El juicio al fiscal general español por filtrar documentos judiciales será en noviembre

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El juicio al fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, por presuntamente haber filtrado documentos judiciales contra la pareja de una figura de la oposición conservadora, tendrá lugar del 3 al 13 de noviembre, informó este viernes el Tribunal Supremo de Justicia.

Durante el proceso declararán cuarenta testigos, entre ellos fiscales, periodistas, políticos y Alberto González Amador, pareja de la presidenta conservadora de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, indicó el Supremo en una nota de prensa.

Es un nuevo revés para el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, ya que el fiscal general es nombrado a propuesta del Ejecutivo.

El Supremo indicó que procesará a García Ortiz por el delito de revelación de secretos, «por presuntamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico» del abogado del novio de Díaz Ayuso, figura destacada de la derecha y férrea crítica del Gobierno de Sánchez.

La imputación en enero de García Ortiz, en un hecho sin precedentes en la historia judicial española, se produjo tras la publicación por varios medios de comunicación de un proyecto de acuerdo de declaración de culpabilidad entre la fiscalía y González Amador.

González Amador, que a su vez será enjuiciado próximamente, es sospechoso de haber defraudado a la Hacienda española entre 2020 y 2021 al frente de su empresa, dedicada a la prestación de servicios sanitarios, y cuyos ingresos se dispararon durante la pandemia de covid-19.

El fiscal general ha defendido siempre su inocencia y se ha negado a renunciar a su cargo, pese a los llamados a hacerlo que le ha hecho insistentemente la oposición.

El juicio se realizará durante seis jornadas entre el 3 y el 13 de noviembre, detalló el Supremo, que le impuso inicialmente a García Ortiz una fianza de 150.000 euros (176.000 dólares), pero luego rebajó a la mitad, previendo posibles indemnizaciones que tenga que pagar.

Este es uno de los casos que han debilitado a Pedro Sánchez, que tiene a varias personas de su círculo cercano en la mira de la justicia.

Un juez propuso enjuiciar ante un jurado popular a la esposa de Sánchez por varios delitos, entre ellos corrupción y tráfico de influencias, mientras que su hermano menor será juzgado próximamente por su contratación en 2017 por una institución pública en una región donde gobernaban los socialistas.

«El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad (…) y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes», aseveró la semana pasada Sánchez, que en septiembre acusó a algunos jueces de estar «haciendo política».

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