El instrumento del consenso
El procedimiento de consulta es uno de los elementos menos espectaculares de la política suiza, pero también uno de los más típicos y arraigados.
Eficaz a la hora de tomar el pulso al país, este instrumento forma parte de las costumbres de la política federal. Pero ahora se impone una reforma.
El procedimiento de consulta se produce antes de que concluya el debate sobre una ley en el Parlamento. Este instrumento permite a los cantones, partidos políticos y todos los medios interesados expresar su opinión durante el proceso de elaboración del proyecto legislativo.
Se trata, por consiguiente, de un elemento clave de lo que se denomina el “federalismo cooperativo”. La Cancillería Federal actualiza constantemente la lista de organizaciones que se consultan de forma sistemática.
Son una multitud de entidades que representan las diferentes facetas de la sociedad suiza. Algunas son consultadas de forma sistemática durante la elaboración de una ley. Otras sólo son contactadas cuando el proyecto en cuestión les concierne directamente.
Pero hoy es imperativo despolvorear ese instrumento. Y como es costumbre, el proyecto de ley correspondiente ha sido sometido a consulta. El Gobierno abrió el procedimiento el 22 de enero del 2003.
La Cancillería Federal solicitó la opinión de todos los cantones, los partidos políticos, los dos tribunales federales, las asociaciones que representan a las ciudades, las comunas, las regiones de montaña y todos los otros medios interesados…
La suma total es de 86 instituciones contactadas. Tres meses después de la apertura del procedimiento, la Cancillería Federal había recibido 76 respuestas.
Utilidad indiscutible
Entre los comentarios remitidos figuran propuestas para extender el procedimiento de consulta a los “foros de ciudadanos” con “discusiones populares” para los temas más importantes.
Otros círculos, en cambio, temen que la inclusión de demasiadas instituciones reste peso a las opiniones emitidas.
Pero todos coinciden en que el procedimiento de consulta es una etapa clave en el proceso legislativo y nadie cuestiona su utilidad.
La consulta no era una práctica muy extendida en los inicios de la Suiza moderna. La Constitución de 1874 otorgaba este derecho a los cantones y a otras organizaciones solamente en casos concretos.
Pero esto cambió en el transcurso de los últimos decenios, hasta tal punto que la Constitución de 1999 contiene un artículo específico dedicado al procedimiento de consulta.
Correspondía al Parlamento fijar las bases legales necesarias y traducir en una ley ese artículo que recoge la Carta Magna. Y es que hasta ahora el procedimiento de consulta se regía por decreto.
Mucho futuro por delante
La nueva ley que acaba de adoptar el Parlamento pretende simplificar el procedimiento y limitar el número de asuntos que se someten a consulta. De hecho, los procedimientos se han multiplicado en los últimos años y se han convertido en una sobrecarga para algunas organizaciones.
De ahora en adelante, las consultas se limitarán a los temas importantes y el plazo de respuesta será de tres meses. Según la urgencia o la complejidad del tema, ese plazo podrá ser reducido o ampliado en algunos casos.
En el futuro también se podrá responder a las consultas por vía electrónica. La nueva ley prevé incluso llegar progresivamente a una consulta exclusivamente electrónica, lo que permitirá ahorrar tiempo y gestiones administrativas.
Un estudio sobre los procedimientos de consulta, realizado entre 1995 y 1997, demostró que cuanto más controvertido un proyecto durante el procedimiento, más numerosas son las modificaciones durante el debate parlamentario. Pero también ocurre lo contrario, como lo demuestra la nueva ley sobre el procedimiento de consulta.
El caso es que la nueva ley no ha causado controversias y que los parlamentarios han aceptado el proyecto del gobierno casi sin enmienda alguna.
El procedimiento de consulta, arraigado en las costumbres del país, goza de un amplio consenso. Todo parece indicar que a este instrumento político, considerado como un elemento fundamental del federalismo helvético, le queda un largo futuro por delante.
swissinfo, Mariano Masserini
(Traducción: Belén Couceiro)
El procedimiento de consulta permite a los cantones, partidos políticos y diferentes grupos representativos de la sociedad (ecologistas, sindicatos, sector privado, etc.) expresar su opinión sobre un proyecto de ley.
El recurso al procedimiento de consulta se ha convertido en una práctica extendida en los últimos decenios, pero también en una sobrecarga para algunas organizaciones.
La nueva ley, entre otras cosas, quiere limitar su aplicación a los temas importantes.
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