celeridad con la que la Justicia funciona», explicó el primer ministro, Luís Montenegro, en rueda de prensa.

La idea es profundizar los instrumentos que ya existen para mejorar su eficacia, aunque también incluye algunas novedades.

Una de ellas es la regulación de la actividad de representación de intereses legítimos, conocida como ‘lobby’, que ha suscitado un «amplio consenso» entre los diferentes partidos políticos, según el Gobierno luso, que quiere que la legislación vaya en línea con la que se aplica en Europa.

Para regular esta actividad, habrá un registro de transparencia, un código de conducta con las reglas generales para las relaciones con entidades y una agenda pública que recoja todas las presencias y decisiones adoptadas.

El Ejecutivo también va a crear un nuevo mecanismo de «pérdida extensiva de bienes», que permitirá embargar activos incluso cuando no haya condena o el proceso sea archivado.

«La mejor forma de combatir el enriquecimiento ilícito es asegurar la debida pérdida de la ventaja del crimen y que se perciba que el crimen no compensa», dijo la ministra de Justicia, Rita Júdice, en la misma rueda de prensa.

Ampliarán la protección de los denunciantes y, para facilitar este tipo de quejas, se pondrá en marcha un canal para denunciar en el portal del Gobierno.

También se creará una «lista negra» de proveedores del Estado para que haya más información sobre qué entidades han corrompido a agentes públicos y por tanto está prohibida su contratación.

La agenda incluye además una ampliación de las penas de prohibición del ejercicio de funciones públicas o políticas, aunque el documento del Gobierno no especifica los plazos.

Para reforzar el «escrutinio» de las decisiones del Gobierno se seguirá su «huella» legislativa, con el registro de todas las interacciones con entidades externas y las consultas efectuadas a lo largo del proceso de elaboración de una ley, a semejanza de lo que ya existe en el Parlamento Europeo.

Las medidas anticorrupción eran una de las promesas electorales de Montenegro para las elecciones legislativas del pasado marzo, en las que la campaña estuvo marcada precisamente por este asunto.

Los comicios se adelantaron después de la dimisión del anterior primer ministro, el socialista António Costa, a raíz de una investigación de la Fiscalía lusa por supuestas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos.

Hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado pruebas contra él, no lo ha imputado ni ha dado más explicaciones.

En campaña también entró otro caso que afectaba a la formación de Montenegro, el Partido Social Demócrata (PSD), después de que el presidente de Madeira, Miguel Albuquerque, fuese declarado sospechoso formal en un caso de corrupción.

Albuquerque dimitió y se volvió a presentar a las elecciones regionales, de las que salió vencedor y fue nombrado nuevamente presidente, pero no tiene mayoría y está negociando para lograr aprobar su Programa de Gobierno. EFE

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